A 16 días de haber sido publicada la ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, ya se han presentado dos demandas de inconstitucionalidad en su contra. La ley es importante para el Gobierno pues se ha calculado recaudar unos $ 600 millones para el Presupuesto General del Estado.
Hace pocos minutos, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, acudió a la Corte Constitucional, junto con el abogado Satalin Raza, para entregar los argumentos legales en contra de la Disposición Quinta relacionada con el cobro de Impuesto a la Renta de dividendos a empresas extranjeras y sobre la contribución de las empresas que facturan más de un millón de dólares.
Patricio Alarcón explicó que la ley de Simplificación, en lo que tiene que ver con los temas antes mencionados, generan inseguridad jurídica. “Estamos planteando esta demanda para que no se cobren los impuestos sobre dividendos en años anteriores”. Explicó que en el tema de dividendos, ya que se trata de un impuesto anual, lo correcto sería que se tome en cuenta lo causado en 2020 y se cobre desde el 2021. Sin embargo, el Gobierno busca cobrar lo generado en 2019, desde marzo de este año.
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