¿Y la Constitución no existe para los leguleyos del CNE? (O) Leonardo Velastegui Ramos

Consejo Nacional Electoral

No ha pasado un mes que el Concejo Nacional Electoral CNE, decidió no inscribir como Precandidatos al Binomio Presidencial Arauz-Correa, fundamentándose en una leguleyada de última, no solo por la arbitraria y acelerada , sino, por la inconstitucional   reforma al Reglamento de Democracia  Interna, por parte del CNE, el 6 de julio de 2020, contraviento groseramente expresa norma Constitucional,  en rigor,  lo  determinado en  el Art. 117.- que textualmente dispone  “Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones.”

La Real Academia de la Lengua Española, tiene tres acepciones para leguleyo:discutidor; persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, y persona que hace gestiones ilícitas en los juzgados.” Traigo a colación esta acepción, por cuanto, el Concejo de Diana Atamaint, desde que se inició el actual proceso electoral 2021, han ido  de tumbo en tumbo, de  leguleyada  en leguleyada,  de tratar de tapar el lodo con fango,  a tal nivel han caído que, el pseudo Contralor Pablo Celi, con una  leguleyada  de  última  hora,  les  puso a descalificar  movimientos  políticos como “fuerza de tarea”  y cuando creíamos que este Pleno, no podían caer más bajo,  el empleado del mes del FMI, el inefable Richard Martínez, con otra leguleyada estilo  Scrooge ( protagonista ávaro del Cuento de Navidad” de Charles Dickens), les entrega los recursos económicos para el proceso electoral a cuenta gotas, como haciéndoles una obra de caridad,   como a mendigos mismo.

Pese haber sido tan maltratados por los otros “Cruzados contra el Correísmos” este Pleno de estropeados y estropeadores de la Democracia, insisten en pretender descalificar ahora ya al Binomios Arauz-Rabascal, con las más baja y antigua de las leguleyadas “el vacío legal” pues ellos, los jueces descalificares: “CNE, más los medios de comunicación independientes y unos cuantos abogados contratados para repetir este libreto y no la Constitución o la Ley.”  Nos quieren hacer creer a los ecuatorianos que, al no haber aceptado Rafael Correa, la candidatura a vicepresidente de forma presencial ante el CNE, no existe precandidato Vicepresidencial que pueda ser remplazado cuando el CNE rechace tal candidatura, por lo tanto, no le puede remplazar en la candidatura vicepresidencial el Ing. Carlos Rabascal, y consecuentemente el nuevo binomio no podría inscribirse a causa de este vacío legal.                        

Ante tanta falacia jurídica y sobre todo ante tanta mala fe, que ya raya la indecencia de dichos funcionarios y actores mediáticos, me voy a permitir recordarles y enunciar algunos preceptos principalmente de orden CONSTITUCIONAL, empezando por el Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, CPR, que textualmente dice: “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: …   3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”

Para ir armado el rompecabezas de los derechos y garantías constituciones que podrían estar en riesgo, me permito replicar textualmente el Art 61 de la CPR, sobre los derechos políticos, Capítulo Quinto. Derechos de participación.  “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1.- Elegir y ser elegidos”

Con el temor y riesgo que este modesto editorial se convierta en un alegato de derecho constitucional, pero la democracia lo vale, me permito recordarles que el Art. 1 del CPR, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano. Además, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 Sobre el referido precepto el Constitucionalista Ramiro Ávila [1] de forma categórica escribe “El Estado de Derechos. – En el Estado constitucional de derechos, todo el poder público y privado, está sometido a los derechos, que son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores al Estado. Someten y limitan a todos los poderes incluso al constituyente.”

Ante tanto desatino del Pleno del CNE, creo que, si les hace falta castigarlos, como lo hacía   nuestros querido Profes de la escuela, que escriban 50 veces el Art 226 de   la Carta Magna, que dice “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”

 Por último, solo para reforzar, sí nos hace falta a muchos ciudadanos en especial a los Miembros de Pleno del CNE, recordar el Art. 424.- de la CPR que textualmente dice “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”

En el mismo sentido estas dos joyas más de la CPR, la primera el Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente:  La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.”

La segunda joya el Art. 427.- “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional”

En buen romance, ante el supuesto vació legal, generado por el mismo CNE, las expuestas normas de más alta jerarquía del Estado ecuatoriano, definen de forma clara y contundente el camino a seguir, a fin de no poner en riesgo el derecho constitucional de elegir o ser elegido, no solo del binomio presidencial Araúz-Rabascal, sino, de miles o millones de ecuatoriano que vamos a votar por ellos. Deben las Autoridades y los órganos electorales del Estado proteger este irrenunciable derecho y no andarse en leguleyadas, con el antidemocrático interés que Lasso – Lenin ganen por descarte y no en una Lid electoral como aspiramos el 70 % de ecuatorianos.       


[1] Ávila Santamaría Ramiro, Desafíos Constitucionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva., 1ra ed., Justicia y Derechos Humanos; Neoconstitucionalismo y Sociedad (Quito, Ecuador: V&M Gráficas, 2008).

Confirmado.net

- Publicidad Bottom Ad -