El 7 de septiembre de 2020 será recordado como un día de infamia y vergüenza para la justicia y la democracia. La persecución, la judicialización de la política, la proscripción electoral de líderes progresistas estuvieron presentes ese día en el Ecuador, la región y el mundo con la ignominiosa sentencia condenatoria en el caso “Bochornos” y la consecuente proscripción de la candidatura en las próximas elecciones del Presidente Rafael Correa; con la revisión de las medidas cautelares dictadas contra la Prefecta de la Provincia de Pichincha, Paola Pabón, sobre la base de una información falsa, certificada como tal por varias Embajadas acreditadas en el Ecuador; en la inhabilitación en Bolivia de la candidatura como Senador del Presidente Evo Morales, víctima de un golpe de estado en noviembre pasado; y en la reanudación en Londres del juicio de extradición a los Estados Unidos de América de Julián Assange, que marca la persecución del denunciante de crímenes contra la humanidad por los perpetradores de tales hechos.
El caso “Bochornos” y su sentencia no resisten un análisis serio, según ha sido puesto en evidencia por juristas independientes. Pero la judicialización de la política no está marcada solamente por la carencia de fundamentos del caso, sino por la acción, la influencia y la presión ejercida sobre los órganos jurisdiccionales. Desinformación, manipulación, tergiversación y sentencias anticipadas con un único objetivo político: eliminar de la contienda electoral a Rafael Correa. La simple revisión de la gran prensa nacional en las últimas semanas corrobora lo anterior: juristas que aseguraban que la sentencia estaba ejecutoriada antes del recurso de casación con todos sus efectos legales; conocidos articulistas que subrayaban que una sentencia absolutoria desataría protestas del Pacífico a los Andes o manifestaciones populares que cantarían “la Marsellesa”; otros periodistas marcaban una línea divisoria entre el bien y el mal, identificando al primero con una sentencia condenatoria; y numerosos activistas y periodistas muy identificados repetían dislates de esa naturaleza en las redes sociales.
Hoy esta gente, vinculada, dependiente y admiradora de los grupos oligárquicos más reaccionarios del país, aquellos que guardaron silencio ante la masacre del ingenio “Aztra” y el terrorismo de estado, que se beneficiaron del feriado bancario y del dolor de los ecuatorianos, y más recientemente justificaron y apoyaron la brutal represión de octubre, festeja esta ignominiosa sentencia. Sin embargo, ninguna decisión judicial basada en el odio político, en intereses bastardos, es duradera porque carece de legitimidad ante las grandes mayorías y la justicia verdadera. La persecución y la judicialización de la política son enemigas de la democracia y la justicia. Y los pueblos lo saben. Lo propio ocurre en el escenario internacional, como lo corroboran las manifestaciones de apoyo y solidaridad ante el burdo atropello cometido.
Rafael Correa, Evo Morales y Paola Pabón son líderes populares auténticos, cuyos triunfos electorales demuestran su legitimidad y aceptación mayoritaria. ¿Cuándo vivían mejor los ecuatorianos y bolivianos? ¿Con Correa y Evo? ¿Con Moreno y Añez? Los pueblos son sabios y justos. No olvidan los gobiernos y los líderes que luchan contra la pobreza y la desigualdad; que son comprometidos con los más pobres y vulnerables; que priorizan la salud, la educación y el trabajo de todos; que privilegian al ser humano sobre el capital; que defienden la soberanía y la dignidad nacional. Ninguna sentencia anula las obras, los sentimientos y el reconocimiento popular. La persecución únicamente hace más evidente el miedo de las oligarquías ante el poder popular. Con la sentencia del caso “Bochornos” solamente han condenado al progresismo a vencer en las próximas elecciones.
Este nuevo “Plan Cóndor” busca evitar el retorno de los gobiernos progresistas en nuestra región. Lo consiguieron en Brasil y fracasaron en Argentina. Bolivia y Ecuador son los escenarios inmediatos. Los pueblos triunfarán y prevalecerán la democracia y la justicia.
Finalmente, en esta página de vergüenza no puedo dejar de citar la reanudación en Londres del juicio de extradición a los Estados Unidos de América de Julián Assange, que es una consecuencia directa de la servil política exterior del gobierno de Moreno y de su ignominiosa entrega al Reino Unido, contraria a nuestra Constitución, a los instrumentos internacionales de la materia y a nuestra tradición jurídica como país de asilo y refugio.
Toda mi solidaridad con Rafael Correa, Evo Morales, Paola Pabón, Julián Assange y las demás víctimas de esta terrible persecución. ¡Venceremos!
Artículo firmado por Fernando Yépez Lasso, exvicecanciller de la República
