17 días después de la desaparición de Luis Eduardo Torres, de 10 años, el silencio del Estado contrasta con informes que documentan desde desnutrición hasta la infiltración de estructuras criminales dentro de los albergues estatales.
Han pasado 17 días desde que Luis Eduardo Torres Ojito, de 10 años, desapareció de una casa de acogida estatal en Ecuador. La última imagen que se tiene de él la registró una cámara de seguridad: aparece caminando en silencio junto a otros siete niños que, al amanecer, abandonan por la puerta principal la Casa Hogar María Campi de Yoder, en Quito. Con el paso de los días, los otros siete fueron localizados en distintos puntos del país, incluso a cientos de kilómetros de la capital. Solo falta uno. Luis Eduardo —venezolano, de cabello castaño, ojos cafés y una sonrisa amplia— sigue desaparecido.
Las autoridades no han explicado cómo ocho menores pudieron abandonar una casa de acogida sin que nadie lo impidiera, ni en qué condiciones fueron encontrados los otros niños o qué los llevó a huir del centro. Tampoco han informado qué hipótesis manejan sobre el paradero de Luis Eduardo. Este periódico solicitó una entrevista al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), responsable del sistema de acogimiento institucional, pero la cartera respondió que no tiene previsto pronunciarse sobre el caso.
Cada día sin noticias de Luis Eduardo, la incertidumbre crece. Que sobreviva solo en la calle, que haya sido captado por una red de trata o explotación, o que haya terminado bajo el control de un grupo criminal son escenarios que las autoridades no han descartado ni explicado.
Sybel Martínez, abogada especializada en derechos de la niñez, afirma que la desaparición de Luis Eduardo tampoco es un hecho excepcional. “No es la primera vez que niños o adolescentes evaden las casas de acogida”, explica. El problema, sostiene, es que muchas veces las instituciones incumplen los protocolos. “No siempre presentan de inmediato la denuncia por desaparición en la Fiscalía para activar la búsqueda. Tampoco denuncian otros delitos que ocurren dentro de estos centros. Los chicos nos hablaron de abusos sexuales y esas denuncias tampoco habían sido presentadas hasta que el caso se hizo público”, explica. Para Martínez, “sin presión y sin supervisión independiente, cualquier cosa puede estar pasando en las casas de acogida”.
En Ecuador, 1.905 niños y adolescentes viven en casas de acogida administradas o financiadas por el Estado. El 22% está concentrado en Quito. La mayoría llegó a estos centros después de sufrir negligencia (49%), violencia sexual (12,9%), maltrato físico o psicológico (12,7%) o abandono (9,9%), según el último informe de acogimiento del MIES. Sin embargo, el propio sistema evidencia profundas debilidades: más del 72% de esos menores no cuenta con un Proyecto Global de Familia, el instrumento que debe definir una ruta para restituir sus derechos y encontrar una alternativa estable de cuidado.
Lo ocurrido con Luis Eduardo y los otros siete niños que intentaron huir no tomó por sorpresa a quienes llevan años monitoreando el sistema. Las señales de alarma se habían acumulado y documentado mucho antes de su desaparición. En agosto de 2024, una adolescente se suicidó en una casa de acogida de Macas, en la Amazonía ecuatoriana. Después se registraron otros intentos de suicidio en el mismo lugar.
Las alertas continuaron. En 2025, dos adolescentes escaparon de la Casa Hogar Enrique Gallo, en Quito, para denunciar ante la Junta de Protección de Derechos los maltratos que sufrían ellos y otros 19 menores del centro. Los 21 le pidieron a Martínez que los defendiera, y así fue como ella conoció a fondo lo que está ocurriendo en el sistema de protección especial. “Hay un sistema que no está cumpliendo el fin para el que fue creado. Existen alertas documentadas, recomendaciones incumplidas y una deuda del Estado con los niños que sigue sin saldarse”, afirma.
Mas información en El País – Carolina Mella
