El informático sueco Ola Bini será deportado de Ecuador y tendrá prohibido regresar al país durante 10 años, según confirmó su abogado, Carlos Soria. La decisión se produjo después de que las autoridades migratorias revocaran su visa y lo sometieran a una audiencia de deportación en Quito.
La defensa cuestionó el procedimiento y aseguró que la medida se sustentó en informes reservados relacionados con supuestas actividades que representarían una amenaza para la seguridad del Estado. Bini afirmó que ni él ni sus abogados pudieron conocer el contenido de esos documentos y denunció que la decisión se ejecutó sin esperar la resolución de un hábeas corpus presentado antes de la audiencia.
Hasta las primeras horas de este viernes no se había difundido públicamente el contenido de los informes mencionados por la defensa, por lo que no es posible establecer de manera independiente qué hechos específicos sustentaron la decisión administrativa.
¿Por qué Ecuador deportó a Ola Bini?
Bini fue retenido el jueves 1 de octubre en el norte de Quito y trasladado posteriormente a las oficinas de Migración.
Según su abogado, Carlos Soria, cuatro personas que se identificaron como agentes migratorios interceptaron al ciudadano sueco cuando realizaba compras. Una vez en las dependencias de Migración, se le informó sobre la revocatoria de su visa y posteriormente se instaló la audiencia que terminó con la orden de deportación.
Soria sostuvo que la resolución se basó en informes reservados sobre supuestos actos contra la seguridad del Estado y cuestionó que la defensa no pudiera conocer las pruebas que fundamentaron la medida.
Bini también cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que uno de los informes habría sido elaborado meses antes de su deportación.
Las afirmaciones sobre el contenido y las fechas de esos documentos corresponden a Bini y a su defensa.
Bini cuestiona que no se esperara la decisión sobre el hábeas corpus
Otro de los puntos cuestionados por la defensa es el momento en que se ejecutó la deportación.
Tras la retención del informático, sus abogados presentaron una acción de hábeas corpus. Bini aseguró posteriormente que fue deportado sin que se esperara una resolución judicial sobre ese recurso.
El ciudadano sueco fue trasladado al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, después de la audiencia migratoria.
La medida administrativa implica además que no podrá ingresar nuevamente a Ecuador durante los próximos 10 años, de acuerdo con la información proporcionada por su abogado.
¿Qué antecedentes tiene el caso Ola Bini en Ecuador?
El nombre de Ola Bini forma parte de uno de los procesos relacionados con delitos informáticos de mayor repercusión pública de los últimos años en Ecuador.
El programador, residente en el país desde 2013, fue detenido en abril de 2019 y procesado inicialmente por un presunto ataque a la integridad de sistemas informáticos. Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos por presunto acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones relacionado con infraestructura de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
En enero de 2023, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó su estado de inocencia al considerar que las pruebas presentadas no demostraban una vulneración de los sistemas informáticos de CNT.
Sin embargo, el proceso tuvo un giro en abril de 2024, cuando dos jueces de una Sala de la Corte Provincial de Pichincha aceptaron la apelación presentada por la Fiscalía, revocaron la decisión de primera instancia y declararon culpable a Bini por tentativa de acceso no consentido a un sistema informático. La sentencia estableció una pena de un año de prisión y una multa.
La defensa recurrió esa decisión y posteriormente sostuvo que la causa había prescrito y que las medidas cautelares contra el informático habían sido levantadas.
¿Qué significa la decisión para Ola Bini?
La consecuencia inmediata es que Bini debe permanecer fuera de Ecuador y enfrenta una prohibición de ingreso por 10 años.
El informático ha señalado que permanecía en el país porque lo considera su hogar y porque anteriormente había estado sometido a restricciones judiciales que le impedían salir.
Su defensa sostiene que la deportación vulneró garantías fundamentales, mientras que las informaciones disponibles señalan que las autoridades migratorias justificaron la revocatoria de su visa por consideraciones vinculadas con la seguridad del Estado.
El punto pendiente será conocer si el Gobierno hace públicos los fundamentos específicos de la resolución y cuál será el curso de las acciones legales planteadas por la defensa.
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