Héctor Rodríguez, Liliana Durán y Héctor Valladares cuestionan el acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. Organizaciones sociales advierten posibles afectaciones a productores agrícolas, pequeñas empresas, recursos estratégicos y soberanía nacional.

Quito, 17 de noviembre de 2026. — Los asambleístas Héctor Rodríguez, Liliana Durán y Héctor Valladares presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. La iniciativa está acompañada por cuestionamientos de organizaciones sociales, campesinas y productivas que advierten sobre posibles consecuencias para la economía nacional, el empleo y la soberanía del país.

Los sectores que respaldan la impugnación sostienen que el instrumento comercial podría favorecer a grandes operadores económicos y generar condiciones desiguales para los productores ecuatorianos. Entre sus principales preocupaciones figuran el futuro de 80.000 familias agropecuarias, la participación de 12.000 unidades productivas en las compras públicas y las disposiciones relacionadas con propiedad intelectual y servicios digitales.

Acuerdo Ecuador–Estados Unidos: ¿por qué los asambleístas acuden a la Corte Constitucional?

Los legisladores cuestionan las condiciones del acuerdo comercial y consideran que algunas de sus disposiciones podrían afectar la soberanía económica y las facultades regulatorias del Estado ecuatoriano.

En el documento de posicionamiento difundido junto con la iniciativa, organizaciones sociales y productivas sostienen que el Gobierno de Daniel Noboa estaría privilegiando intereses extranjeros por encima de las necesidades nacionales.

La demanda busca que la Corte Constitucional examine la compatibilidad del instrumento con la Constitución y, de encontrar vulneraciones, adopte las decisiones correspondientes.

Productores agrícolas advierten riesgos para 80.000 familias

Una de las principales preocupaciones se concentra en el sector agropecuario.

Las organizaciones cuestionan la posible liberalización comercial de productos como maíz, soya, lácteos y carnes, al considerar que podría aumentar la competencia de importaciones estadounidenses frente a la producción nacional.

Según sus estimaciones, 80.000 familias productoras podrían enfrentar afectaciones económicas.

El sector teme que las diferencias de escala, productividad y condiciones de financiamiento dificulten la competencia de los pequeños agricultores ecuatorianos.

Compras públicas: 12.000 unidades productivas bajo preocupación

Otro de los cuestionamientos se refiere a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

Las organizaciones advierten que las disposiciones comerciales podrían modificar las condiciones de competencia en las contrataciones públicas.

Según el documento, alrededor de 12.000 unidades productivas vinculadas al catálogo electrónico de compras públicas podrían verse expuestas a una competencia asimétrica.

La preocupación se concentra en la capacidad de los proveedores nacionales para mantener su participación en los procesos de contratación estatal.

Campo Sacha: denuncian posible impacto fiscal de USD 1.500 millones

El documento también incorpora cuestionamientos relacionados con el patrimonio petrolero ecuatoriano.

Las organizaciones denuncian una posible afectación al campo Sacha, uno de los activos estratégicos del sector hidrocarburífero, y mencionan una pérdida fiscal estimada en USD 1.500 millones.

Sostienen que esos recursos podrían destinarse a necesidades públicas, como salud y educación.

Semillas, propiedad intelectual y plataformas digitales generan controversia

Los sectores sociales también expresan preocupación por las disposiciones relacionadas con propiedad intelectual.

Según su interpretación, determinadas obligaciones podrían afectar prácticas habituales, como el intercambio de semillas nativas entre campesinos y el uso de materiales académicos.

Asimismo, cuestionan posibles consecuencias para usuarios de plataformas digitales y servicios de entretenimiento.

Otro punto de controversia es la capacidad del Estado ecuatoriano para establecer impuestos o regulaciones sobre servicios digitales de empresas extranjeras.

Las organizaciones consideran que algunas disposiciones podrían limitar la autonomía regulatoria del país y generar condiciones favorables para compañías estadounidenses.

Fuente: Asambleísta Héctor Rodríguez


Contenido elaborado con apoyo de inteligencia artificial, a partir de información proporcionada y verificada por la redacción.

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