La reapertura del catastro minero enciende un nuevo frente de conflicto en Ecuador. El Frente Nacional Contra el Despojo Minero rechazó la medida y lanzó una advertencia de alto impacto: el país tendría actualmente cerca de 1,8 millones de hectáreas concesionadas y, según la organización, esa superficie podría duplicarse si avanza la entrega de nuevas concesiones.
El conflicto tiene un elemento particularmente sensible: el agua. Benjamín Macas, representante del Frente, sostiene que una eventual expansión podría dirigirse principalmente hacia la Cordillera Oriental, territorio donde nacen ríos que abastecen a poblaciones, ciudades, sistemas de riego y actividades productivas del callejón interandino.
La organización anunció una campaña nacional contra la reapertura del catastro y respaldó las movilizaciones convocadas en Azuay en defensa de las fuentes hídricas.
1,8 millones de hectáreas: el dato que dispara la alarma
Macas sostiene que actualmente existen alrededor de 1,8 millones de hectáreas concesionadas para actividades mineras, concentradas principalmente en la Cordillera Occidental y la Amazonía sur.
Pero la preocupación del Frente está puesta en lo que podría venir.
Según el dirigente, la reapertura del catastro permitiría incorporar nuevos territorios y podría llevar a duplicar la superficie concesionada.
De concretarse esa proyección, el debate minero entraría en una dimensión territorial considerablemente mayor.
El Frente califica esa posibilidad como “suicida y ecocida” y reclama que cualquier decisión sobre nuevas concesiones considere primero la protección de fuentes de agua, páramos y bosques.
El agua entra al centro de la batalla minera
La preocupación no se limita al número de hectáreas.
Macas sostiene que buena parte de las nuevas concesiones podría concentrarse en la Cordillera Oriental, una región estratégica para la generación y distribución de agua.
Desde allí nacen sistemas hídricos que alimentan poblaciones del callejón interandino desde Carchi hasta Loja, además de zonas agrícolas y sistemas de riego.
Ese escenario coloca nuevamente frente a frente dos prioridades que han generado fuertes conflictos sociales en Ecuador: la expansión de la actividad minera y la protección del agua.
Para las organizaciones contrarias a la minería, abrir nuevas áreas significa aumentar la presión sobre ecosistemas estratégicos. Para el Estado, el desafío será demostrar bajo qué condiciones ambientales, técnicas y legales podrían incorporarse nuevas concesiones.
Azuay vuelve a convertirse en epicentro de la resistencia
El Frente respaldó además la convocatoria del V Río y la movilización de pueblos y ciudadanos de Azuay en defensa del agua.
La provincia ha sido durante años uno de los territorios donde el debate sobre minería y protección de fuentes hídricas ha alcanzado mayor intensidad.
La reapertura del catastro amenaza ahora con reactivar esa confrontación.
La organización anunció que el rechazo no quedará circunscrito a Azuay: prepara una campaña de alcance nacional contra la medida.
De la Cordillera Occidental a la Oriental: el temor a una nueva expansión
Según el diagnóstico presentado por Macas, gran parte de las concesiones existentes se encuentran actualmente en la Cordillera Occidental y la Amazonía sur.
La preocupación es que una nueva etapa de adjudicaciones traslade parte de la presión hacia la Cordillera Oriental.
Ese desplazamiento podría convertir la discusión sobre el catastro en un conflicto que involucre a comunidades, agricultores, organizaciones ambientales, gobiernos locales, empresas mineras y al Gobierno Nacional.
La dimensión de la disputa dependerá, sin embargo, de cuántas áreas sean efectivamente habilitadas y posteriormente concesionadas. Por ello, la advertencia de una eventual duplicación debe entenderse como la proyección realizada por el Frente, no como una decisión ya ejecutada.
Frente denuncia conflicto con comunidades en Tena
La organización también expresó solidaridad con las comunidades de Sahuata y Yachukapi, en Tena.
Macas denunció un supuesto proceso de “asedio y desplazamiento” que, según su versión, estaría relacionado con una empresa denominada Terraturismo.
La acusación corresponde al dirigente y requerirá el pronunciamiento de la empresa señalada y de las autoridades competentes para establecer las circunstancias del conflicto.
El catastro puede abrir mucho más que nuevas concesiones
La reapertura del catastro minero amenaza con convertirse en uno de los nuevos focos de tensión ambiental y política del país.
El número colocado sobre la mesa por sus opositores es enorme: 1,8 millones de hectáreas actualmente concesionadas y la advertencia de que la superficie podría llegar a duplicarse.
Pero detrás de las hectáreas existe una discusión todavía más poderosa.
¿Hasta dónde puede avanzar la minería cuando los territorios involucrados contienen fuentes de agua, páramos, bosques, comunidades y sistemas productivos?
La campaña anunciada por el Frente y las movilizaciones en Azuay muestran que la reapertura del catastro difícilmente será únicamente una decisión administrativa.
La nueva batalla por la minería en Ecuador ya tiene su principal bandera: el agua.
Fuente: Informa Ecuador
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