El candidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz, presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia en contra de la empresa Livercostas S.A. y de Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado cometido por el candidato banquero al usar de forma irresponsable el dinero de los ahorristas del Banco de Guayaquil para financiar su campaña electoral.

Arauz precisó este lunes que previo a la presentación de su denuncia en la FGE envió al Consejo Nacional Electoral una carta en la que solicitó que se cumpla la disposición legal de publicar cada ingreso y gasto de los movimientos y partidos políticos en la época de campaña electoral, sin que eso ocurra aún.

- Publicidad Inline Ad -

“Nosotros lamentamos que la candidatura del banquero esté siendo financiada por dinero de los depositantes. No estoy planteando esto como un recurso político, sino que he presentado este hecho a la Fiscalía General del Estado porque está financiando la campaña con dinero de los depositantes y eso está tipificado como peculado bancario en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, señaló Arauz en un conversatorio que mantuvo con los medios de comunicación de Chimborazo.

En la denuncia consta que Livercostas S.A., es una empresa de publicidad creada por Iván Correa Calderón y María Verónica Macklif, una pareja allegada a Guillermo Lasso y que actualmente manejan su campaña electoral. Según el documento presentado en la FGE, los principales clientes de esta firma son: el Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso y la empresa Publicitaria Cariba S.A., y abarcan el 90% de sus actividades comerciales.

De ellas, es el Banco de Guayaquil la que tiene una relación comercial más amplia con 12,7 millones de dólares en contratos, es decir que esta empresa depende básicamente de los contratos de este banco.

En la denuncia también consta el caso de la empresa Cedatos, cuyo principal proveedor en 2017 fue Publicitaria Cariba S.A., que también es el principal proveedor de Livercostas y contrató a la encuestadora para realizar estudios sobre las posibilidades de Lasso de llegar al poder en las elecciones generales de ese año.

De acuerdo a los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas, entre 2015 y 2016 las ventas de Livercostas S.A., estuvieron concentradas específicamente en el Banco de Guayaquil y Guillermo Lasso y en 2016 la misma empresa solicitó un reembolso de las ventas por un monto superior a 16 millones de dólares.

En el documento presentado por Arauz a la FGE se cuestiona cómo es posible que esta firma únicamente tenga dos clientes vinculados entre sí y solicite un reembolso de ese tipo y este no conste directamente en los ingresos del Banco de Guayaquil y se los realiza a través de una empresa intermediaria.

“La respuesta salta a la vista: porque son gastos que legal y contablemente no podrían ser justificados como propios del banco, por ejemplo: publicidad personal de Guillermo Lasso en su campaña, como el caso de Cedatos, que fue denunciado en 2017”, se lee en la denuncia.

Con ese contexto, el representante del progresismo en Ecuador, Andrés Arauz, considera que existe una potencial afectación no solo a los depositantes del Banco, sino a los más de 4.000 accionistas minoritarios de la entidad financiera, a quienes no se les consultó si están de acuerdo en utilizar los recursos del banco para financiar una campaña política.

Otro de los argumentos para la denuncia es la utilización de recursos del Banco de Guayaquil para uso personal del candidato Lasso, por ejemplo, el vehículo en el que llegó el pasado 23 de octubre de 2020 al CNE para aceptar su candidatura a la Presidencia de Ecuador en los próximos comicios. 

El artículo 278 del COIP establece que el delito de peculado se da cuando “los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional o entidades de economía popular y solidaria que (…) con abuso de las funciones propias de su cargo dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dineros, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

Confirmado.net