El grupo antimigración March and March exige que todos los migrantes irregulares abandonen Sudáfrica antes del 30 de junio. El Gobierno dice estar preparado ante un posible estallido de violencia.
«No permitiremos ningún intento de desestabilizar nuestro país, por parte de nadie, marchen o no», declaró el jueves 25 de junio de 2026 el presidente del país Cyril Ramaphosa.
El ministro Firoz Cachalia ya ha lanzado una advertencia a quienes estén pensando en cometer actos ilegales durante las protestas contra la inmigración del 30 de junio. Ha dicho que no se tolerará delincuencia, intimidación, violencia, destrucción de la propiedad ni ningún intento de socavar la seguridad pública.

Reacción tardía
El ministro admitió que «hemos tardado demasiado en pronunciarnos con claridad sobre este tema. No hay motivo alguno por el que alguien tenga que acudir a una manifestación con un objeto que pueda utilizarse como arma».
Las agresiones a extranjeros en Sudáfrica se han multiplicado en las últimas semanas. Las bandas ciudadanas —incitadas por partidos populistas de derecha— recorren las calles buscando a supuestos inmigrantes indocumentados, saqueando, destruyendo negocios de extranjeros o intimidándolos. En la práctica, todas las personas percibidas como inmigrantes de origen africano o asiático están en el punto de mira.
Según cifras de la Oficina de Estadística de Sudáfrica, en 1996 el 2,1 por ciento de la población de Sudáfrica era inmigrante. En 2022, el 3,9 por ciento, es decir, son unos 2,4 millones de extranjeros, con o sin documentación válida.
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