Quito, 7 jul (Sputnik). – Caminan por las calles llevando retratos donde se lee una pregunta: «¿Dónde está?». Son las madres, hermanas, tías que buscan a sus hijos y familiares detenidos desaparecidos en Ecuador, tras la declaración de un conflicto armado interno para combatir la violencia desatada en este país.
«A mi hermano se lo llevaron el 18 de abril de 2024, sin ningún motivo. Solo llegaron a nuestro domicilio y le enseñaron fotos de personas para que él diga dónde están y él les decía que no conocía a esas personas y lo torturaron en nuestra presencia. Le cortaron las venas, la cabeza, le metieron corriente, lo privaron y se lo llevaron en dos camionetas blancas, doble cabina sin placas y eran 16 militares con acento serrano», relató a la Agencia Sputnik G.G, familiar de Jefferson Bolaño, cuyo paradero es desconocido desde entonces.
Según G.G, todo esto ocurrió delante de su mamá, a quien golpearon por defender a su hijo y luego la sacaron de la casa y desde entonces nadie en su familia entonces tiene noticias de él.
El Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH) de Ecuador investiga 37 casos, pero se estima que la cifra podría ser mayor; de hecho, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, siglas en inglés) contabiliza 51 casos.
«Hay un subregistro pues hay mucho temor de denunciar porque las garantías de justicia y verdad son bastante demoradas y revictimizantes; también por eso muchas familias no denuncian», explicó a la Agencia Sputnik la activista Suelín Noriega, técnica de acompañamiento psicosocial a víctimas de graves vulneraciones a DDHH del CDH.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó a finales de 2025 medidas cautelares para 26 personas desaparecidas durante el estado de excepción en Ecuador y para seis mujeres buscadoras, a causa de «eventos de amenazas» y «actos de intimidación».
EL MISMO PATRÓN
Noriega señaló que desde hace unos 15 años no se reportaban desaparecidos en el país y en este periodo ha crecido exponencialmente el número de personas vistas por última vez durante su arresto por uniformados.
Tanto la activista como el CED se cuestionan que las víctimas reportadas, entre ellas niños y adolescentes, sean fundamentalmente afrodescendientes con residencia en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
S. C. relató a la Agencia Sputnik que su familiar Bruno Rodríguez fue detenido por los militares el 30 de enero de 2024, de 10:00 a 11:00 de la mañana, en el barrio San Jorge Alto de la provincia de Esmeraldas (noroeste).
Ella vio a una decena de 10 militares en una camioneta blanca, sin placas, y los interpeló sobre el paradero de su familiar, pero le apuntaron con un arma a ella y a su hija.
«En ese momento yo veo la gorra de Bruno en el piso y había sangre y entonces yo le digo ‘dónde está’ y me dice un militar: ya no, ya no, dale arranca (…) que la gente ya se está dando cuenta», contó.
Al día siguiente puso la denuncia por desaparición forzada, acompañada con un video grabado en un disco compacto, pero la investigación no avanza.
«Tuve amenazas físicas, verbales, en este momento estaba embarazada y me agarro de la de la camioneta donde se lo iban llevando y me empujan, me daban y yo agarraba y me daban para que yo me soltara y caí al piso y perdí la criatura que llevaba», relató.
N. S. tiene constancia de que su familiar Jorge Izquierdo fue retenido el 4 de diciembre de 2024 por militares en Babahoyo, provincia de Los Ríos (centro), porque iba con otras personas.
«Él estuvo acompañado por la novia y la prima de la novia. Cuando ellos se fueron a cobrar un dinero y venían bajando por el puente entre El Salto y Barreiro, ahí los interceptó un carro blanco con cuatro militares», señaló N.S. a esta agencia.
Según narró, como su familiar no les desbloqueó el teléfono, le pegaron por las costillas y otras partes del cuerpo y se lo llevaron.
N. S. asegura que algunas buscadoras han sido incluidas en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, conocido como Spavt y administrado por la Fiscalía General del Estado.
Su familiar estudiaba Telecomunicaciones en la Universidad y trabajaba en el bar de una Discoteca, pero al momento de ser detenido estaba de vacaciones.
Ahora su nombre está en un informe publicado por el movimiento global Amnistía Internacional, difundido en marzo de 2026, donde aparece un listado de personas capturadas en el contexto de operativos militares en Ecuador.
En la lista de los capturados por uniformados están incluidos Steven Medina, de 11 años; Nehemías Arboleda, de 15 años, y los hermanos Josué Arroyo, de 14 años, e Ismael Arroyo, de 15 años, residentes en el sector de Las Malvinas de la ciudad de Guayaquil (suroeste), detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla de 16 militares.
Los patrulleros fueron juzgados por desaparición forzada, mientras está pendiente otro proceso por incineración y asesinato debido a que los cadáveres de los menores fueron encontrados con signos de violencia y calcinados.
SILENCIO Y REVICTIMIZACIÓN
Suelín Noriega señaló que las mujeres buscadoras están unidas transversalmente por el hecho de que buscan a sus familiares mientras exigen respuestas del Estado, y ahora también porque han recibido amenazas para que dejen de investigar.
Observa que todo esto ocurre en medio de una invalidación social, ya que se las cuestiona que «por algo» fueron capturados sus hijos, y que quizás no eran militares sus captores, sino delincuentes vestidos de uniformes de la fuerza pública.
«Sin embargo, en casi todos hay videos y en todos son cajuelas y camionetas; son patrullas de 16 militares como también sucedió en el caso Malvinas y que hay tortura», aseveró la activista.
Noriega reflexiona respecto a la existencia de un mismo patrón de comportamiento de los militares en los operativos, con la aplicación de tortura a los detenidos, el desnudar a sus víctimas y el hecho de que residían en zonas empobrecidas y rurales.
La activista en DDHH apunta que en todos los casos prima la investigación fiscal demorada, la no desclasificación de información por parte del Ministerio de Defensa respecto a quiénes participaron en los operativos, por lo cual no se puede levantar cargos, iniciar procesos, acceder a las bitácoras o llamar a rendir versión.
«Sí, tengo mucho miedo, pero igual seguiré hasta las últimas consecuencias», aseguró G.G, para quien cada jornada de reclamos al Gobierno son desgarrantes, porque «se siente mucha impotencia de no tener respuestas».
Más recientemente, la CIDH emplazó al Estado a entregar cronogramas sobre la participación militar en estos hechos, tras señalar que esta información es «fundamental para el esclarecimiento de más de 51 casos de presunta desaparición forzada atribuidos a agentes estatales», lo cual podría marcar un giro en las investigaciones y finalmente en la búsqueda de la verdad.
