Frente de Profesionales denuncian al Ecuador y al mundo intento de proscribir al binomio del progresismo. Invitan a estar alerta

Profesionales de Ecuador, Brasil, Argentina, Europa, becarios expresa su preocupación por el intento del fraude electoral

Centenares de profesionales, académicos, trabajadores, becarios del Ecuador y del mundo que representan a diferentes sectores de la educación, salud, economía firmaron un manifiesto en defensa de la democracia y en condena al intento de proscribir la participación del progresismo en las elecciones de febrero de 2021.

“Ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos y del mundo, pertenecientes a diversos movimientos, sectores y grupos sociales, nos declaramos en una vigilia por la democracia en el Ecuador, y denunciamos a la comunidad internacional el intento de proscrib¡r al binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascall e invitamos a todos los sectores democráticos a estar alerta ante cualquier intento de golpe electoral..”

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA!!

La premisa de que la democracia es un régimen político en el que los que gobiernan son elegidos por medio de procesos electorales libres y competitivos [1], implica que un sistema electoral democrático funciona en condiciones de igualdad para todos los agentes, a nivel institucional y social, con fundamento en: i) Libre concurrencia, relativa a que cualquier individuo-candidato puede participar, sin que esto afecte que el resto tome la partida; ii) Información perfecta, concerniente a que se presentan datos transparentes y claros entre candidatos y hacia los electores; y, iii) Ausencia de barreras de entrada y salida, que aluden a que cualquier candidato puede participar o abandonar la contienda electoral.

En el contexto en mención, si la acción de un externo menoscaba uno o varios de los factores en referencia, la libre competencia se ve afectada, lo cual da lugar a una situación de imperfección, atentatoria a la democracia. Así, la simple pretensión de prohibir arbitrariamente la participación legítima de un binomio electoral para la presidencia y vicepresidencia de la República se constituiría en un ataque al régimen democrático.

Si bien el desarrollo exige gobernabilidad democrática, esta última debe tener ciertos atributos, que escasean en la realidad actual de latinoamérica [2], en los cuales existe más bien una democracia delegativa, con un “capitalismo de pasillo” que dista de una verdadera economía de mercado. Esta forma de capitalismo se erige a través de élites políticas y grupos económico-empresariales que mantienen intereses comunes y actúan alineados [3], determinando así el equilibrio en la estructura de impuestos, subsidios y otros favores en beneficio del grupo [4].  En estos sistemas la democracia se ve dañada por: i) Autoridades políticas acusadas de corrupción (por ejemplo reparto de hospitales); ii) Denuncias de sobornos a legisladores y jueces (60% de los legisladores tienen algún proceso en investigación); iii) Procesos y resultados electorales viciados (extinción autoritaria de partidos políticos, interpretación de normativa a conveniencia, prohibición de participación electoral); constantes paralizaciones de actores importantes que ven conculcados sus derechos[2]. Todas estas condiciones las hemos sufrido en Ecuador en los últimos tres años, de manera frecuente.

Estos elementos dan cuenta de la resistencia para salir de la estructura tradicional hegemónica, consistente en ejercer la política como un bien propio y exclusivo de un grupo social [6] que posee, a la vez, el poder económico y, a través de pactos sociales -entre quienes son parte de estos grupos o, en su defecto, sus aliados-, busca controlar otros sectores para lograr mecanismos de “legalidad forjada”, desconociendo los principios constitucionales, el ordenamiento jurídico y la legitimidad, y que tienden a proteger y blindar sus atropellos

Esta situación confirma las características de economía política que rigen en el país, reflejada en un gobierno supeditado a los intereses de las oligarquías financieras y empresariales, nacionales e internacionales, que sin decoro han impuesto su plan de acción, dejando de lado la propuesta gubernamental por la que votó el pueblo ecuatoriano.

