No todo se trata de “vacunas” CGE. Por Alejandra Vivanco 

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En mi casa me enseñaron que la gratitud es el único sentimiento hecho virturd que no hace daño en exceso, por que hasta el amor cuando hay en demasía trae problemas. 

Es así que la Contraloría General del Estado en su institucionalidad nunca va a dejar de encontrar en mi a un “ser humano grato”. 

Se escucha de una forma alarmante en estos tiempos decir por parte de su Autoridad que, la entidad de control ha sido convertida a lo largo de los años en una “estructura criminal” que operaba al servicio de “intereses propios”; discrepo respetuosamente para quienes opinen lo contrario, trabaje en esa institución allá por el año 1997 en un inicio y estoy convencida que quienes transitaron en su vida profesional por esa institución lo hicieron con la firme convicción de transformar el sistema de control gubernamental en el país; la Constitución de la República del Ecuador le atribuye funciones y atribuciones tendientes entre otros a coadyuvar en el buen funcionamiento del sector público en general, la fiscalización de los recursos estatales y la determinación de responsabilidades, quiero hacer íncipie en la expedición de recomendaciones que permitan al sector público funcionar bajo la premisa de que el “riesgo” de sufrir fraudes desaparezca.

Por que no se ha logrado?

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La realidad es así, las nobles funciones para las que fue creada esta institución de control desde sus inicios no se han plasmado y por que sucede esto? 

Quienes hemos vivido de cerca esta realidad me podrán dar la razón, existen muchos factores, la política claro es un de ellos sin duda, la interferencia del poder estatal de turno viene de doble vía, de quienes la ejercen y de quien la permite; pero el problema va mucho mas allá, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no ha sido reformada y data del año 2002, este instrumento legal que faculta el ejercició del quehacer de sus funcionarios se ve contra puesto por las reformas y creaciones de otros cuerpos normativos como por ejemplo el Código Orgánico Administrativo, por otro lado la facultad de la Contraloría de emitir Acuerdos que regulen el proceder en las acciones de control, ha sido a lo largo del tiempo por decirlo menos incompleta, la eliminaciön de la Direcciön de Normativa Institucional ocasionó que no existan funcionarios especializados y dedicados a vigilar los fallos de las Cortes Provinciales y Corte Nacional, que sin lugar a dudas a lo largo de los últimos años daban cuenta y advertían la triste realidad que hoy vive la entidad de control de los recursos públicos. 

Las famosas “caducidades” señaladas por su autoridad se  explican bajo el siguiente contexto, en su momento se contó  con criterios expedidos por la Procuraduría General del Estado, que al inteligenciar la aplicación por ejemplo del artículo 26 de la LOCGE indicaba que la entidad de control tenía no los 180 días previstos en la Ley para aprobar informes si no que, existía un término adicional de 30 días más para su aprobación, lo que conllevo a que muchísimos informes se aprueben fuera del término previsto para tal efecto; por otro lado la carga laboral que soportan las Direcciones Nacionales encargadas del juzgamiento de las responsabilidades producto de sus exámenes especiales es abrumadora, recuerdo cuando no existiá la Dirección Nacional de Predeterminaciones y la DIRES como se la conocía, era la encargada de resolver en dos instancias; los expedientes no cabían en los escaparates y poco o nada se avanzaba a tramitar, con la desconcentración en las provincias y la delegación de funciones se pudo aminorar en algo esto, más sin embargo existió la necesidad de crear en el año 2016 la DIPRE en la matriz, con la finalidad de que los criterios sobre los cuales se establezcan responsabilidades sean uniformes y no diversos. 

Sin duda alguna las Autoridades de turno en esa institución han actuado para “servirse” y a quedado demostrado ante la Justicia, más sin embargo existián y existen funcionarios probos, capacitados con el suficiente conocimiento para aportar en el trabajo de auditoría, que dieron y dan su tiempo para lograr la excelencia. Es de entender que la Contraloría no es una entidad más y ustedes me dirán por qué? La auditoría al sector público en general no es algo que se aprende en las Universidades este se adquiere en el trabajo de campo, he criticado durante estos últimos años el que, se despidan funcionarios de carrera por una simple razón, no se puede transferir la experiencia sin contar con ella, este proceso toma su tiempo, es por esto que, voy a recordar la frase de un sabio auditor en Loja donde trabaje, que me dijo, “voy a jubilarme pero si usted no aprendió lo que en estos años vivió mi trabajo ha sido en vano”. 

La inexperiencia de los auditores la viven día a día los funcionarios públicos que se ven sujetos al control y advierten desconocimiento de quienes son sus juzgadores, esta situación los obliga a tránsitar por largos procesos judiciales, todos los que pasaron por el sector público concordaran con esta realidad penosa. 

El cambio no se va a producir jamás en la hoy llamada “nueva contraloria” si no se asume con responsabilidad los problemas graves que esta entidad sostiene hoy por hoy, es necesario que el país conozca la verdad de lo que ha sucedido a lo largo de estos años si, pero que esa verdad se acompañe de evaluaciones serias que contengan pruebas irrefutables de lo que se dice.

Si “existieron vacunas” que se castigue con todo el rigor de la Ley a quienes lo hicieron, si los servidores públicos de la CGE deshonraron su función que se demuestre, que el país conozca los nombres de esos malos funcionarios, pero que jamás se “tache” y se generalice al servidor público. 

Alejandra Vivanco Carrión

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