Embriagados del poder que les otorgó la traición, solicitaron a la Corte Constitucional la interpretación, vale decir la anulación del Art. 422 de la Carta Magna, que prohíbe suscribir tratados o instrumentos internacionales que afecten la soberanía, dignidad y los altos intereses nacionales. Lo hicieron con la finalidad de reponer la vigencia del más vergonzoso entreguismo a través del CIADI, para proteger no al Ecuador de todos, sino al gran capital transnacional. El Gobierno de la Revolución Ciudadana a su tiempo denunció ese írrito tratado por lesivo a nuestros sagrados intereses y al ordenamiento constitucional. Con el odio entre ceja y ceja, los lacayos traicionaron nuestra soberanía y pidieron luz verde para el atropello a la Nación, a fin de que imperen los Tratados Bilaterales de protección de Inversiones, los TBIs.

 Y frente al más leve atisbo de dignidad en el futuro, aceptaban mansamente someternos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, a través de tribunales de arbitraje pagados por el gran capital foráneo, donde siempre nos condenaron a pagar miles de millones de dólares y últimamente sin ejercer el derecho a la defensa, por los allanamientos oficiales. La Corte Constitucional rechazó la petición de los traidores y protegió la vigencia plena del Art. 422 que contiene la prohibición de entregar al país maniatado a la voracidad del feroz neoliberalismo. Sus cómplices y encubridores están babeando de amargura, porque se les fue el denario de Judas.

Una de cal y otra de arena. Ahora la Corte Constitucional cumplió con la Patria al negarse a interpretar el célebre Art. 422 y con ello alivió el ambiente cargado de temores y amenazas. Pero cuando declaró la inconstitucionalidad de la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin mencionar siquiera a los temporales que integraron tribunales especiales prohibidos por la Carta Magna, ni declarar la nulidad absoluta de los actos y sentencias de los juzgadores cuestionados, ahí le quedó debiendo a la independencia de la Función Judicial, sometida a la politiquería del Lawfare.

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Pobre Banco del Pacífico. El gran jefe banquero le bajó el dedo inexorablemente. ¡Se vende porque se vende!, eso sí, a precio de gallina con Omicrón. Para ello escondieron sus utilidades y del segundo puesto le bajaron al décimo, para abaratar su patrimonio y volverlo atractivo a los ojos de los privatizadores. Así funciona el neoliberalismo atracador. En cambio al banco de la familia se le otorga generosamente recursos públicos con el pretexto de un auspicio deportivo. Ministro, eso se llama peculado.

¡Inaudito!: el presidente de Colombia recibe al alharaquiento en el Palacio de Nariño para armar un nuevo escándalo, tal como lo hicieron en el último proceso electoral, con el viaje del fiscal Barbosa a Quito anunciando supuestas pruebas de una falsa aportación de un grupo irregular a la campaña de Andrés Arauz. Ahora devuelven el favorcito, esta vez para afectar la candidatura de Gustavo Petro. Es el Uribismo y sus triquiñuelas. Duque la marioneta. Audacia de fanáticos odiadores de la derecha regional. 

En qué situación estaremos que el simple cumpliendo del deber es visto como una proeza. Lo que hizo la Corte Constitucional fue cumplir únicamente con su obligación de velar por la vigencia de la Norma Suprema. Eso es todo.  

Artículo firmado por Juan Cárdenas

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