El denomimado Caso Sobornos sigue recibiendo observaciones a nivel internacional, ahora el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, emitió un contundente informe que revela una serie de inconsistencias jurídicas en el caso.

Se señala que la sentencia en el caso “Sobornos”, desde el punto de vista técnico jurídico, tiene inconsistencias que guardan relación con la independencia judicial por el atropellado procedimiento seguido y por violaciones al debido proceso como utilizar un tipo penal indeterminado al invocarse solo la Constitución Política por parte de la Fiscalía

En el contexto general se trataría de un caso de persecución política dada la indebida utilización del aparato de administración de justicia, con el fin de dictar una sentencia condenatoria para evitar la participación del señor Correa en las pasadas elecciones de febrero del 2021, por medio de un proceso judicial acelerado, que no contó con las garantías básicas de un juicio justo y las garantías de debido proceso.

El reporte toma como referencia los casos de los empresarios, William Wallace Phillips Cooper y del señor Víctor Manuel Fontana Zamora en los cuales se alegan varios hechos violatorios sobre la posible falta a la independencia judicial y de imparcialidad de los jueces y otros operadores de justicia, incluida la Fiscalía General de la República en ese proceso específico, así como en el contexto general de las reformas judiciales realizadas a partir del Referendo del 2018.

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Ese proceso se realizó dentro del marco de la reforma institucional determinada en el referendo del 2018 que creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), el que, entre otras cosas, modificó la forma de evaluar, nombrar y sustituir jueces, con injerencia del poder ejecutivo. En abril de 2018, el Consejo inició el procedimiento para la evaluación del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura estaba desarrollando una examinación competitiva en base al mérito para nombrar las vacantes en la rama judicial. Al iniciar el proceso de evaluación, el Consejo Transitorio ordenó que dicho concurso fuera suspendido, lo cual sería una señal del rompimiento de la división de poderes y la interferencia en la justicia.

Continuando con esa reforma transicional e interfiriendo con la estructura de la judicatura, el Consejo Transitorio acortó el plazo de nombramiento de nueve Magistrados de la Corte Constitucional en agosto de 2018, con lo cual atentó contra la carrera judicial de esos magistrados y con la seguridad jurídica que propicia esa garantía en los usuarios de la administración de Justicia.

En abril de 2019, el Consejo Transitorio designó una nueva Fiscal General del Estado, mediante un procedimiento ad hoc que se alega fue irregular abriendo, por encargo del Presidente de ese Consejo, el elevado número de 39 expedientes contra el ex presidente Correa, siendo el caso “Sobornos” uno de ellos, en el que se encuentran inmersos los señores Phillips Cooper y Fontana Zamora.

Así, en el proceso penal en el que se involucró a los señores Phillips Cooper y Fontana Zamora, tanto la Fiscal General como los jueces a cargo de ese proceso no fueron nombrados respetando los requisitos legales o no cumpliendo con ellos.

Se alega que la creación de un sistema de evaluación de puestos judiciales desde fuera del Poder Judicial habría facilitado armar el caso “sobornos” con un resultado condenatorio. Se señala que la misma oficina de la INTERPOL rechazó todas las solicitudes de “notificación roja” requeridas por el Estado del Ecuador contra varias de las personas imputadas. El motivo principal alegado por la Interpol para no registrar la notificación roja fueron las dudas respecto de la existencia de elementos políticos alrededor de este caso y la violación de derechos humanos.

Correa: “A nivel internacional no engañan a nadie”

Confirmado.net

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