El juez anticorrupción, Jairo García, a cargo del denominado Caso Goleada dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras la audiencia de formulación de cargos realizada este 11 de febrero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. La medida responde a la solicitud de la Fiscalía, que lo investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Decisión judicial en audiencia de formulación de cargos
Durante la diligencia, el magistrado acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y ordenó prisión preventiva no solo para Aquiles Álvarez, sino también para sus hermanos Antonio Álvarez y Xavier Álvarez, así como para otros siete procesados en la causa.
En el caso de uno de los detenidos, el juez dispuso arresto domiciliario por tratarse de un adulto mayor, en aplicación de las normas vigentes.
El Caso Goleada se ha convertido en uno de los procesos judiciales más sensibles del año, al involucrar a una autoridad electa en funciones en la ciudad de mayor peso económico del país.
Fiscalía acusa presunta delincuencia organizada
Según la acusación fiscal, existirían indicios de una estructura organizada destinada al lavado de activos y a la presunta defraudación tributaria. La formulación de cargos se sustenta, entre otros elementos, en pericias digitales, incluida la revisión de conversaciones de mensajería instantánea.
La Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos de convicción para justificar la medida cautelar de prisión preventiva, al considerar riesgos procesales.
Defensa cuestiona el origen del proceso
El abogado del alcalde, Ramiro García, cuestionó la decisión judicial y afirmó que el caso se inició a partir de una denuncia anónima. A la salida del Complejo Judicial, indicó que la investigación se sustenta “principalmente en una pericia a chats de WhatsApp”.
“Son 150.000 páginas de conversaciones coloquiales de quienes hacen parte de una empresa y de un negocio”, señaló el jurista, poniendo en duda el valor probatorio de esos documentos.
Reacciones políticas tras la decisión
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, reaccionó públicamente a través de su cuenta en la red social X, calificando la medida como un “nuevo abuso de la justicia”.
En su publicación, expresó que el país vive “horas oscuras y con nulas garantías democráticas” y llamó a organismos internacionales a vigilar lo que consideró una arbitrariedad contra una autoridad electa.
Las reacciones evidencian que el Caso Goleada trasciende el ámbito estrictamente judicial y se instala en el debate político nacional.
Un proceso con alto impacto institucional
La prisión preventiva contra un alcalde en funciones abre un nuevo escenario político y administrativo para Guayaquil. Mientras la defensa anticipa recursos legales, el proceso judicial continuará en etapa de instrucción fiscal.
El caso se suma a otros procesos recientes de alto impacto político y judicial en el país, que han generado un intenso debate sobre garantías, debido proceso y lucha contra la corrupción. FIN
