La analista en seguridad Michelle Maffei Ojeda explica que la restricción nocturna busca reducir riesgos a la población y facilitar operativos, pero no modifica la estructura del narcotráfico.
El toque de queda decretado por el Gobierno ecuatoriano en cuatro provincias del país busca facilitar operativos de seguridad contra el crimen organizado y reducir los riesgos para la población durante las horas de mayor actividad delictiva.
Sin embargo, la experta en seguridad Michelle Maffei Ojeda advierte que este tipo de medidas solo altera temporalmente algunas dinámicas operativas de las organizaciones criminales y no transforma las estructuras económicas que sostienen al narcotráfico.
Durante una entrevista concedida a Ecuavisa, la especialista explicó que el estado de excepción y las restricciones nocturnas deben entenderse como herramientas operativas y jurídicas, pero no como soluciones estructurales frente a la violencia y las economías criminales.
Alcance del toque de queda y del estado de excepción
El Gobierno decretó un toque de queda nocturno entre las 23:00 y las 05:00, vigente hasta el 31 de marzo, como parte de un estado de excepción destinado a enfrentar el incremento de la violencia en varias provincias del país.
La restricción aplica específicamente en:
- Guayas
- Los Ríos
- El Oro
- Santo Domingo de los Tsáchilas
Estas provincias concentran una parte significativa de los hechos violentos asociados al crimen organizado.
En otras provincias —como Manabí, Santa Elena, Pichincha, Esmeraldas y Sucumbíos— también rige el estado de excepción, pero sin toque de queda.
En estos territorios el decreto permite medidas extraordinarias como:
- suspensión de la inviolabilidad de domicilio
- suspensión de la inviolabilidad de correspondencia
Esto habilita a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos o revisar comunicaciones sin orden judicial previa.
Los objetivos operativos del toque de queda
Según Michelle Maffei, el Estado busca cumplir dos objetivos principales con la restricción nocturna.
El primero es reducir el riesgo de daños colaterales a la población civil, considerando que muchos enfrentamientos entre grupos criminales o operativos policiales ocurren durante la noche.
El segundo objetivo es incrementar la capacidad de decomiso de droga, aprovechando un contexto de mayor control territorial durante las horas restringidas.
La medida también podría intentar interrumpir nodos logísticos utilizados por el narcotráfico, especialmente en ciudades clave como Guayaquil.
La analista menciona, por ejemplo, corredores estratégicos como:
- Durán, considerado un punto de entrada y salida hacia Guayaquil
- zonas del noroeste de la ciudad
- sectores vinculados a la Penitenciaría del Litoral
La noche como espacio natural del crimen organizado
La experta explica que las organizaciones criminales históricamente operan con mayor intensidad durante la noche, debido a factores como:
- menor visibilidad
- menor control institucional
- mayor facilidad para mover mercancías ilícitas
Por ello, el incremento de homicidios nocturnos registrado en los últimos meses no sería necesariamente un fenómeno nuevo, sino la manifestación visible de dinámicas criminales que ya existían.
El toque de queda puede interrumpir algunas operaciones, pero las estructuras criminales suelen adaptarse rápidamente, modificando horarios o rutas logísticas.
El impacto real del toque de queda frente al narcotráfico
Desde la perspectiva de Maffei, el impacto de esta medida es limitado si no se acompaña de políticas estructurales contra las economías criminales.
Las organizaciones pueden, por ejemplo:
- mover droga en horarios distintos
- utilizar nuevas rutas logísticas
- aprovechar contactos dentro de puertos o cadenas logísticas
En el caso del comercio internacional, la contaminación de contenedores puede realizarse en momentos distintos al horario del toque de queda, lo que permitiría mantener los envíos de droga.
El estado de excepción como herramienta legal
La especialista subraya que el estado de excepción también cumple una función jurídica y administrativa, al ampliar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
Entre otras cosas, permite:
- realizar allanamientos con mayor rapidez
- ejecutar decomisos con menos restricciones administrativas
Sin embargo, Maffei recuerda que los estados de excepción no eliminan derechos fundamentales, entre ellos:
- el derecho a la vida
- el uso progresivo de la fuerza
- el debido proceso en las detenciones
Las fuerzas del orden no pueden, bajo ninguna circunstancia, realizar ejecuciones extrajudiciales, tortura o desapariciones forzadas.
El problema de medir resultados solo por decomisos
Uno de los riesgos señalados por la experta es utilizar los decomisos de droga como principal indicador de éxito en la política de seguridad.
Un aumento en las incautaciones no necesariamente significa que el narcotráfico esté disminuyendo.
En muchos casos, explica, un mayor volumen decomisado refleja que hay más droga circulando por el territorio.
El lavado de activos: el núcleo del negocio criminal
Uno de los puntos centrales de la entrevista es el lavado de activos, considerado el corazón de las economías criminales.
Según Maffei, el lavado de dinero podría representar hasta el 40 % del Producto Interno Bruto del Ecuador, es decir cerca de 48.000 millones de dólares.
Las causas de este fenómeno incluyen:
- debilidad institucional
- corrupción estructural
- falta de tecnología de control financiero
Mientras estas redes económicas no sean atacadas directamente, sostiene la experta, las organizaciones criminales seguirán reproduciendo sus operaciones.
Territorios vulnerables y economías criminales
La entrevista también menciona territorios donde la economía criminal se ha consolidado ante la ausencia del Estado.
Uno de los casos mencionados es El Pangui, en la Amazonía ecuatoriana, donde se han detectado actividades relacionadas con:
- lavado de activos
- producción de cocaína
- minería ilegal
En estas zonas se han registrado decomisos importantes de gasolina, un insumo clave para laboratorios clandestinos.
Durán: un ejemplo de gobernanza criminal
Otro ejemplo mencionado es el cantón Durán, donde estructuras delictivas controlan parte de la economía informal.
Según la experta, en ciertos sectores del cantón grupos criminales controlan servicios básicos como el suministro de agua mediante tanqueros.
Las familias pueden llegar a pagar hasta 100 dólares mensuales por el acceso al agua, recursos que terminan financiando actividades criminales.
Experiencias internacionales y riesgos de fragmentación
Maffei también advierte que experiencias internacionales de militarización de la seguridad, como en México o Colombia, no han producido resultados duraderos.
En el caso mexicano, la llamada guerra contra las drogas provocó una fragmentación de los cárteles, pasando de unas 30 organizaciones criminales a más de 300.
Esta fragmentación puede generar:
- más violencia
- nuevas alianzas criminales
- expansión de mercados ilegales.
Transparencia y control institucional
Finalmente, la experta señala que la transparencia institucional es clave para mantener la confianza ciudadana.
En el actual estado de excepción, por ejemplo, no se otorgaron salvoconductos a ciertos sectores como los medios de comunicación.
Esto puede limitar la observación independiente de los operativos y generar incertidumbre en la población.
Fuente: Ecuavisa
