Quito, 29 ago (Sputnik).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este viernes al Gobierno de Ecuador a respetar la independencia de la Corte Constitucional (CC), tras varias acciones en su contra luego de que suspendiera artículos de tres leyes urgentes aprobadas este año con el argumento de enfrentar amenazas a la seguridad.
«La CIDH reitera su preocupación por amenazas a la independencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Llama al Estado a garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes, de conformidad con sus deberes internacionales», señaló el organismo en un comunicado.
La instancia indicó que estas acciones tuvieron lugar luego que el 4 de agosto la CC determinó suspender de forma provisional un grupo de artículos específicos de varias legislaciones (de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional), por considerar que su vigencia podría afectar derechos humanos.
El Gobierno y el Legislativo rechazaron la decisión de la corte.
La CIDH también mencionó la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hasta la sede de la CC, realizada el 12 de agosto, en rechazo a la medida de corte, y la divulgación de sus propuestas de preguntas para la consulta popular prevista para diciembre.
Una de esas preguntas abre la posibilidad para que los jueces constitucionales sean sometidos a juicios políticos.
El organismo también señala que se hicieron alusiones sobre una presunta vinculación de la CC al crimen organizado por su decisión sobre las normativas.
«La CIDH observa, con preocupación, que las acciones y discursos de altas autoridades del Estado que acusan a la CC de aliarse con el crimen organizado constituyen ataques a la independencia judicial y podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo», indicó.
Además, alertó que esas acciones amenazan la autonomía necesaria para la administración de justicia constitucional sin interferencias y recordó al Gobierno que su deber es asegurar el desarrollo libre de la función de la CC, así como garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia.
«La separación de poderes y la independencia judicial son fundamentales en los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos. La vigencia de los derechos en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional a través del cual exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos del Ejecutivo, Legislativo y demás autoridades del Poder Público», enfatizó.
Apuntó que la propia Constitución ecuatoriana, de 2008, reconoce a la CC como el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional, con autonomía administrativa y financiera y que entre sus competencias está resolver acciones públicas de inconstitucionalidad contra las leyes.
Actualmente, la CC desarrolla audiencias para escuchar los argumentos de las organizaciones demandantes de la inconstitucionalidad de dichas leyes así como del Gobierno.
Según las denuncias presentadas por gremios y organizaciones sociales, estas leyes, aprobadas por la bancada oficialista y sus aliados en el parlamento, son lesivas a los derechos humanos y laborales. (Sputnik)
