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El Supremo Tribunal Federal (STF) confirmó el jueves que el exjuez Sergio Moro fue “parcial” al condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por el caso de un apartamento triplex en Guarujá, en el estado de Sao Paulo, por el que el líder izquierdista pasó 580 días preso.

Por siete votos a dos, se ratificó la decisión de la Segunda Sala de la máxima corte, que a finales de marzo consideró que Moro actuó con parcialidad y ordenó que el caso volviese a empezar de cero. Quedan pendiente los votos de dos magistrados.

El fallo del jueves se centró solo en si la Segunda Sala tenía capacidad para juzgar a Moro, y no sobre la parcialidad en sí, pero la decisión del STF supone una nueva victoria para Lula, sobre todo de cara a su eventual candidatura a las elecciones presidenciales de 2022. 

En una nota, la defensa del líder petista recordó que ha sufrido “todo tipo de persecuciones y coacciones irreparables”, y reiteró que el objetivo de Moro fue retirar a Lula de la carrera de las elecciones presidenciales de 2018, vencidas por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

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“Es una victoria del derecho sobre la arbitrariedad. Es el restablecimiento del debido proceso legal y de la credibilidad del poder judicial en Brasil”, aseveraron.

“Motivaciones políticas”

Moro sentenció al exmandatario a 12 años y un mes de prisión por supuestas dádivas y lavado de dinero. Tras ello, Lula estuvo un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento.

La defensa del histórico fundador del Partido de los Trabajadores (PT) siempre sostuvo que Moro recibió y aceptó la invitación por parte de Bolsonaro para incorporarse al Gobierno, lo que indica que tuvo motivaciones políticas durante todo el proceso contra el líder petista.

La decisión del STF solo se centra en el caso del  triplex en Guarujá, pero supone un golpe para toda la Operación ‘Lava Jato’, de la que Moro fue una de las grandes figuras. Desde su oficina de Curitiba, el exjuez mandó a prisión a constructores, políticos y empresarios por crímenes de corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Con información de ACTUALIDAD RT

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