Tras la balacera registrada la noche de este viernes 12 de noviembre en el pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral, se conoce que 58 privados de la libertad fueron asesinados, las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) dieron algunos detalles del hecho.

En Contexto

Ecuador atraviesa por uno de los peores momentos en el manejo carcelario a nivel nacional. En el 2021 han sido asesinadas más de 300 personas privadas de libertad, sin que el Estado haya podido frenar la ola de violencia. 2 decretos de emergencia no han bastado para enfrentar la barbarie que se ha vivido en los centros de reclusión.

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El gobierno del traidor y corrupto Lenín Moreno acabó con la institucionalidad que dejó establecido el gobierno de la Revolución Ciudadana: acabó con el Ministerio de Justicia, cerró la escuela y despidió a guías penitenciarios, redujo el presupuesto para la atención del sector, no le brindó la mínima atención.

La Revolución Ciudadana heredó en 2007 unos centros de rehabilitación social que no cumplían con su cometido de preparar a los reclusos para su reinserción en la sociedad. Por el contrario, pasar por un centro de rehabilitación social era sinónimo de pérdida de dignidad, debido a las malas condiciones de vida: hacinamiento, mala alimentación, falta de atención de salud, abusos físicos y psicológicos por parte del personal del centro, entre otros. Para vivir una vida digna en la cárcel, el recluso debía poseer dinero para comprar celdas, tener alimentación adecuada y cubrir otras necesidades. El sistema perjudicaba a los más pobres, quienes más requerían de las condiciones para una reinserción satisfactoria. (Esta decripción de lo que se vivía en el 2006 parace un calco de lo que estamos viviendo desde el 2017.

El Modelo de Gestión Penitenciaria durante la década que gobernó la Revolución Ciudadana 2007-2017  contempló los ejes: salud, educativo, laboral, cultural y deporte, vínculos familiares y reinserción

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos realizó una inversión total de más de 395 MMUSD, desde su creación en noviembre de 2007. 

Antes de la RC existía un hacinamiento de 116,63% en el sistema penitenciario. 

El sistema de rehabilitación social implementó centros penitenciarios regionales, nuevos y repotenciados:

Guayas (4 502 plazas), Cotopaxi (4 832 plazas) y Azuay (2 740 plazas) que incoporaron aproximadamente 12 000 plazas. 

Se repotenciaron centros de privación de libertad, como la ex Penitenciaría del Litoral, actual Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones N° 1, con un total de 4 920 plazas. 

En 2014 hubo una reducción del hacinamiento al 0,24%; a 2015 del 1,72%; y, en 2016 se alcance 22,45%. 

EJE EDUCATIVO

Para el año 2009 menos del 10% de la población penitenciaria accedía a la educación, ya que los centros de rehabilitación social no tenían espacios adecuados para los procesos formativos, ni había asignación de docentes y el nivel de deserción a esa fecha era del 50%. En 2016, alrededor del 30% de los privados de libertad formaban parte del sistema nacional de educación.

8 125 personas privadas de libertad formaban parte del sistema educativo formal ecuatoriano (alfabetización, post alfabetización, educación básica, bachillerato y educación superior), de las cuales, 386 estaban en procesos formativos de educación superior.

DERECHOS LABORALES

Se estableció una normativa que regula la condición especial de relación de dependencia de las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad. En diciembre de 2016, se cerró el año con un total de 17 986 personas privadas de libertad que se encontraban vinculadas a actividades laborales. 

La población privada de libertad se benefició de 70 actividades culturales impartidas al interior de los CRS y 12 898 personas participaron en actividades deportivas, gracias al trabajo coordinado con el Ministerio del Deporte. 

Con el establecimiento de las unidades de salud al interior de los centros de rehabilitación regionales -con capacidad para realizar cirugías de baja y mediana complejidad y atender consultas ambulatorias- se realizaron 3 664 atenciones médicas. Esto evitó los traslados de los privados de libertad a casas de salud y generó un ahorro de 916 000 USD.

DISMINUCIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

Se evidenció una disminución de las personas privadas de la libertad que se encontraban detenidas sin una sentencia condenatoria: en 2007 se registraba el 71% de personas privadas de libertad en calidad de procesados y el 29% con sentencia dentro de los centros.

En 2015, esta tendencia se revirtió, llegando a tener un 26% de detenidos procesados y 73,4% de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria.

El año 2016 se cerró con 65,45% de personas privadas de libertad sentenciadas, mientras que el 34,55% estaban en calidad de procesados.

Datos proporcionados por: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) – Dirección de Estadísticas, julio 2016. Consejo de la Judicatura

Confirmado.net / Informe a la Nación 2007-2017

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