Tras rebasar los primeros seis meses de su corto mandato, de apenas un año y medio, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se alista para buscar su reelección para el periodo 2025-2029, con varios frentes abiertos en el ámbito de la política, como el enfrentamiento con su vicepresidenta, Verónica Abad.
«Noboa no ha dado respuestas a los recurrentes reclamos del país, a sus votantes», afirmó a la Agencia Sputnik el antropólogo ecuatoriano Luis Ernesto Guerra, al evaluar la primera etapa bajo el mandato de Noboa, electo luego que el presidente Guillermo Lasso (2021-2013) aplicara la llamada «muerte cruzada» y llamara a elecciones anticipadas.
Guerra argumentó que Ecuador está atrapado por los indicadores de inseguridad, violencia, desempleo, migración, expulsión de la niñez y la adolescencia del sistema educativo, la caída presupuestaria y el desmejoramiento de los servicios del sistema de salud pública, seguro social y educación, y atribuye esa situación a los gobiernos de Lenin Moreno (2017-2023), de Lasso e incluso al de Noboa.
El actual mandatario resaltó en su «Informe a la Nación» el pasado 24 de mayo la firma de dos acuerdos comerciales y otros dos en marcha, así como la entrega de 6.358 títulos de tierra; 1.285 títulos de vivienda, la reducción de 1.000 puntos del índice de Riesgo País.
A ello añadió la aprobación en este periodo legislativo de cinco leyes económicas urgentes, como son las leyes de eficiencia económica y generación de empleo, de competitividad energética, de extinción de dominio, de turismo y para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica.
Noboa señaló que el «Nuevo Ecuador» que se construye se resume en la recuperación de la institucionalidad del país y resaltó cifras en el ámbito de la seguridad y en lo social, en particular en lo referido al empleo, dos de los problemas más acuciantes para los ecuatorianos.
Resaltó en particular la reducción del 27 por ciento de las muertes violentas; los 151 operativos de control en las cárceles y las 129 toneladas de droga incautadas, así como la creación de 105.000 nuevos empleos en apenas 6 meses.
Ahora, el mandatario se enfoca en la lid electoral impulsado por los resultados del Referéndum y Consulta Popular del 21 de abril de este año, en el que el «Sí» promovido por el Gobierno ganó en 9 de las 11 preguntas planteadas al electorado.
Recientemente, Noboa logró inscribir su movimiento político ADN, sin alianzas, para poder participar en la contienda electoral en febrero próximo por un periodo ordinario de cuatro años.
INFORME A LA NACIÓN
El «Informe a la Nación», de 27 minutos, más de la mitad de ellos de videos para complementar la exposición del presidente, cuya veracidad cuestiona Guerra en cuanto a las cifras del empleo, los operativos de seguridad, los delincuentes sacados de las calles y las vivienda levantadas, así como la adquisición de ambulancias y el índice el Riesgo País, entre otros.
Según el politólogo, el informe presidencial fue un texto lleno de banalidad con cuatro materiales audiovisuales repletos de estadísticas descontextualizadas de la realidad, pantallas gigantes, muñecos de cartón en las calles y cifras que difieren de las reportadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).
«Fue un discurso completamente plano carente de fondo, carente de contenido, pero de una excelente estrategia comunicacional en (la red social) Tiktok mediante el algoritmo y el Big Data, para dirigirse a jóvenes millennials y centennials en los que reside la mayor cantidad del voto», señaló Guerra.
Esta semana, la Asamblea Nacional también cuestionó el contenido del Informe a la Nación, y 85 votos de los 137 legisladores votaron a favor de crear una comisión ocasional que analizará el texto y contrastará las cifras, para presentar en 30 días un informe de la evaluación.
La moción que dio paso a esta comisión fue presentada por Viviana Veloz, del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda) y actual primera vicepresidenta del Legislativo, quien cuestionó la existencia del «Plan Fénix» del Gobierno para afrontar la inseguridad y la violencia.
