Tenemos elecciones anticipadas, Lasso se va, pero nos queda una Corte Constitucional mas «trujillana» que nunca | Por Ernesto Pazmiño

Foto: Archivo
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Nada nos anticipó al escenario de incertidumbre política, jurídica e institucional que provocó la decisión (sin duda audaz) irresponsable del presidente Guillermo Lasso, al activar el mecanismo conocido como “muerte cruzada” establecido en el art. 148 de la Constitución de la República del Ecuador, con el que se DISUELVE la Asamblea Nacional y se anticipan las elecciones tanto de presidente y vicepresidente como de representantes a la Asamblea Nacional, precisamente en momentos en los que la Asamblea Nacional, por intermedio del bloque de UNES, llevaba a cabo el proceso constitucional de juicio político en contra del primer mandatario.

El momento político sin duda ya era de incertidumbre frente al resultado del proceso de enjuiciamiento político, pues mientras era sustanciado en el parlamento, se desarrollaba en paralelo un escenario de denuncias de muchos sectores que señalaban al ejecutivo como el artífice de una dinámica de “compra de conciencias” y reparto de cargos e instituciones estatales, para asegurar adhesiones “firmes” al momento de la votación para la censura y destitución de Guillermo Lasso Mendoza, y que al parecer no fueron suficientes, pues la única conclusión a la que se pudo llegar, fue que no logró alcanzar los votos necesarios para salvarse y optó por la vía de la “muerte cruzada” de manera claramente desesperada. 

Sin duda el procedimiento de juicio político estuvo caracterizado por la polarización (natural por ser un proceso que tiene lugar luego de 90 años de vida democrática) en el que sus diversos actores jugaron un papel fundamental en el desarrollo parlamentario de este mecanismo inédito que, si bien se encuentra contemplado en la Constitución de la República, no había sido activado desde la facultad del ejecutivo y mucho menos en la forma como se lo hizo y para conseguir los efectos que obtuvo.

Debemos entender a la responsabilidad política como el deber de respuesta que tienen los funcionarios públicos electos popularmente, que han distraído su obligación de buena adminsitración de lo público poniendo en riesgo la confianza ciudadana en la buena gestión de su mandatario, de lo que se deriva una obligación fiscalizadora a cargo de un ente de naturalesza parlamentaria. El control de la responsabilidad política de mandatarios, ha sido previsto institucionalmente bajo la figura normativa de juicio político.

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  Así, el juicio político se convierte en una herramienta eficaz para detener excesos cometidos por funcionarios de elección democrática que arriesgan la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad del Estado.  Precisamente, uno de los grandes logros del Estado de Derecho dentro del nuevo paradigma desarrollado por el constituyente de Montecristi, es la incorporación del diseño de poderes del Estado que ejercen controles mutuos “checks and balances” (principio de Pesos y contra pesos)   lo que hace posible el fortalecimiento de un régimen democrático. 

El denominado “control político” es la fiscalización que precautela la debida actucación de los políticos eléctos, más no una amenaza en el ejercicio de su cargo. Contrariamente, la ausencia de un control de este tipo pondría en riesgo los límites que deben tener quienes ejercen un poder cedido por el soberano, permitiéndoles amplias facultades orientadas al totalitarismo que el derecho, por escencia, limíta.

Es así que, de lo acontecido en el Ecuador con la activación por parte de Lasso del mecanismo de “muerte cruzada”, y una mediocre valoración del problema jurídico por parte de la Corte Constitucional, me atrevo a afirmar que nos encontramos frente a una ruptura conceptual, doctrinaria, jurisprudencial, formal y material del principio de “Check and balance” “golpeando al republicanismo de muerte”.

Ahora bien, bajo la tesis de “los hechos consumados”, estamos ya en un proceso de elecciones, las mismas que están en marcha, pues así lo determinó ya el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 741 de “Muerte Cruzada”. Sin lugar a dudas las elecciones anticipadas resultan la salida democrática por excelencia a la crisis que vive el Ecuador, ya que permite materializar los principios, garantías y derechos fundamentales de soberanía popular, mediante el voto ciudadano como la mayor expresión de la legitimidad democrática en un Estado de Derechos y Justicia. En efecto, es lo que el Ecuador necesita en estos momentos ¡ 

Sin embargo, gracias a la Corte Constitucional del Ecuador, desde el 18 de mayo de 2023, cuando rechazó a trámite 6 acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 741 de “muerte cruzada”, al puro estilo del Trujillato, ha sentado un precedente nefasto e irresponsable en el que cualquier presidenta o presidente en lo futuro pueda, de manera discrecional, sin fundamento ni razonamiento alguno y, lo peor sin control constitucional posterior, aplicar la “muerte cruzada” rompiendo la delgada línea entre el equilibrio de poderes, constitucional y democrático y un híper presidencialismo autoritario que someterá al chantaje a la Función Legislativa.

