Sonia Vera, abogada defensora del exvicepresidente Jorge Glas, informó que este 24 de diciembre la defensa nacional recibió dos notificaciones judiciales de alta relevancia, que evidencian —según señaló— graves vulneraciones al debido proceso y a las garantías constitucionales.
La primera notificación corresponde al caso “Reconstrucción de Manabí”, en el que finalmente se entregó la sentencia escrita de una condena que fue dictada oralmente el 30 de junio de 2025. Para Vera, el retraso de casi seis meses constituye una causal de nulidad, ya que vulnera de forma directa el derecho al recurso de apelación y el derecho a la defensa, al impedir el acceso oportuno y efectivo a la motivación escrita de la decisión judicial.
La segunda notificación está relacionada con el hábeas corpus reparador y correctivo presentado el 22 de diciembre de 2025. La abogada explicó que el juez penal competente avocó conocimiento y admitió a trámite la acción, luego de que, el 23 de diciembre, la Corte Provincial de Santa Elena se declarara incompetente y remitiera el expediente para su asignación por sorteo.
El juez convocó a audiencia pública para el jueves 26 de diciembre de 2025, a las 11h00, y dispuso la comparecencia obligatoria del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la Dirección del Centro de Privación de Libertad Santa Elena N.° 1. También se notificó al centro penitenciario El Encuentro y a la Procuraduría General del Estado.
De acuerdo con Sonia Vera, el juez ordenó además la presentación “cuerpo presente” de Jorge Glas, activó la inversión de la carga probatoria —por lo que será el Estado quien deba demostrar que no existen vulneraciones— y dictó medidas cautelares inmediatas para proteger su vida, integridad física y salud.
Entre estas medidas se incluye la posibilidad de un traslado inmediato a un hospital público, en caso de existir una necesidad médica debidamente justificada, lo que obliga a una actuación urgente del Ministerio de Salud Pública.
La defensa sostiene que estas decisiones judiciales reactivan el debate nacional sobre el respeto a las garantías constitucionales, el acceso efectivo a la justicia y el uso de mecanismos de protección de derechos fundamentales dentro del sistema penal ecuatoriano. Fin
