El progresismo construye un Plan de Gobierno participativo, democrático y transparente

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Días atrás el progresismo liderado por Andrés Arauz presentó un primer borrador del Plan de Gobierno cuyo objetivo fundamental es recuperar la democracia, el Estado plurinacional e intercultural, la dignidad, el trabajo, una estructura económica y productiva sostenible y la soberanía para caminar hacia la construcción de la sociedad del buen vivir siguiendo la hoja de ruta trazada en la Constitución de la República.

El Plan consta de 11 objetivos principales, cuyo primer aspecto se refiere a la vida y sus condiciones. En el contexto de la propuesta se menciona que la desigualdad de ingresos medida por el Gini aumentó 1,4 puntos y la pobreza 4 puntos porcentuales entre 2017-2019, lo que representa que más de 700.000 ecuatorianas y ecuatorianos pasaron a la pobreza; seguramente luego de la pandemia serán muchos más.

“Para recuperar la democracia por la vida y la reproducción de la vida, las primeras medidas se deben enfocar en el empleo y el crecimiento económico, en pro de reconstruir el mercado interno y articular otros mercados a nivel regional e internacional, en el marco del cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esto implica, por otra parte, que la inestabilidad financiera provocada por el sobreendeudamiento se debe abordar con transparencia y soberanía, en los que se atienda siempre a la necesidad ineludible de garantizar procesos de crecimiento inclusivo (poniendo por delante el trabajo sobre el capital) como único recurso para afrontar los compromisos.

Objetivos del Plan de Gobierno en construcción

Objetivo 1. Justicia por la vida y la reproducción de la vida

Objetivo 2. Justicia democrática participativa y deliberativa

Objetivo 3. Justicia productiva y económica

Objetivo 4. Justicia intergeneracional (niñxs, jóvenes, adultxs mayores y ecuatorianxs futurxs)

Objetivo 5. Justicia global, soberanía e integración

Objetivo 6. Justicia decolonial, plurinacional e intercultural

Objetivo 7. Justicia ecológica y transición energética

Objetivo 8. Justicia igualitaria para las mujeres y los grupos excluidos

Objetivo 9. Justicia digital y nueva economía

Objetivo 10. Justicia cognitivo

Objetivo 11. Justicia justa e imparcial

Objetivo 1. Justicia por la vida y la reproducción de la vida

DIAGNÓSTICO

Las condiciones de vida se deterioran rápidamente, a la par que avanza la exclusión social. La desigualdad de ingresos medida por el Gini aumentó 1,4 puntos y la pobreza 4 puntos porcentuales entre 2017-2019, lo que representa que más de 700.000 ecuatorianas y ecuatorianos pasaron a la pobreza; seguramente luego de la pandemia serán muchos más. El PIB real por habitante muestra una caída de más de 2%, pasando de 5,205 USD en 2017 a 5,097 USD en 2019. Estos resultados demuestran que el modelo económico neoliberal no crea riqueza, crea pobreza.

Por otra parte, según los datos oficiales del BCE, en el primer trimestre de 2020 —aún sin considerar los efectos del COVID-19—, la formación bruta de capital fijo registró un decrecimiento de 6%. La ausencia de inversión del Estado, acompañada de la ausencia de inversión del sector privado, han sido constantes en el período de gobierno. Esta conducta se refleja de forma directa en el estancamiento de la productividad laboral durante el período 2017-2019 (en aproximadamente USD 24,5 constantes por cada 1.000 trabajadores).

En cuanto al sector externo, los datos tampoco son alentadores. La cuenta corriente pasó de un superávit del 0,4% del PIB a comienzos del 2017 a un déficit del 0,4% en 2018 y del 0,1% en 2019. Asimismo, entre 2015 y 2018 la intensidad tecnológica de las exportaciones del país se vio aún más mermada. Específicamente, la exportación de materias primas (no petroleras) se incrementó del 70% al 73%, en detrimento de la exportación de los bienes intermedios —de mayor intensidad tecnológica— que pasaron del 10% al 6%6. En particular, la exportación de bienes ligados a la computación, comunicaciones y otros servicios cayó 6%. La misma tendencia se refleja en las importaciones, ya que ha existido una disminución en la adquisición de bienes de capital para concentrarse en bienes de consumo.

PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS

Para recuperar la democracia por la vida y la reproducción de la vida, las primeras medidas se deben enfocar en el empleo y el crecimiento económico, en pro de reconstruir el mercado interno y articular otros mercados a nivel regional e internacional, en el marco del cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esto implica, por otra parte, que la inestabilidad financiera provocada por el sobreendeudamiento se debe abordar con transparencia y soberanía, en los que se atienda siempre a la necesidad ineludible de garantizar procesos de crecimiento inclusivo (poniendo por delante el trabajo sobre el capital) como único recurso para afrontar los compromisos.

A largo plazo, requerimos un cambio de fondo en nuestras relaciones laborales, para abarcar el reconocimiento y la reciprocidad en la distribución de los tiempos dedicados al cuidado y el disfrute; y, en general, nuestra manera de ser y estar en el planeta, amenazado por patrones de acumulación depredadora de la vida.

Por eso resulta imprescindible enfrentar el actual escenario de debacle económica con un amplio acuerdo social para la generación de riqueza a partir del fortalecimiento de capacidades productivas e innovadoras: estabilizar el crecimiento y los niveles de producción agregada, lo cual consiste tanto en detener la caída de la producción como en recuperar los niveles de producción real; recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización; impulsar la transición hacia una economía pospetrolera: estimular la producción no petrolera con énfasis en sectores de valor agregado, procurando en ese proceso un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alta incorporación de conocimiento y tecnología frente a la producción total.

También es necesario orientar la política económica y la política laboral hacia la recuperación y mejoramiento de los niveles de empleo, a la par que se incentiva a las micro y pequeñas empresas mediante regímenes simplificados y exenciones en los niveles de tributación, que les permitan mantenerse y evitar cierres ante la crítica situación económica que enfrenta el país; realizar una auditoría integral de la deuda pública (externa e interna).

Y el Estado debe cumplir una función en la reactivación económica y productiva: hay que recuperar la inversión estatal en los sectores sociales y aplicar los presupuestos sociales sectoriales de acuerdo a las proporciones señaladas en la Constitución; así como recuperar y reconstruir la capacidad del sector público para brindar servicios esenciales y de calidad en las áreas de salud, educación, inclusión social, justicia y seguridad.

Confirmado.net

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