En ese orden de ideas y para comprender lo que sostengo, es preciso explicar doctrinariamente lo sucedido:

La naturaleza del mecanismo conocido como “muerte cruzada” desde el ejecutivo, establecido en el Art. 148 de la Constitución de la República, no puede ser desnaturalizada como una válvula de escape para evitar el enjuiciamiento político del primer mandatario, mucho menos si la causal alegada carece de motivación, lo que consecuentemente conlleva a que el decreto ejecutivo No. 741 mantenga la deficiencia motivacional de apariencia con el vicio de incongruencia que se adecua a un hecho inconstitucional. 

La incongruencia formal y material se aprecia a partir de la incompatibilidad de los argumentos que pretenden justificar el Decreto (grave crisis política y conmoción interna) con los hechos del problema jurídico. 

El presidente el día anterior a emitir su Decreto Ejecutivo, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, durante su corta intervención, pretendió desestimar la acusación constitucional bajo la premisa de “estabilidad” social, política y económica, mientras que el Decreto se sustenta en base a la causal de GRAVE CRISIS POLÍTICA Y CONMOCIÓN INTERNA, lo cual se adecua a la incongruencia formal, pero sobre todo se aleja de las directrices jurisprudenciales de la propia Corte respecto de los elementos constitutivos de dicha causal, es decir: 

“a) Real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atente gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. b) que los hechos que configuran una situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Estos hechos, de manera frecuente, suelen ser reportados en medios

Aquello no se ha cumplido en el examen mínimo de motivación del Decreto Ejecutivo 741 por ende, la Corte Constitucional, en el control posterior de constitucionalidad debía realizar el análisis de fondo que habría conllevado a la declaratoria de inconstitucionalidad, pero sobre todo habría sentado jurisprudencia sobre los límites procedimentales de la “muerte cruzada”, para que no se desnaturalice su objeto y que cualquier presidente la active como válvula de escape para evadir un Juicio Político legítimo. 

Por el contrario, la Corte “TRUJILLANA”, se LAVÓ LAS MANOS de manera irresponsable, ya que, en sus autos de RECHAZO a trámite de las acciones de inconstitucionalidad planteadas, alega que “no se encuentra habilitada para realizar control constitucional de la causal de grave crisis política y conmoción interna”, dejando así abierta la posibilidad discrecional para que actos del poder público estén exentos de dicho control.

Así, la propia Corte Constitucional del Ecuador, “máximo órgano de control, justicia e interpretación constitucional”, se hizo de la vista gorda de su propio dictamen 1-23-DJ/23 donde estableció que el juicio político es la máxima expresión del ejercicio de fiscalización y control político de la Asamblea, ya que, como hemos evidenciado, permitió que el presidente Guillermo Lasso entorpezca ese ejercicio, activando otro mecanismo como es la “muerte cruzada”, con lo que desnaturalizó ambos mecanismos. 

En definitiva, ya estamos en elecciones anticipadas, las primeras de la historia republicana, ahora le toca al pueblo decidir si quiere seguir bajo el mismo régimen de distorsión institucional y jurídica, o si quiere una opción diferente.

Lo único que es cierto en estos momentos, es que en nuestras manos está el futuro inmediato, de mediano y de largo plazo del País, el decidir por cambios reales en seguridad, educación, salud, trabajo y estabilidad, o fortalecer a la bancocracia y su plan de política neoliberal que ya empezó con la iniciativa de ampliación y creación de Zonas Francas, como se preveía, mediante la implementación de políticas públicas de emergencia económica, a través de Decretos, que únicamente buscan afianzar la agenda empresarial y fortalecer a los grandes grupos de poder financiero. 

Es así que, tenemos elecciones anticipadas, estoy seguro que Guillermo Lasso se va, pero nos queda una Corte Constitucional más “TRUJILLANA” que nunca; y para que no se nos olvide, el control constitucional de los decretos ley en materia económica urgente, también están en manos de esa misma Corte Constitucional…  

Por Ernesto Pazmiño

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