Ahora, ante un incremento de consciencia social, representado en la abrumadora muestra de apoyo al proceso histórico de la Revolución Ciudadana, hay quienes desean impedir su participación electoral, reafirmando la existencia del “capitalismo de pasillo” que condenaría al país a un sistema democrático ineficiente, selectivo y clientelar, en flagrante transgresión al derecho de millones de ciudadanos para elegir un camino hacia el verdadero desarrollo económico y, en línea con lo manifestado, optar soberanamente sobre un proyecto que incidirá decisivamente en su futuro. La disminución de derechos es una constante de la senda neoliberal, que actúa más como un dogma que como un modelo económico, limitando la vida a condiciones impuestas por el mercado y a intereses de grupos fácticos.

En este campo, el de los derechos, los poderes del Estado han traicionado su deber garantista, lo cual trasciende del posible impedimento de inscripción de una candidatura, pues lo que realmente está en riesgo es la oportunidad de contar con propuestas diversas y acciones estatales que mejoren las condiciones de vida de los habitantes, fortalezcan los procesos organizativos, protejan derechos esenciales, los mismos que, en los hechos, han sido conculcados por quienes están llamados a resguardarlos; por lo tanto, dejar esta discusión en el campo de lo electoral representaría reducir la integralidad de la visión y el ejercicio de derechos. Lo electoral es la puerta de entrada, pero no se presenta como aspecto único, pues de este depende, en gran medida, el ejercicio de otros igualmente fundamentales.

Urge reflexionar en torno a la efectiva vigencia del “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático y soberano (…)”, que se consagra en la Norma Suprema de la República, así como respecto a si los Órganos e Instituciones estatales actúan con apego al ordenamiento jurídico nacional y motivan adecuadamente sus actos, en el marco del derecho público, conforme al cual “lo que no se encuentra permitido se entiende prohibido”, que encarna significativa importancia, a la luz de la garantía que debe cobijar a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Resulta lamentable, aunque necesario, hacer referencia lógica a que el punto de inicio de cualquier controversia jurídica sobre la perniciosa pretensión de proscribir listas o candidatos debe ser la existencia de una norma que haga factible tal hecho, aunque es conocido que esta no existe; asimismo, la ciudadanía, a la que se le coartaría su derecho a “elegir”, de darse tal escenario, debe mantenerse alerta y vigilante frente a las resoluciones que, de manera obligatoria y exclusiva, debe expedir el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues estas son indispensables para que los procesos continúen, de acuerdo a la Constitución, la Ley y los Reglamentos aplicables.

Si la prosperidad económica requiere de mantener y fortalecer la democracia [5], es nuestro deber, como ciudadanos que buscamos mejores días para nuestro país, el defender un proceso electoral transparente, sin dejar de lado a ningún binomio, mucho menos al que claramente representa a la gran mayoría social, históricamente excluida y que clama por recuperar la educación, la salud y el empleo, básicos para generar oportunidades y condiciones de progreso.

En este sentido, nosotros, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y del mundo, pertenecientes a diversos movimientos, sectores y grupos sociales, nos declaramos en una vigilia por la democracia en el Ecuador, y denunciamos a la comunidad internacional el intento de proscribir al binomio conformado por Andrés Aráuz y Carlos Rabascall e invitamos a todos los sectores democráticos,  a estar alerta ante cualquier intento de golpe electoral.

Referencias:

[1]      A. Przeworski, “Democracia y desarrollo económico,” in Regímenes políticos. Orígenes y efectos, Buenos Aires: CAF, 2016, pp. 189–223.

[2]      É. Moncayo Jiménez, “Relaciones entre democracia y desarrollo en los países andinos. Una reflexión desde la economía política,” Rev. Econ. Inst., vol. 8, no. 14, pp. 167–190, 2006.

[3]      A. Krueger, “Why crony capitalism is bad for economic growth,” in Crony capitalism and economic growth in Latin …, 2002, pp. 1–23.

[4]      G. S. Becker, “A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence,” Q. J. Econ., vol. 98, no. 3, p. 371, 1983.

[5]      S. M. Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” Am. Polit. Sci. Rev., vol. 53, no. 1, pp. 69–105, 1959.

[6]      J Capdeville, “El concepto de habitus: con Bourdieu y contra Bourdieu” Rev. Andaluza de Ciencias Sociales. no. 10, pp. 31 – 45, 2011.

Confirmado.net / Frente de Profesionales

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