Profesor universitario Coordinador Nacional de Coalición Nacional por la Patria, Miembro de la Dirección Nacional de UNES

El Dr. Eduardo Franco Loor, Profesor universitario Coordinador Nacional de Coalición Nacional por la Patria, Miembro de la Dirección Nacional de UNES, analiza en este artículo la intromisión de las entidades en pleno proceso electoral.

Sobre la Contraloría: Con relación al pedido que hace el Contralor General del Estado, mediante oficio 06-CG- 2020 de fecha Quito, D.M. 20 de febrero 2020 a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, solicitando que este organismo adopte una resolución que posibilite el inicio de una auditoría informática, por parte de la Contraloría General del Estado, antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral, pretendiendo:

“Que la mencionada acción de control tenga como objeto dar seguimiento a las recomendaciones previamente señaladas por la Contraloría en el exámen especial al sistema informático electoral, constante en el informe DNA1-0054-2020 de 20 de agosto de 2020 y realizar una auditoría al sistema informático utilizado en la presente elección, cuyos resultados serán presentados dentro de un término no mayor de 20 días.”

Dicho petitorio es insólito e inusual, por ende, inconstitucional e ilegal, puesto que el Contralor General del Estado se está arrogando funciones que la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no le conceden. El Art. 211 de la Constitución determina que:

La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

Además, las auditorias de gestión de la Contraloría restringe su actuación a las siguientes finalidades de que dicha gestión se cumpla con criterios de economía, efectividad y eficiencia, y nada más.

Art. 21. Auditoría de Gestión. La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño pertinentes.

Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas institucionales.

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes.”

En este sentido, el motivo del petitorio del Contralor al CNE está extralimitándose en sus funciones porque pretende ejecutar “un examen especial que permita garantizar la necesaria transparencia, seguridad jurídica, legitimidad, adecuado uso de los recursos públicos y coadyuve a la generación del ambiente de confianza requerido en el actual proceso electoral” lo cual no cumple con el objetivo y alcance de la auditoria de gestión determinadas en el Art. 21 de LOC citada et supra. La Contraloría no puede arrogarse funciones de jueces de lo contencioso administrativo “ o contencioso electoral”, que son los únicos llamados a revisar la legalidad de los actos administrativos (Art. 217 Código Orgánico de la Función Judicial). Pero si lo hace, entonces, sus recomendaciones son nulas de pleno derecho por “desviación de poder” conforme a lo que establece el Art. 105.2 del Código Orgánico Administrativo, o “incompetencia en razón de la materia” por atribuirse competencias jurisdiccionales (Art. 105.3 COA).

Por las razones antes expuestas, siendo que el petitorio de marras, adolece de falta de motivación constitucional requerido, de conformidad con el numeral 7, literal l) del Art. 76 de la Constitución de la República, y por estar indebidamente motivado carece de eficacia jurídica y por tanto nulo. Bien podría el Pleno del Consejo Nacional Electoral, rechazar la solicitud de la Contraloría General del Estado, devolviéndola mediante resolución que niegue el petitorio, por las razones antes dichas, por ser nulo.

Finalmente, el Contralor General del Estado basa su petitorio en “lo previsto en los incisos primero y cuarto de la Disposición General Octava de la Ley Orgánica Electoral…” que dice lo siguiente:

“OCTAVA. – El Periodo Electoral es el ciclo electoral que integra todas las actividades y operaciones que se desarrollan, de manera ordenada, durante un lapso de tiempo dentro de las etapas pre electoral, electoral propiamente dicha y post electoral….

La etapa electoral inicia con la convocatoria a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral y se extiende hasta la fecha de posesión de las autoridades electas.”

No hay sustento que sirva de base para el pedido, puesto que la Disposición General Octava habla de las fases del proceso electoral que no guarda coherencia con el petitorio del Contralor de realizar un examen especial al sistema informático electoral para darle “seguimiento”.

En definitiva, la solicitud del Contralor constituye una flagrante violación al Art. 16 del Código de la Democracia que establece que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral, podrá intervenir directa e indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales”. Por otra parte, bien podría aplicarse al Contralor Pablo Celi, el Art. 279 del Código de la Democracia que establece que “es una infración electoral muy grave sancionada con multa desde 21 salarios básicos unificados, hasta 70 salarios básicos unificados, DESTITUCIÓN y/o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años, cuando una autoridad o funcionario, extraño a la función electoral, interfiera en el funcionamiento de la función electoral”.

Sobre la Fiscalía: Con relación al impulso fiscal de fecha 20 de febrero de 2021 dentro de la investigación previa No. 012-2021-F6 contenido en el oficio No.004-012-2021-FGE-UFCN-F6 enviado a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral por la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar Méndez, en la que se dispone “la recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral, mismo que se encuentra almacenado en los servidores del Consejo Nacional Electoral”, para realizar una pericia informática forense, el asunto es aún más grave por las siguientes razones de orden jurídico:

1. La denuncia del señor Luis Bruno Segovia en la Fiscalía General del Estado, según el comunicado del 21 de febrero del 2021 de la propia Fiscalía, es de fecha 12 de febrero de 2021 y es por el delito de Fraude Electoral contemplado en el Art. 334 del Código Orgánico Integral Penal, y lo hace por “supuestas anomalías en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas del proceso electoral del 7 de febrero pasado”. Según el comunicado antes dicho, el 18 de febrero la Fiscalía inició una investigación previa sobre la denuncia mencionada, obteniendo con fecha 20 de febrero, autorización del Juez de la Corte Nacional, Luis Rivera Velasco, para la realización de un acto urgente sobre la prenombrada base de datos del CNE.

