La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, propuesta por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, fue negada en el Pleno de la Asamblea Nacional con 88 votos y también su reconsideración con 90 votos. Esta negativa en firme trae como consecuencia el archivo de dicho proyecto de Ley, como un asunto meramente operativo, no esencial. Tanto es así que el inciso segundo del Art. 140 de la Constitución dispone que solamente cuando la Asamblea no apruebe, ni modifique ni niegue un proyecto económico-urgente, el Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. Pero esta ley, insistimos, fue negada, inclusive su reconsideración; y la norma constitucional citada nada dice del archivo, que más bien es el efecto lógico de la negativa resuelta constitucionalmente por el órgano legislativo. Pero si a pesar de lo que manda la Carta Magna, el poder reinante y sus áulicos insisten en su peregrina tesis del ministerio de la ley, la misma norma suprema autoriza a la Función Legislativa para que en cualquier tiempo pueda modificar y hasta derogar dicha Ley.
Hubo consensos previos entre las bancadas de UNES, PK, PSC e ID para el evento de que se niegue el proyecto de ley contenido en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, lo que efectivamente sucedió, para aprobar el informe de Minoría que recogió sus observaciones y propuestas en el segundo debate. Pero este informe sólo alcanzó los votos de UNES. ¿Qué pasó con quienes se comprometieron a apoyarlo? Y son los que hoy salen a destilar su odio, aupados por cierta prensa complotada en atacarnos, pretendiendo armar una vez más el escenario de la confusión y así pescar a río revuelto.
A la militancia y simpatizantes de la Revolución Ciudadana les decimos con el testimonio de nuestras vidas consagradas a la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria, que a esa nefasta ley le combatimos con la convicción de irrefutables fundamentos. Lo denunciamos como ilegal, injusta, abusiva y lapidaria en contra de la clase media, condenada a los nuevos cinturones de pobreza y miseria; en contra de los microempresarios, engañados con la falsa promesa de eliminar el impuesto del 2% a sus ingresos, cuando únicamente le cambiaron de nombre a ese tributo. Denunciamos la imposición de eliminar el impuesto a la herencia para favorecer los privilegios de las élites. Protestamos por la pretensión de “legalizar” las grandes riquezas que los poderosos grupos económicos se llevaron a guaridas fiscales, violando el mandato constitucional de la Consulta Popular del 2017 que prohíbe tener caudales económicos en paraísos fiscales a los que aspiren al voto ciudadano.
Esa ley oprobiosa jamás podría ser nuestra. Fundamentamos nuestras afirmaciones en la evidencia de haber construido un País para todos en la Década Ganada. Apelamos a la memoria colectiva para afianzar nuestra firme oposición democrática, en ejercicio de nuestro derecho a vivir en un estado de bienestar.
Artículo firmado por Juan Cárdenas
