Movimientos sociales e indígenas de Ecuador impulsarán la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada y Consentimiento en un encuentro regional amazónico a celebrarse este viernes, con lo cual esperan que los habitantes de territorios ancestrales sean tomados en cuenta por el Estado antes de la adjudicación de proyectos extractivistas.
«Este evento tiene como objetivo compartir y debatir el proyecto de ley que se presentará ante la Asamblea Nacional, asegurando la participación colectiva», dijo en su cuenta de la red social X la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El evento es denominado «Encuentro Regional Amazonía para la construcción de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada y Consentimiento».
Otra de las organizaciones que se sumó a esta iniciativa es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), en cuya sede de la provincia de Pastaza tendrá lugar la reunión.
El 8 de mayo fue entregado a la Asamblea Nacional del Ecuador (Parlamento unicameral) este proyecto para regular los procesos de consultas previas, libres e informadas de los pueblos y comunidades indígenas.
Este trámite tiene lugar tras una sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó a la Asamblea Nacional el trámite de la ley de la consulta previa, libre e informada.
El texto busca establecer procesos regulatorios sobre la convocatoria, organización, desarrollo y proclamación de resultados de las consultas.
Las consultas deben aplicarse en proyectos que puedan afectar la naturaleza, cultura o entorno en territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, de acuerdo con la Asamblea Nacional.
Según la Conaie, el derecho a la consulta previa es fundamental para garantizar la participación de las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y para proteger sus formas de vida ancestrales y su cultura.
Este año se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y miembros de comunidades del norte del país que se oponen a la llamada «consulta ambiental» impuesta por el Gobierno previo al inicio de los proyectos.
El conflicto se ha disipado temporalmente con unas medidas cautelares interpuestas por el gobierno de Sigchos, cantón de la provincia de Cotopaxi (norte), que suspendió dicha votación con la cual busca luz verde para la concesión minera destinada a una empresa canadiense.
Con información de Agencia Sputnik