¿Cómo es que si los resultados del proceso electoral de la primera vuelta, al terminar los escrutinios generales, fueron dados a conocer al país pública y oficialmente el 21 de febrero del 2021, el denunciante Luis Bruno Segovia, presenta la denuncia en plena época de los escrutinios generales con fecha 12 de febrero de 2021?. Es decir, presenta una denuncia antes de que se dé a conocer al país, los resultados del proceso electoral que fueron entregados el 21 de febrero de 2021, como le consta a todo el país.Losresultadosdelprocesoelectoraldelaprimeravueltadel7defebrerodel2021, fueron dados a conocer mediante resolución del Consejo Nacional Electoral el día 21 de febrero de 2021. De esto se colige que existe una pésima interpretación jurídica del tipo penal descrito en el Art. 334 del Código Orgánico Integral Penal, toda vez que esta disposición legal necesariamente requiere para que se configure el tipo doloso, de la prejudicialidad de la función electoral, ya que le corresponde por mandato de la Constitución y del Código de la Democracia, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral determinar si existió fraude electoral de alteración de los resultados del proceso electoral, o no. En este marco, hay que señalar que el bien jurídico a tutelar son los derechos de participación. Así, el Art. 279 del Código de la Democracia, dice que las infracciones electorales muy graves, entre otras, es la de “desaparecer los documentos electorales y alterarlos” y esto lo determina el Tribunal Contencioso Electoral, quien pone una sanción de multa y destitución y/o suspensión de derechos de participación, desde 2 hasta 4 años, independientemente de que aposteriori la función judicial inicie la investigación respectiva a través de la Fiscalía General del Estado.

LaFiscalíaGeneraldelEstadoestáinterviniendofueradelmarcoconstitucional,y en ello, también ha incurrido el Dr. Luis Antonio Rivera Velasco, Juez de la Corte Nacional de Justicia, quién autorizó el acto urgente. Es un absurdo jurídico el impulso fiscal toda vez que en la pericia informática se pretende generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con insconsistencias de las Junta Provincial Electoral del Guayas, y generar un reporte a nivel del aplicativo de los registros de las actas con inconsistencias, lo cual es atribución única y exclusiva del Consejo Nacional Electoral de conformidad con la ley; asimismo en el evento de que se presenten impugnaciones y/o un recurso subjetivo contencioso electoral, es atribución exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral.

El punto2) del impulso fiscal dispone la realización de la recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral, mismo que se encuentra almacenado en los servidores del Consejo Nacional Electoral. Esta medida es imposible de realizar puesto que la base de datos informática es de propiedad del CNE que es un organismo público, una función del estado, de derecho público QUE NO PUEDE COMETER DELITO ALGUNO. Así, el Art. 49 del Código Orgánico Integral Penal, establece la responsabilidad de las personas jurídicas, sólo en los supuestos previstos en la ley: las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos. El Estado y sus instituciones no pueden cometer ningún delito, menos, el delito de fraude electoral.

Los Servidores públicos sí pueden cometer delitos, pero la investigación debe hacerse a estos servidores (propiedades, bienes, etc) pero no investigar los bienes del estado porque parecería ser que se esta investigando al CNE como ente de derecho público, lo que no es posible. El impulso fiscal es una abierta intromisión de la Fiscalía a través de su titular. La injerencia al funcionamiento de los procesos electorales perpetrados por la Fiscalía a por su titular y del Juez de la Corte Nacional de Justicia, como autoridades extrañas a la función electoral interfieren al funcionamiento del proceso electoral, hecho que acarrea multa y destitución u/o suspensiòn de derechos de participación, desde dos hasta cuatro años (Numeral 3 del Art. 285 del Código de la Democracia).

Por otra parte, esta interferencia se encuentra señalada en el INFORME PRELIMINAR de la Misión de Observadores de la OEA, la misma que se ha hecho pública y que consta en las redes sociales. En una parte, el Informe dice “… la misión constató que, a pocos días de la jornada electoral, la Fiscalia General del Estado solicitó de oficio, información sobre alegatos de financimaniento ilícito de uno de los candidatos a la Presidencia de la República que habían sido reportados en una revista extranjera. La misión considera que, durante un proceso electoral, son los órganos electorales los que deben asumir las competencias vinculadas con la elección (inscripción y cancelación de organizaciones políticas, registro de candidaturas, impugnaciones, financiamiento, entre otras). La misión ve con preocupación el hecho de que otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y la propia elección, y generar con ello, posibles interferencias en el proceso electoral, lo que está ademas proscrito por la propia normativa del país (Art. 16 Código de la Democracia). Además” La misión desea resaltar, la importancia de que las autoridades electorales puedan realizar sus funciones y cumplir sus obligaciones sin presiones ni temor a represalias”.

Por las razones antes expuestas, es totalmente inconstitucional e ilegal y no pertinente una auditoría al sistema informático del CNE, antes de la segunda vuelta electoral del 11 de abril del 2021, ni de la fiscalía ni de la contraloría; estas instituciones son entes extraños al proceso electoral y eso está prohibido por las razones jurídicas antes indicadas en este artículo, que bien podrían ser destituidos mediante juicio político, por la Asamblea Nacional de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por inobservancia al cometimiento cabal de sus funciones, tomando en cuenta que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley (Art. 226 Constitución). Además, se estaría quebrantando el principio de independencia de los poderes del Estado y por ende socavando el derecho a la seguridad jurídica, pilares de la democracia y los fundamentos del Estado de Derecho.

Artículo firmado por Eduardo Franco Loor, Profesor universitario Coordinador Nacional de Coalición Nacional por la Patria Miembro de la Dirección Nacional de UNES

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