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“El Gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie (…) no vamos a tocar un centavo de nadie”, afirmaba el expresidente Jamil Mahuad a inicios de 1999 ante la crisis financiera por la que atravesaba el país.

La frase quedó inmortalizada porque el 8 de marzo de ese año el superintendente de Bancos, Jorge Egas Peña, informó al país la decisión de la Junta Monetaria de decretar el feriado bancario.

Fue un día lunes cuando Ecuador vivió la mayor crisis económica, social y financiera, hecho que marcó la historia de este país.

Ese feriado iba a durar 24 horas, pero duró cinco días. En ese tiempo todas las transacciones bancarias estuvieron suspendidas.

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A esto se sumó el decreto de Mahuad que congeló, por un año, $1.840 millones de dólares en el sistema bancario privado, $681,2 millones de la banca off shore y $145 millones retenidos en las sociedades financieras, cooperativas y mutualistas.

Este decreto tuvo como fin el salvataje de la banca, el cual derivó en la mayor crisis financiera de Ecuador y trajo consigo una pérdida de $8.600 millones.

El Estado intervino a 33 bancos, entre ellos el Popular, La Previsora y Pacífico, considerados los más grandes. En ese año cayeron los bancos: Progreso, Popular, Previsora y Filanbanco. También, entraron en saneamiento otros bancos como: Azuay, Finagro, Financorp, Occidente, Bancomex, Unión y Crédito.

El panorama, en ese entonces era poco alentador, miles de personas reclamaban sus depósitos en medio de una intensa agitación social.

Las perdidas sociales fueron mayores, el Estado al asumir los costos los endosó a la población, aplicando mecanismos como la reducción de la inversión pública y la subida en los costos de los servicios.

La inflación escaló hasta el 60%, la actividad económica fue de -8%, mientras que el desempleo aumentó del 9% al 17%.

El sucre, moneda oficial del país en ese entonces, se depreció en 195% y con esto incrementó la pobreza, la indigencia, muerte, suicidios, así como el mayor éxodo obligado en la historia del Ecuador.

Más de tres millones de ecuatorianos migraron a los Estados Unidos y Europa en búsqueda de un futuro mejor, convirtiendo sus remesas, años más tarde, en uno de los principales ingresos externos que tuvo el país.

En enero de 2000, el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25 mil sucres por dólar. El Banco de Guayaquil fue la institución que más CDR (Certificados de Depósito Reprogramados) canjeó. Estos títulos eran emitidos por el Banco Central del Ecuador y los ahorristas los recibían por concepto de su dinero congelado.

Cada tenedor de CDR podría canjearlo en los bancos, con una penalización entre 40 y 60% de su valor real.

La mayoría de las personas que necesitaban su dinero y que no podían esperar un año, acudían a los bancos a canjear dichos títulos. Si un ciudadano poseía $100, en vez de recibir ese valor total, recibía el mismo con 40 o 60 dólares menos.

¿A dónde iba a parar ese dinero restante? Al bolsillo de los banqueros, quienes con estos CDR podían canjearlos, posteriormente, en la Corporación Financiera Nacional (CFN), por el valor real, es decir, el banco se quedó con una gran parte del dinero que pertenecía a los ahorristas.

Este lunes se cumplen 22 años de un feriado nefasto, resultado de un periodo de políticas neoliberales, en el cual el Estado favoreció al sector financiero y perjudicó a miles de cuenta ahorristas.

Los mismos actores y objetivos

El economista Marcelo Varela explica que, con el actual proyecto de Defensa de la Dolarización enviado por el presidente Lenin Moreno, se pretenden los mismos objetivos.

“Los hechos, así como las personas son las mismas como las del feriado bancario. Hoy se pretende hacer algo similar. Hay que recordar que en el año de 1992 se hizo una ley del Código Orgánico Monetario Financiero, que generaba una junta de regulación manejada por la banca. El propio banquero Lasso era miembro de esta junta”, señaló.

Varela identifica varias coincidencias con el escenario del feriado bancario. El primero, incapacidad del Ejecutivo de regular los beneficios de la banca.

“La primera parte viene por la liberalización de las tasas y las comisiones para la banca, esto se hizo en la década de los 90s, y eso se pretende hacer con esta ley”, destacó.

De igual manera, limitar las capacidades del Estado, obligándolo al endeudamiento externo, “con ello el BCE no podrá prestar dinero a ninguna entidad estatal, pero sí podrá hacerlo al sector financiero”.

De su parte, Carlos De La Torre, exministro de Finanzas, manifestó que con una reforma a la Constitución de 1998 se dio paso a una transitoria que hizo que el BCE genere un fenómeno inflacionario que se salió de control.

“EL BCE se convirtió en la entidad que empezó a entregar sucres, en ese entonces, sin ninguna medida a los bancos que tenían problemas, con ello nos vaciaron los bolsillos a la mayoría de los ecuatorianos”, expresó.

El exfuncionario indicó que con este proyecto de Defensa de la Dolarización lo que se buscaría es privatizar el Banco Central.

“Lo que se busca es generar condiciones idénticas a las del feriado bancario, y con eso volverle a meter la mano al BCE, controlándolo por una junta de notables designada a dedo”, aseveró.

Confirmado.net

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