La Asamblea Nacional, con 81 votos afirmativos, exigió del Gobierno Nacional una propuesta seria, clara y honesta de apertura al diálogo, que posibilite al país alcanzar consensos políticos, así como un adecuado uso de los mecanismos constitucionales y legales para el mantenimiento de la democracia y el ejercicio y garantía de los derechos.
La Legislatura rechazó el manejo errático de la situación social y política por parte del Gobierno Nacional que con su accionar cada vez la profundiza más, así como la actitud demostrada por parte del Ejecutivo, en su intención de burlar los sistemas de control previstos en el ordenamiento jurídico, por medio de la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 455, emitido el pasado 17 de junio.
Igualmente, exhorta el pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional con la finalidad de que, en ejercicio de su facultad de control sobre los decretos de estado de excepción, evidencie, limite y prevenga el claro y malicioso abuso de mecanismos e instituciones jurídicas extraordinarias previstas en la Constitución de la República y en el ordenamiento jurídico vigente y una eventual violación a los derechos constitucionales de los ecuatorianos.
También convocó para este martes, 21 de junio de 2022, a las 16h30, en la sede de la Asamblea Nacional, a los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, del Sistema de Naciones Unidas, Comité Internacional de Cruz Roja, un representante de las universidades públicas y privadas del Ecuador, representantes de las cámaras de comercio y producción y de otras entidades, así como a organizaciones y/o gremios de carácter nacional, a una mesa de diálogo, para proponer mecanismos de solución a los difíciles momentos que atraviesa el país.
Previamente, el Pleno debatió los efectos del estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado viernes 17 de junio. Durante las 19 intervenciones, legisladores de distintas tendencias políticas cuestionaron la decisión del Ejecutivo de contrarrestar la protesta social con un decreto que lo único que hace es criminalizar la protesta social y, a la vez, provocar la radicalización de las movilizaciones del sector indígena, así como de otras organizaciones y colectivos sociales.
Añadieron que no se puede llamar al diálogo y, como contraparte, dictar un estado de excepción para impedir la protesta social y para allanar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, militarizar sus instalaciones y buscar la manera de amedrentar al ciudadano que sale a las calles para pedir rectificaciones al Gobierno Nacional, que cumpla sus ofertas de campaña y que se resuelvan problemas básicos como la falta de empleo, falta de atención en los hospitales, falta de insumos y medicamentos, entre otros.
Con información de Asamblea Nacional
