Quito, 26 dic (Sputnik).- El movimiento indígena de Ecuador fue nuevamente en 2025 uno de los grandes protagonistas del acontecer político de un país avasallado por la inseguridad, con una endeble situación económica y un presidente, Daniel Noboa, que tras ser reelegido en abril recibió un duro golpe en las urnas con el fracaso de su propuesta de reforma constitucional y enfrentó largos períodos de protestas sociales.
«En el año 2025, una vez más, el movimiento indígena ha marcado la agenda política y social del Ecuador. Por un lado, a nivel electoral se ha convertido en la tercera fuerza política, y, por otro lado, con la movilización de septiembre y octubre en contra de la agenda del ajuste y de la eliminación del subsidio al diésel, logró debilitar al Gobierno de Noboa», señaló a la Agencia Sputnik la politóloga Verónica Albuja, integrante de la coordinación nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP, izquierda).
A instancia de las elecciones presidenciales de este año, las organizaciones sociales y políticas indígenas se integraron a un bloque progresista -el MUPP- que perduró más allá del ejercicio electoral; esto se tradujo, entre otras cosas, en una convivencia relativamente armónica con los líderes izquierdistas, en base a los acuerdos alcanzados.
Estas mismas organizaciones lograron posicionar a su candidato, Leonidas Iza, en el tercer lugar de los comicios presidenciales.
Entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Iza alcanzó poco más del cinco por ciento de los votos, detrás de sus dos principales contendientes: Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda) y el propio Noboa (derecha), erigido como presidente hasta 2029.
Para Albuja, el papel del movimiento indígena, encabezado por la Conaie y el MUPP, ha sido definitorio en el proceso que llevó al Gobierno de Noboa a sufrir un notable desgaste político en 2025, a pesar de iniciar su segundo período con un alto nivel de aprobación de la ciudadanía.
DE LA EXPULSIÓN AL LIDERAZGO EN LAS CALLES
Poco después de las elecciones ordinarias para elegir al nuevo Gobierno y a los integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), la expulsión de seis legisladores del MUPP golpeó notoriamente al movimiento indígena y a quienes centraron sus esperanzas de cambio en ese partido.
La decisión se tomó luego de un proceso «disciplinario» que habría constatado un supuesto alineamiento de estos asambleístas con las posiciones del Gobierno de Noboa.
El episodio determinó que se vieran disminuidas las posibilidades de los indígenas de expresar sus reclamos por vía parlamentaria. En la primera vuelta, el 9 de febrero, el movimiento logró solo nueve curules en el Legislativo y su representación se redujo finalmente a tres.
A pesar de su opinión acerca de que los asambleístas expulsados «no respetaron las decisiones del movimiento», Albuja reconoció que esta fue una dura afectación para la representación de Pachakutik escala nacional.
Aunque disminuido, el MUPP reafirmó su agenda de lucha política desde la izquierda, y acentuó sus críticas contra el «ajuste neoliberal» del gobierno y su desacuerdo con la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde entonces, el movimiento indígena trasladó su fuerza a las calles.
Para Albuja, uno de los hitos más importantes del año tiene que ver con el paro de 31 días, con epicentro la provincia de Imbabura (norte), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decisión que los movimientos sociales atribuyen a las presiones del FMI para que se cumpla con el pago de los compromisos contraídos por el país, uno de los principales deudores del organismo.
«El paro nacional provocó el desgaste del Gobierno e instaló una fuerte crítica a la gestión en materia económica y de seguridad», anotó la politóloga.
El actual líder de la Conaie, Jaime Vargas, fue quien convocó a las manifestaciones para exigir la derogación del decreto que eliminó el subsidio al diésel y dio paso a un alza en el precio del producto, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares el galón, casi cuatro litros.
La movilización fue respaldada por varias organizaciones y sus bases, y se extendió de septiembre a octubre.
Durante ese período, el Gobierno llevó adelante una serie de medidas orientadas a presionar al movimiento indígena, con el congelamiento de cuentas bancarias de sus representantes y procesos de judicialización por presunto enriquecimiento ilícito; se radicaron 140 denuncias en la Fiscalía contra participantes en las manifestaciones.
Si bien el Gobierno no cedió ante los reclamos y respondió con toda la fuerza del Estado -dejando incluso dos fallecidos y decenas de heridos-, las protestas afectaron la imagen de Noboa y golpearon su credibilidad, justo antes de la convocatoria a las urnas para la instancia de consulta popular y referéndum promovida por el presidente.
Finalmente, tras cuatro semanas de enfrentamientos, el Gobierno fracasó en las urnas con su propósito de instalar bases militares extranjeras en el país, eliminar el financiamiento a las organizaciones políticas y reducir el parlamento unicameral de 151 a 73 integrantes, además de la iniciativa para iniciar un proceso de elaboración una nueva Constitución.
LOS PENDIENTES
Albuja afirmó que, a nivel interno, el movimiento indígena aún tiene pendiente resolver algunos problemas a nivel organizativo. En su opinión, el cambio de dirigencia nacional y el mismo paro nacional generó fuertes tensiones en el plano interno.
«Por un lado está el tema de las elecciones de la Conaie y por otro lado la movilización, que fue convocada por la organización, que tuvo mayor eco en organizaciones indígenas como la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi y algunas bases de la Conaie que respondieron desde la sierra sur, en provincias como Cañar y Loja», indicó.
Las manifestaciones también recibieron el respaldo de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, aunque hay quienes observan un bajo nivel de apoyo a la convocatoria de la Conaie por parte de estas organizaciones en comparación con las manifestaciones de 2019 y 2022.
Albuja señaló asimismo que, como nuevo presidente, Iza sigue siendo un dirigente con reconocimiento nacional, por ello durante la movilización el Gobierno temió que la provincia de Cotopaxi (norte) respondiera con una gran marcha a Quito.
«Por eso, durante las movilizaciones, Noboa trasladó la sede del Gobierno a la provincia de Cotopaxi», recordó.
El liderazgo de Iza será importante de cara a los nuevos desafíos de la organización.
Recientemente, el movimiento anunció otro frente de lucha: su exigencia para que el Gobierno no pague los 220 millones de dólares a la empresa petrolera estadounidense Chevron por la presunta afectación de un tratado bilateral de inversiones con el Estado.
«Es claro que el actual Gobierno buscará favorecer los intereses de las empresas trasnacionales. Eso es parte de su agenda política y externa, sobre todo en materia de arbitraje y defensa de los intereses de las transnacionales», lamentó la politóloga.
En este caso, la Conaie, como la cabeza del movimiento indígena, ha anunciado su respaldo a las comunidades amazónicas afectadas por la explotación petrolera de Chevron, que causó contaminación en sus tierras y fuentes de agua. La lucha, en este caso, recién comienza.
