Quito, 22 sep (Sputnik).- Las irregularidades tras la denuncia de la desaparición de la abogada María Belén Bernal de la Escuela Superior de Policía de Ecuador evidencian falencias en el accionar de las instituciones que están a cargo de la seguridad y motivan los pedidos de renuncia al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y de una depuración de la Policía Nacional, dijo a la Agencia Sputnik el abogado y exfiscal Jorge Luis Ortega.
«El Gobierno nacional debe declarar en emergencia a la Policía Nacional y depurar absolutamente toda la Escuela Superior de Policía «Gral. Alberto Enríquez Gallo», afirmó.
Bernal desapareció luego que ingresara a la escuela de policías a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, con quien tuvo una discusión en la que se oyeron gritos, golpes y ruidos sin que alguna autoridad superior o cadete diera parte oficial de la situación.
Su cuerpo fue localizado el 22 de septiembre en un cerro aledaño a la Escuela Superior de Policía, exactamente 10 días después de haber sido visto por última vez.
El penalista Ortega señaló que se debe depurar a muchos policías que se encuentran inmersos en procesos administrativos y penales y mostrar cifras a la ciudadanía de qué pasa o qué respuesta tienen frente a estos procesos estos ciudadanos que han incurrido en infracciones administrativas y penales.
¿FEMINICIDIO?
El abogado Ortega cuestionó que se quiera plantear un dilema sobre la tipificación de delito que será juzgado en este caso y señaló que, en su opinión, no se trata de un femicidio porque la víctima falleció dentro de un recinto policial en manos de un funcionario estatal, en complicidad con otros agentes.
«A mi criterio, es un asesinato de un oficial de policía en contra de una ciudadana mujer en la que indirectamente debe responder como una suerte de reparación integral el Estado ecuatoriano», indicó.
Afirmó que, por el contrario, tipificar el delito como un femicidio estaría dejando en la impunidad a otros responsables de este delito, ya sean autores o cómplices de este crimen.
«Me refiero a cadetes, oficiales y tropa que escucharon, vieron o incluso hasta pudieron participar en el crimen y luego ocultamiento del cadáver», agregó.
En su opinión, corresponde al Estado ecuatoriano asumir su responsabilidad, que sería la reparación integral a las víctimas; dar a conocer la verdad; procesar a los responsables en un juicio, que no existan errores que le permitan por tecnicismos jurídicos dejar en la impunidad a los responsables de este delito, y luego reparar a las víctimas, en este caso a su madre a su hijo a su familia.
Con 18 años de experiencia en la profesión, el abogado penalista Jorge Luis Ortega aseguró que «no es nuevo lo que pasa en la Policía Nacional», e incluso, recordó que el Estado ecuatoriano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzosa por retención y detención arbitraria ilegal e ilegítima por parte de agentes de la Policía Nacional.
«Hay un largo historial de procesos que no han concluido de desapariciones y muertes dentro de recintos policiales en ese orden de ideas; esto es un crimen más que se suma al rosario de delitos perpetrados por agentes estatales», aseveró.
Por ello pidió que no se desvíe la atención en pretender tipificar el tipo penal como un femicidio y enfatizó que en la Policía Nacional del Ecuador la institucionalidad no existe «porque es una institución aberrante, es una institución que ha perdido todo tipo de valores y en el propio lugar donde se forman oficiales ocurre un crimen tan execrable como este».
Otros casos similares en la memoria de los ecuatorianos son el del joven universitario David Romo (2013) y el de los hermanos Restrepo (1988), donde han sido implicados agentes policiales y la propia institucionalidad, sin que todavía hayan sido encontrados los culpables, pese a las denuncias de irregularidades e inconsistencias en los procesos, entre otros casos.
Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET
