La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es una de las principales causas de unión de las organizaciones feministas de América Latina, que comparten experiencias y se acompañan en el camino para lograr su legislación.

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es muy limitado de por sí en la región, pero este año eso empeoró con la llegada del covid-19.

La mayoría de las autoridades declararon emergencia sanitaria, y los servicios de salud se centraron en la atención y contención de la pandemia, dejando de lado otras prestaciones, entre ellas el aborto, explicó a Sputnik la investigadora del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), Sonia Ariza Navarrete.

“Con la interrupción legal de le embarazo (ILE) en particular vimos una disminución muy fuerte (…) En general las cifras nos muestran resultados muy preocupantes, una baja importante en la cantidad de ILE”, dijo Ariza sobre los resultados preliminares de la campaña regional de monitoreo ‘La salud reproductiva es vital’, que llevaron a cabo en nueve países de la región.

Entre las razones que llevaron a esa disminución se encuentran las restricciones de bioseguridad, los confinamientos obligatorios y otras medidas implementadas por los gobiernos, así como la disminución de la cantidad de centros de primer nivel de atención, que debieron destinar su personal exclusivamente a la pandemia, lo que entre otras cosas hizo que las mujeres tuvieran que buscar atención a miles de kilómetros de sus hogares pero no pudieran moverse hasta allí.

SERVICIO ESENCIAL Y VOLUNTADES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales, y por lo tanto no pueden suspenderse o restringirse ni siquiera durante una crisis sanitaria como la que atraviesa el mundo en estos momentos.

El monitoreo de Clacai se basó en ese reconocimiento para evaluar qué esfuerzos se hicieron desde los Estados para mantener la prestación en salud perinatal, anticoncepción y acceso al aborto seguro en los términos que la ley de cada uno de los países lo permita.

Como resultado encontraron que varios países sí declararon esos servicios como esenciales al inicio de la pandemia, pero en muchos casos fallaron en su implementación o adecuación para que realmente se respeten, explicó la investigadora externa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

Mientras que hubo otros países, como Brasil, que no solo no siguió las recomendaciones de la OMS, sino que excluyó deliberadamente los servicios de salud sexual reproductiva de las prestaciones que podían brindarse durante la pandemia.

Para la especialista, no puede afirmarse que el covid-19 haya sido utilizado como excusa para limitar el acceso al aborto, pero hay indicadores de cómo la posición que tienen los gobiernos en materia de salud reproductiva, y de aborto en particular, se vuelca también en sus políticas públicas para atender la pandemia, como es el caso de Brasil.

En Uruguay, donde desde 2012 el aborto está autorizado para todas las causales dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la llegada del covid-19 coincidió con un cambio de gobierno y la asunción de autoridades históricamente contrarias a ese derecho, que públicamente se han declarado “provida”.

En ese sentido, la directora de la oenegé Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, dijo a esta agencia que es “muy difícil poder acreditar a un motivo o al otro la razón de la baja priorización de la salud sexual y reproductiva en este contexto”.

También en Uruguay, que muchas veces actúa como un faro que ilumina desde el sur del continente al resto de los países con su experiencia, la crisis sanitaria agudizó los problemas que ya existían en cuanto a la implementación de la ley, como demoras en la atención, mala información en términos de los derechos que le corresponden a las personas en esa situación y lo que califican como “las fugas del sistema” que es lo que este “expulsa, no resuelve, no atiende y además no controla ni inhibe”, dijo Abracinskas.

Además, hubo falta de difusión, algo generalizado en la región, sobre la continuidad de los servicios de ILE durante la pandemia, es decir, se declararon esenciales pero eso no se comunicó correctamente.

“A la población no se le informó nada, fue una circular interna (que indicó que debían continuar los procedimientos). La falta de mecanismos de difusión sobre las prestaciones de aborto ya era un problema en Uruguay y en este caso no hubo ninguna, y mucha gente supuso que se habían suspendido”, explicó la directora de MYSU.

Por otro lado, la investigación regional encontró lo que calificó como “buenas prácticas”, entre las que se destaca la implementación de la telemedicina en casi todos los países, que fue algo que facilitó el acceso a asesorías y controles para muchos casos de salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, la mayoría de esas atenciones se centraron en embarazos de bajo riesgo y asesorías sobre anticoncepción, pero no incluyeron la ILE, que fue una de las primeras prácticas en ser descartadas por no considerarse esencial y parte de las prestaciones que debían priorizarse, dijo Ariza.

HABLAR DE ABORTO

Tanto Abracinskas como Ariza coincidieron en la necesidad urgente de hablar abiertamente de aborto para que deje de ser un secreto y se convierta en lo que efectivamente es: una práctica sanitaria.

“A nadie le da miedo decir que se sacó una muela, pero sí tenemos todavía mucho estigma sobre la práctica de las interrupciones del embarazo, sobre las personas que acuden y sobre quienes la proveen, y es un estigma que genera un impacto muy importante en las personas”, dijo Ariza.

En ese sentido, el movimiento por la legalización del aborto en Argentina, conocido como la “marea verde”, ha tenido un impacto fuerte en toda la región, ha alimentado movilizaciones similares en otros países y ha puesto el tema en la agenda de los grandes medios de comunicación.

Este martes, el Senado argentino votará un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto, que actualmente solo está permitido en caso de violación o riesgo de vida para la mujer.

El proyecto ya fue aprobado semanas atrás por la Cámara de Diputados.

La legislación sobre la ILE en la región varía en los distintos países; mientras en algunos, principalmente en Centroamérica, hay prohibición absoluta, en otros están autorizadas solo para algunas causales, como violación, malformación o riesgo de vida para la persona gestante, lo que a veces da lugar a interpretaciones, que en muchos casos se vuelven muy restrictivas.

Para Ariza, ha quedado demostrado en el mundo que el modelo por causales es defectuoso y que no se puede aplicar en la práctica como la teoría lo quiere hacer ver, al tiempo que pone en riesgo la salud y los derechos de las personas gestantes, por lo que no es un modelo aceptable.

“Todas las políticas públicas deben pasar un test de racionalidad que el modelo de causales no pasa”, afirmó.

Finalmente, recordó que en los contextos donde la ILE es tan restringida, como en buena parte de América Latina y el Caribe, el único dato certero son las internaciones por complicaciones de aborto, “que son muchísimas”.

Con la autorización de abortos de forma segura y temprana, en el sistema de salud público y privado, los estados podrían evitar miles de internaciones todos los años, algo que resultaría muy necesario en momentos de pandemia.

Con información de Agencia Sputnik

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