La ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, encargada también de la cartera del Interior, señaló que existe una «estrategia de victimización» para que México conceda el asilo político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2012-2018).
Glas se encuentra en la sede de la misión diplomática mexicana en Quito desde el pasado 17 de diciembre y espera una respuesta a su solicitud por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
«La situación del señor Glas es muy clara: el señor está sentenciado por delitos del orden común. Efectivamente, no cabe un asilo; efectivamente, entendemos que no es un perseguido político y efectivamente hay una estrategia de victimización para que el gobierno de México conceda el asilo», afirmó la funcionaria en el programa digital ‘Vera a su manera’, con más de 51.000 seguidores en el canal de Youtube, transmitido el lunes a las 22:00 hora local (03:00 GMT).
Palencia indicó que esa es la conclusión luego de una evaluación jurídica encabezada por ella sobre la situación de Glas, por delegación del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y de la canciller, Gabriela Sommerfeld.
En una entrevista reciente, con el canal local Telerama, el presidente Noboa declaró que él no tiene «nada bueno» que decir de Glas, pero apuntó si es que existe la legalidad (de un asilo a favor del exvicepresidente), y él se ve «atado de manos» por esa misma legalidad de una decisión por parte de México, le «tocará hacerlo».
La semana pasada, en una audiencia, se le negó a Glas el pedido de continuar en el régimen de pre-libertad (con requisitos), un beneficio al cual se acogió desde fines de 2022, pero este le fue denegado.
El vicepresidente durante el segundo mandato del presidente Rafael Correa cumplió más de 5 años de prisión, que representan el 63,02 por ciento de una pena unificada en su contra, de 8 años, por los casos Sobornos 2012-2016 y Odebrecht.
Para el próximo 5 de enero está fijada una nueva audiencia de formulación de cargos contra Glas por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.
Los abogados Sonia Vera y Eduardo Franco Loor aseguraron en entrevistas con medios ecuatorianos que el exvicemandatario es un perseguido político, por lo cual su petición se fundamentó en la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas, de 1954..
Con información de Agencia Sputnik
