El caso Apagón o Progen, que investiga presuntas irregularidades alrededor de contratos eléctricos suscritos durante la crisis energética de Ecuador, podría enfrentar una nueva batalla jurídica. Juan Pablo Ortiz, abogado del exministro de Energía Antonio Goncalvez, sostuvo en radio Pichincha, que existirían fallas procesales capaces de abrir la puerta a una eventual nulidad.
La defensa apunta específicamente a una supuesta falta de notificación adecuada a directivos de una de las empresas involucradas y cuestiona lo que considera criterios diferentes aplicados a varios investigados. Ortiz también plantea una exigencia de fondo: seguir la ruta del dinero para determinar quiénes se beneficiaron y establecer las verdaderas responsabilidades.
Defensa de Goncalvez advierte posible nulidad del caso Apagón
Ortiz aseguró que durante el proceso existirían irregularidades relacionadas con las notificaciones efectuadas a directivos de la empresa involucrada.
A criterio del abogado, este problema podría tener consecuencias sobre la validez del procedimiento y eventualmente convertirse en argumento para solicitar la nulidad.
Sin embargo, una eventual nulidad no se produce automáticamente por la sola alegación de una irregularidad. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar si existió una vulneración procesal y, de ser así, establecer su alcance y consecuencias jurídicas.
El caso de Fabián Calero abre otro frente de controversia
La defensa también cuestionó las condiciones establecidas para que el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Fabián Calero, entregue su versión.
Según Ortiz, se pretende que Calero comparezca presencialmente pese a que existe una orden de prisión en su contra.
El abogado considera que esa situación podría terminar impidiendo que el exfuncionario proporcione información relevante para esclarecer cómo se tomaron las decisiones y quiénes tuvieron responsabilidad en los contratos investigados.
Ortiz cuestionó además lo que considera un trato desigual frente a otros procesados y mencionó como ejemplo el caso de Karla Saud, actualmente en España.
La referencia forma parte de los argumentos expuestos por la defensa y deberá contrastarse con las actuaciones y decisiones adoptadas por Fiscalía dentro de cada situación procesal.
¿Podía Antonio Goncalvez detener los contratos de CELEC?
Este es otro de los puntos centrales de la estrategia de defensa.
Ortiz sostiene que la acusación contra Goncalvez sería jurídicamente inviable porque, según su interpretación, el entonces ministro de Energía no tenía competencia legal ni control operativo directo para detener contratos gestionados autónomamente por CELEC.
La defensa busca así separar la responsabilidad política que podía tener un ministro al frente del sector energético de las competencias administrativas y contractuales correspondientes a una empresa pública.
Determinar hasta dónde llegaban las atribuciones de Goncalvez y qué conocimiento tuvo sobre las decisiones investigadas será uno de los elementos relevantes dentro del proceso.
Defensa cuestiona el fuero de Corte en el caso Progen
Ortiz también lanzó un cuestionamiento sobre las razones para vincular al exministro.
Según el abogado, la inclusión de Goncalvez tendría como principal objetivo mantener el denominado fuero de Corte, condición que permitiría que la investigación continúe bajo determinadas autoridades judiciales y sea dirigida por la fiscal general.
Esta afirmación corresponde a la tesis de la defensa y no constituye, por sí misma, una conclusión judicial sobre las motivaciones de la Fiscalía.
“Hay que seguir la ruta del dinero”
Más allá de las controversias procesales, Ortiz puso sobre la mesa una pregunta que considera fundamental para esclarecer el caso Apagón o Progen: ¿dónde terminó el dinero?
El abogado pidió rastrear los recursos involucrados para determinar quiénes recibieron los pagos, identificar eventuales beneficiarios y establecer responsabilidades alrededor de lo que calificó como una presunta estafa contra el Estado ecuatoriano.
Ese rastreo financiero podría convertirse en una pieza decisiva para determinar si detrás de las contrataciones investigadas existieron responsabilidades penales y quiénes participaron efectivamente en las decisiones y movimientos económicos.
Mientras la investigación continúa, la advertencia de una posible nulidad del caso Apagón abre un nuevo frente de disputa: ya no solo está bajo discusión qué ocurrió con los contratos eléctricos, sino también si el proceso seguido para determinar responsabilidades ha respetado todas las garantías legales.
Fuente: Radio Pichincha