Veloz señaló que en el «Informe a la Nación» tampoco se pudo conocer cuál ha sido la política pública en materia de seguridad.
La legisladora puso en tela de juicio que de las más de 35.000 personas detenidas desde el inicio de este Gobierno (y también producto de la declaración de un «conflicto armado interno»), menos del 2 por ciento han sido procesadas y enfrentan procesos judiciales.
Al igual que Veloz, Guerra consideró que la reducción del riesgo país en 1.000 puntos no es la correcta, sino la cifra de 662 puntos, lo cual atribuyen al incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 15 por ciento.
Otras cifras cuestionadas están relacionadas con las respuesta del Gobierno a las familias de víctimas del sicariato, la situación de la salud pública y la construcción de viviendas, así como la omisión de asuntos claves para el país, como la crisis energética y la proyectada eliminación del subsidio a los combustibles, como la gasolina extra y la llamada ecopaís.
El analista señaló que el «Nuevo Ecuador» de Noboa no busca dar soluciones para el país, sino «por el contrario pretende seguirlo atrapando en el miedo, en el hartazgo, en la antipolítica, en una especie de guerra cognitiva orientada estratégicamente para no decir nada, pero sí trasladar la atención a lo banal, a lo superfluo, a las cifras y datas falsas, mientras la inseguridad, el narco, la violencia criminal, campean libremente».
ENCARGO DE LA PRESIDENCIA
Noboa encara además el dilema del encargo de la Presidencia a su compañera de fórmula, la vicepresidenta Abad, según lo establece la Constitución de la República de 2008.
La ley electoral ecuatoriana dictamina que en caso de convertirse en aspirante presidencial, el jefe de Estado debe dejar el cargo en el periodo de los 45 días anteriores a los comicios, a la vez que nombra como sustituto natural a quien ejerza la vicepresidencia.
Los temores sobre el encargo de la Presidencia a Abad se fundamentan en las facultades que ella tendría durante 45 días al frente del Ejecutivo, mientras Noboa esté sumido en la campaña proselitista, como derogar o firmar decretos que cambien las reglas del juego y pongan en desventaja o afecten a Noboa y su equipo.
Abad ha denunciado públicamente «abuso de poder» por parte de Noboa y persecución con el proceso judicial en contra de su hijo Sebastián Barreiro, por presunto tráfico de influencias desde la Vicepresidencia.
Actualmente, el Gobierno espera respuesta a una consulta a la Procuraduría General del Estado respecto a si Noboa tendría que solicitar licencia para irse a la campaña electoral, al argumentar que él llegó al poder para completar el periodo de mandato que debía gobernar Guillermo Lasso (2021-2023), por lo cual supuestamente no se trataría de una reelección.
Actores políticos, por su parte, cuestionan que esta consulta no se haya hecho a la Corte Constitucional, a la cual correspondería pronunciarse sobre el tema.
Para Guerra resulta demasiado aventurado emitir un pronóstico sobre las posibilidades de triunfo de Noboa en las urnas en febrero de 2025, aunque reconoció que logró la victoria en los comicios anticipados, en la segunda vuelta de noviembre pasado, «por haberse posicionado en un discurso de menor a la tradicional estructura de la política y por seguir hablando en clave de tik tok».
Mientras tanto, la administración Noboa intenta enrumbar la estrategia política para buscar la reelección presidencial poniendo énfasis en una «segunda etapa de la guerra» de su «Plan Fénix» y con el anuncio de proyectos de inversión social por valor de 1.734 millones de dólares, con prioridad en las 8 provincias donde perdió la votación en 2023.
Para el politólogo ecuatoriano, «Ecuador es viable y posible, mediante la política pública, la justicia social», pero dice que no lo ve en el discurso del «Nuevo Ecuador», el cual define como «abundante de imágenes, pero carente de fondo de metas cumplibles y de objetivos trazados para el próximo gobierno».
Con información de Agencia Sputnik
