La tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) es el indicador de salud más violento de todos pues es producto del subdesarrollo, la indiferencia, la inequidad y la pobreza social. Sume ahora la corrupción, la ineptitud, la demagogia y lo más grave el maquillaje de cifras. Una de las consecuencias más brutales de la DCI es el daño cognitivo (mental) permanente e irreversible en niños menores de dos años. Pues de 100 niños que entran a la escuela alrededor de 35 terminan la secundaria y más de la mitad no puede resolver una operación matemática simple ni comprender un texto no muy complejo.
El cerebro pesa al nacer 35 gramos (6 monedas de un dólar). Al año de edad se dispara a casi un kilo de peso (150 monedas de un dólar). De adulto el cerebro pesa 1 kilo 200 gramos (200 monedas de un dólar). El crecimiento gigantesco lo hace durante el primer año de vida, el 50% de ese desarrollo depende de varios determinantes como una buena alimentación y el otro 50% de una buena estimulación. Pasado ese tiempo nada los puede salvar.
A junio 2023 según el INEC, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 27,0% y la pobreza extrema en 10,8%. En el área urbana la pobreza llegó al 18,0% y la pobreza extrema a 5,2%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 46,4% y la pobreza extrema el 22,6%. No es casual que las zonas con mayor prevalencia de DCI son poblaciones indígenas de Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Cañar y la costa campesina montubia de Santa Elena.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI 2022-2023) que limita su temática a suplementos, controles del “niño sano”, agua y un bono, que fueron presentados pomposamente por una caterva de funcionarios gubernamentales con sobrepeso, que hacían malabarismos con estadísticas de dudosa interpretación y de justificaciones absurdas, muestran la inconsistencia de los datos oficiales y deja en evidencia a sujetos que no evalúan los efectos político-estratégicos de la manipulación estadística. Con esta maniobra “intervencionista” de un Gobierno moribundo, fatuo y transitorio se pretende construir un relato épico favorable ante una mediocre gestión, sacrificando nada menos que el futuro de los niños. Pobreza, desnutrición y muertes imperdonables.
En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2018) que tampoco fue un dechado de virtudes pero por lo menos pretendía desarrollar patrones de estudio más amplios, 23 de cada 100 –niños y niñas- antes de los 5 años de vida y 27 de cada 100 infantes menores de 2 años sufrían desnutrición crónica infantil. Un total de aproximadamente 600.000 niños y niñas en los que no hubo ninguna intervención, desperdiciando la tan cacareada ventana de oportunidad de los 1000 primeros días de vida que va desde la gestación hasta los dos años de edad.
Al iniciar su mandato el millonario presidente saliente se comprometió a reducir en 6 puntos porcentuales (hasta 2025) la desnutrición crónica infantil en Ecuador. La semana anterior dijo: “Hoy 20 mil niños menores de dos años y 60 mil menores de cinco años están a salvo de la Desnutrición Crónica Infantil, el legado de mi Gobierno es la reducción de 3,5 puntos la DCI en el Ecuador”. Inmediatamente el Secretario Técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil (que en su Currículo pone que ha sido “director del sector servicios: restaurantes y paquetes para eventos”) corrigió al despistado para peor, asegurando que: “son 20 mil niños menores de dos años que ya no tienen desnutrición crónica, pero son 60 mil niños menores de cinco años, entre los que están incluidos los 20 mil menores de dos años (¿), durante el período 2021-2023 se mejoró la cobertura de controles de niño sano con 1580 atenciones y el bono infancia futuro con 62 mil beneficiarios” (sic). Antes había dicho que “esperaba datos del Censo para tener información actualizada sobre DCI”. Cualquier cosa.
¿Son 80, 60, 40, 20 mil niños? ¿Cuántas atenciones dieron? ¿Devolvieron esos niños a su ambiente hostil? ¿Con qué pruebas aseguran que 20 mil u 80 mil niños “ya no tienen” desnutrición crónica? ¿En qué mismo se gastarán 650 millones de dólares?
Conclusión: forzados para justificar su inoperancia tuvieron según ellos que: “reestimar el índice de DCI del INEC, pues hasta el 5 de septiembre de 2023 se sostenía que la desnutrición crónica en menores de cinco años al 2018 era del 23% y en menores de dos años era del 27,2%, hoy esas cifras las hemos corregido ya que el correcto cálculo en el 2018 debió ser del 21,7% y 23.6% respectivamente” (textual). Traducido: para que me cuadre la -supuesta- reducción de 3.5% tengo que sostener que durante el Gobierno de Moreno las tasas de DCI no han sido tan altas y es mucho más fácil bajar 3,5 puntos de tasas “reestimadas” bajas, para que no se note mucho la manipulación estadística. Regla de 3 simple: si ofrecí bajar 6 puntos en 4 años, en 2 años hay que decir que disminuí 3,5 puntos y arreglado, cuando en realidad no hubo disminución real sino “reestimación”.
Pero Alan Guanoluisa, Karina Simbaña, Carlos Tenelema, y otros cientos de chiquitos escondidos de las estadísticas se nos siguen muriendo de hambre.
La observación de uno solo de esos rostros sucios y demacrados de niños sin edad, sin infancia, de mil carencias es el estandarte del escándalo ético del que los ecuatorianos nos debemos más rebeldía, dolor y bronca organizada.
La tragedia de los datos no debe deshumanizar cada muerte por desnutrición en el país del trigo.
Otro Ecuador es posible
Nos lo merecemos
Por Pablo Izquierdo Pinos