Las elecciones federales en México de 2024, tendrán lugar el 2 de junio. En dicho evento se elegirá Presidente de la República para el período de seis años, sin posibilidad de reelección.
Las dos mujeres que cuentan con el apoyo de las principales fuerzas políticas para que puedan ejercer la Jefatura del Estado son: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
Claudia Sheinbaum, cuenta con el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional-MORENA-, Partido de izquierda, del que forma parte el actual Presidente, Andrés López Obrador.
Xóchitl Gálvez, fue elegida por la Alianza Opositora conformada por el Partido Acción Nacional, de derecha –PAN-, el Partido de la Revolución Democrática –PRD- y el Partido Revolucionario Institucional –PRI-, partido que gobernó México por más de 70 años.
Oportuno destacar que el ex Canciller Marcelo Ebrard, personaje que se demostró inconforme con los resultados, afirmó: “estaré en la boleta el 2024”, actitud que pone en peligro la unidad del frente progresista. Es de esperar que Ebrard rectifique su conducta.
Es fundamental puntualizar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con más del 65% del apoyo del pueblo mexicano, por tanto, su respaldo a la candidata Sheinbaum, puede ser decisivo.
En mi artículo “MEXICO: QUE HACER EL 2020”, de 29 de diciembre de 2019, publicado en las páginas 110 y 111 de mi libro “El imperio del delito – de los indignados de ayer a los enardecidos de hoy”, afirmé “que López Obrador triunfaría y que los partidos políticos tradicionales, serían derrotados”.
Hoy, por los méritos que acompañan a la candidata Claudia Sheinbaum, estoy seguro que, en la mentada contienda electoral, conseguirá el respaldo mayoritario del noble pueblo mexicano.
La Jefa de Estado, tendrá como desafío, garantizar la democracia imperante e introducir los cambios fundamentales que permitan erradicar la pobreza y garantizar la salud y la seguridad ciudadana. Además, implementar las normas que posibiliten impedir la corrupción, tan común en América Latina.
La nueva Presidenta, se verá obligada a coordinar con los países de América las políticas que impidan la migración indiscriminada en todos estos territorios. Como ejemplo, se puede enumerar lo siguiente:
América Latina y El Caribe, viven una de las mayores y complejas crisis de migración infantil, con cantidad de niños que cruzan por sus principales puestos de tránsito.
Desde el primero de enero de 2023, pasaron de manera irregular cerca de 300.000 migrantes por Honduras con el fin de llegar a Estados Unidos.
Del 30 de julio del mismo año, ingresaron a Panamá, procedentes de Colombia, alrededor de 280.000 migrantes, con destino a Estados Unidos.
El Gobierno Panameño resolvió restringir la migración por la selva del Darién, jungla tenebrosa, en que han fallecido muchas personas. Por Darién han transitado venezolanos, peruanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades.
Para abordar el penoso tema, fundamental destacar que, en América Latina y El Caribe, se vive una verdadera tragedia, por la migración ilegal que, a pesar de los logros alcanzados en materia de regularización de migrantes, es imposible atender a los muchos requerimientos médicos, educativos y de empleo.
En Estado Unidos de Norteamérica, se puede puntualizar lo que ocurre en Chicago, Massachusetts y Nueva York:
En Massachusetts, la Gobernadora declaró estado de emergencia y dispuso ayudar a los migrantes en refugios y hoteles y pidió la ayuda de la Guardia Nacional. En Nueva York, la Gobernadora pidió al gobierno “contener la ola de migrantes” y solicitó se acelere el trámite procesal con el cual los migrantes puedan trabajar.
Lo albergues de la ciudad de Nueva York, los centros recreativos, gimnasios escolares, estacionamientos y hoteles se han adaptado para dar alojamiento. Pero todo está por colapsar. En las últimas semanas decenas de personas, en su mayoría africanos, venezolanos y ecuatorianos duermen en las calles del centro de Manhattan, obligando a su Alcalde a pedir ayuda al gobierno federal.
Por lo expuesto, formulo votos por que los gobiernos de la región adopten las medidas que impidan que los traficantes de personas sigan manipulando y extorsionando a los ciudadanos para sus protervos fines. Además, fundamental que los gobiernos proporcionen a sus pueblos, las facilidades necesarias que hagan atractiva su vida en las sociedades a las que pertenecen.
No es por demás subrayar que, por segunda ocasión, miles de ecuatorianos se han visto obligados a dejar el país por la grave situación económica y de seguridad en que se desenvuelve la sociedad. La primera ocasión a la que hago referencia, fue en el período comprendido de 1998 al 2000, tiempo en el cual se confiscó el dinero de los habitantes del país al margen de la Constitución y de la Ley.
Por Fernando Borja Gallegos
