Agresiones de octubre de 2019 pueden configurarse como posible crimen de lesa humanidad, señala Comisión Especial para la Verdad y Justicia

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Evento de la Defensoría del Pueblo para presentación del Informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia
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Luego de más de un año de un arduo trabajo de investigación sobre las protestas de octubre de 2019, la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, presentó el informe final sobre los hechos ocurridos durante los 14 días de protestas nacionales suscitadas en octubre de 2019 en el país.

Al acto fue invitado el candidato presidencial de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, quien estuvo acompañado por la asambleísta electa, Jhajaira Urresta, quien también fue víctima de los hechos de octubre.

El presidenciable señaló que este informe es un compromiso para que su gobierno continúe con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de estos hechos, todo esto en el marco del respeto a los Derechos Humanos.

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El informe, que fue socializado este miércoles 17 de marzo en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, señala que la Comisión fue creada por el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, con el objetivo de analizar los sucesos del paro nacional ocurridos entre el 3 y 16 de octubre de ese año.

Esta Comisión de la Verdad estuvo conformada por: Sybel Martínez Reinoso (presidenta), Juan Carlos Solines Moreno y Xavier Zavala Egas.

El documento señala que los hechos se dieron en el marco de la respuesta a las demandas sociales y movilizaciones contra políticas económicas del gobierno de Lenin Moreno, quien expidió “de manera abrupta” el Decreto Ejecutivo N.° 883, sin consenso alguno con los sectores afectados y sin prever las consecuencias. “La reacción del Gobierno ante la respuesta social fue menos sensata aún”, destaca el informe.

Afirma, además, que la investigación de la Comisión parte de una visión imparcial y con enfoque de derechos, en la cual se analizaron 519 testimonios, de los cuales 249 corresponden a vulneraciones de derechos humanos por parte de agentes estatales.

A decir de la y los comisionados, a lo largo del informe (272 páginas) se detallan los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, heridas físicas y psicológicas, de las personas que perdieron un ojo y tienen lesiones permanentes por el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones u objetos contundentes.

Además de estos casos, se resalta la violación al derecho de integridad personal y a la salud, así como algunas lesiones físicas provocadas por agentes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que, por su gravedad y recurrencia, podrían configurarse como elemento de “ataque generalizado” contra la población civil, por lo que se solicita a las autoridades judiciales, enfatizar en el análisis de las evidencias que conduzcan a un posible crimen de lesa humanidad.

Se señala que el Gobierno de Lenin Moreno justificó su accionar a través de un discurso que pretendió instalar en el imaginario social a posibles enemigos y que equiparó delitos comunes a violaciones flagrantes de derechos humanos.

Casos

Según el informe de la Comisión, en el paro nacional se dieron casos de abuso de poder dando como resultado varias muertes, como es el caso de los ciudadanos Marco Humberto Otto Rivera, José Daniel Chaluisa Cusco, Édison Eduardo Mosquera Amagua, Segundo Inocencio Tucumbi Vega, Édgar Yucailla Álvarez, entre otros.

También se registraron violaciones al derecho a la integridad personal, como en los casos de las agresiones a un barrio de la ciudad de Ibarra, de Juan Álvaro Olovacha Tubón, de Omar Giovanny Mosquera Enríquez, de Laura Carrión de la Torre, entre otros.

También existieron ciudadanos con lesiones oculares como es el caso de: Diego Francisco Chuquiguanga Pintado, Luis Alfonso Tipantuña Bautista, Darwin Roberto Farinango Collahuazo, Pablo Uquillas Coba, entre otros.

Se detalla también casos de violencia sexual, agresiones a periodistas, detenciones ilegales o arbitrarias a personas de nacionalidad venezolana, tratos crueles, entre otros.

Conclusiones y recomendaciones

Entre las principales conclusiones, la Comisión señala que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal.

Indicó que el discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque.

Se indicó que el Gobierno justificó la represión a la ciudadanía para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia. “Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales en la mayoría de actores movilizados”. 

También expresó que el Gobierno, a través de sus ministras y ministros, justificaron estos actos “reprochables” cometidos en contra de las y los manifestantes, por ejemplo, el ataque a las zonas de paz en las instalaciones universitarias de la ciudad capital. 

Entre las principales recomendaciones, la Comisión exhortó al Estado disponer de las herramientas legales pertinentes para que las fuerzas de seguridad y del orden actúen en todas sus funciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos, de manera que sus actos de servicio respondan a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación.

Además, indica que el Estado debe promover la protección de los derechos humanos a través de normas claras que permitan que se ejerza el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, respondiendo a los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

También se solicitó al Estado ecuatoriano, a través de su máximo representante, ofrecer disculpas públicas a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro nacional de octubre de 2019.

Cabe señalar que el acto contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago; el Secretario Misional de la Defensoría del Pueblo, Cristhian Bahamonde Galarza; la Presidenta de la Comisión Especial, Sybel Martínez Reinoso; los comisionados Juan Carlos Solines Moreno y Xavier Zavala Egas; además de las víctimas de vulneraciones de derechos y sus familiares.

La Defensoría del Pueblo recibió el informe de la Comisión Especial y actuará, de conformidad con sus competencias, para exigir la reparación integral de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos durante las protestas nacionales de octubre de 2019, “porque solo con verdad y justicia y diciendo NO a la impunidad se garantiza la construcción de Ecuador como tierra de derechos”, expresó el titular de la entidad, Freddy Carrión.

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