Existe mucha preocupación en el exterior respecto a las decisiones que adoptan los organismos electorales en la campaña electoral en el Ecuador. La proscripción de Rafael Correa y del movimiento Compromiso Social son parte de la estrategia internacional para impedir la participación del progresismo en las elecciones de febrero de 2021.
En este contexto, el pasado 12 de octubre de 2020, 60 juristas, académicos e intelectuales de América Latina y la Unión Europea, suscribieron una carta pública dirigida a los magistrados y magistradas del Tribunal Contencioso Electoral, mostrando su preocupación por el intento de proscripción política al binomio de Centro Democrático Andrés Aráuz- Carlos Rabascall, candidatos del progresismo.
Adoración Guamán catedrática ecuatoriana radicada en España, profesora titular de derecho del trabajo y de la seguridad social en la Universitat de València. Doctora (PhD) en Derecho por las Universidades de Paris X-Nanterre y Valencia, con premio extraordinario de doctorado, mostró su preocupación por el desarrollo del proceso electoral ecuatoriano.
«La sensación que se tiene ahora entre los juristas que miran el desarrollo de la democracia en el Ecuador es de mucha preocupación, en ese sentido 60 académicos, juristas, intelectuales europeos y latinoamericanos hemos firmado una carta manifestando la preocupación por la salud democrática en Ecuador ..»
Preocupación por la salud democrática en Ecuador
«Existe una alianza reaccionaria que está utilizando el poder judicial con el poder económico para proscribir al progresismo y la transformación social, han utilizado el lawfare supuestamente para luchar contra la corrupción y para ello han ubicado un eje más grave que es el eje jurídico penal frente a cualquier disenso político y por ahí está la expansión del delito de rebelión.»
A la iniciativa académica de onda preocupación por la democracia en Ecuador se han sumado diversas organizaciones sociales y ciudadanos de todas partes del mundo que piden a las organizaciones electorales posibilitar la mayor participación política posible y no la proscripción.
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