“Cuándo serán nuestras consciencias lo suficientemente sensibles como para impedir la miseria humana antes de que nos avenga?
Eleonor Roosevelt.
Como si ya no tuviéramos suficiente con toda la podredumbre que significa el reparto de los hospitales para asegurar adhesiones y lealtades políticas, como si no fuera suficiente haber aprovechado la pandemia del COVID19 para lucrarse económicamente con la venta de insumos médicos, como si no habría sido suficiente haber aprovechado la emergencia para realizar pagos de deuda externa en lugar de invertir en el sistema de salud pública, ahora se confirma una nueva red de corrupción, esta vez de nivel miserable pues el ministerio de Salud habría entregado más del 3000 carnets de discapacidad en medio de la emergencia (cuenta de twitter de @fabriciovelav), cosa por demás extraña ya que se suponía que mientras nos tenían guardados y nos pedían “responsabilidad” a todos para frenar el brote del virus, en momentos en los que ninguna institución pública funcionaba, resulta que las áreas administrativas de los servicios de emisión de carnes sí lo hacían y al parecer “eficientemente”.
La “olla de grillos” se destapó como consecuencia de los procesos iniciados a raíz de la caída de la avioneta en la que se encontraba el hoy procesado Daniel Salcedo Bonilla, vinculado en la trama de corrupción que se investiga en los diferentes hospitales del seguro social del país. Luego del escándalo sobre la frustrada huida de Salcedo y otros acompañantes a una supuesta celebración de cumpleaños, se empieza a descubrir lo que para mí es el lado mas oscuro de toda esta maraña. Me refiero a la existencia de carnés de discapacitados que tenían como beneficiarios al propio Salcedo y a varios de sus acompañantes, y que poco tiempo después pondría en evidencia a un sin número de personajes entre los que se identifica a personas de la farándula, asambleístas, políticos, deportistas y ahora hasta jueces de la república.
Como consecuencia de las innumerables denuncias y muestras de desprecio generalizadas, viéndose acorralado nuevamente por hechos vergonzosos en su administración, el presidente Lenin Moreno en cadena nacional, anuncia ciertas medidas para evitar (a decir de él) “que nadie se aproveche de los derechos de las personas con discapacidad”, y entre las medidas que toma, decide suspender de manera inmediata los procesos de exoneración de aranceles para carnés de discapacidad, detención y retención de vehículos importados con exoneración por discapacidad, auditoría al Ministerio de Salud y el inicio de procesos en fiscalía para sancionar a los responsables.
Sin duda que el tono “desafiante” y de “indignación “con el que anunció las medidas, casi nos convence a todos, pues parecería que Moreno “desconocía” de toda esta trama, y como no podía ser de otra manera, siguiendo su línea discursiva e irresponsable, culpó al gobierno anterior por haber “desmantelado la Misión Manuela Espejo y haber trasladado las competencias al Ministerio de Salud”, donde según él las “mafias encontraron otro nido para sus fechorías”.
Discurso que se caería de manera inmediata solo dos días después, cuando su fiel ministra de gobierno, en el marco de la entrega de insumos médicos para la Policía Nacional por parte del Embajador de Estados Unidos en los exteriores de la Comandancia General de Policía, anuncia que el gobierno ya venía realizando investigaciones desde hace 2 años atrás y que inclusive tienen ya procesados y hasta sentenciados en ese tema. Aquí si cabe decir que “la mentira tiene patas cortas y ahora carné de discapacidad”.
Luego de cientos de denuncias, un sin número de vehículos de alta gama importados, un incidente de reducción de pensión alimenticia utilizando fraudulentamente el carné de discapacidad y cerca de 3000 carnés entregados en plena pandemia[1] a vista y paciencia de absolutamente todas las autoridades gubernamentales, aparece el Ministro de Salud Juan Carlos Cevallos[2], el mismo para el que “todo está controlado”, quien tras varios días de silencio, asegura que “unos 2.281 carnés de discapacidad fueron entregados de manera irregular” y que ahora se encuentran en proceso de anulación. Declaraciones que las realiza luego de haber evitado referirse al tema desde que comenzaron las denuncias y haberse detectado irregularidades en allegados al círculo de Daniel Salcedo.
Asambleístas y familiares, futbolistas y hasta jueces formarían parte de este nuevo escándalo que sacude al país, pero principalmente al gobierno nacional pues por más que las autoridades pretendan desmarcarse de su responsabilidad en estos hechos miserables, son ellos los primeros llamados a precautelar que las políticas públicas que se implementen, eviten hechos fraudulentos y que perjudiquen a un grupo tan sensible y prioritario como es el de las y los discapacitados de nuestro país. Fácil resulta para el gobierno suspender todos los procesos de exoneración en los que sin lugar a dudas se encuentran casos legítimos de importación de vehículos acoplados para la movilidad limitada, por ejemplo. Sin embargo, por un grupo de oportunistas sin escrúpulos, tienen que pagar los auténticos beneficiarios de las compensaciones por discapacidad.
Nuestra Constitución de la República en su Art. 3 numeral segundo, dispone: “Son deberes del Estado : Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social”, el Art. 16 establece además que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución”, todo aquello de conformidad con el principio de igualdad ante la ley que implica que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación o diferencia de ninguna índole[3]. Al parecer los involucrados en la trama de carnés de discapacidad, aprovecharon a su antojo lo que implica, que, desde la realidad objetiva, todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y tenemos los mismos derechos para beneficiarse como aquellos seres humanos que tienen diferencias originarias, de nacimiento o por casusas de la vida. Eso se llama miseria humana.
Voy a citar al Dr. Oswaldo Paz y Miño J., cuando dice: “A pesar que todos tenemos alguna minusvalía, algunos la tienen en el alma, que eso sí es grave”, más aún en este país en el que históricamente se ha discriminado a las personas con discapacidad, desde las mismas políticas gubernamentales que han sido incapaces de ser efectivas y que terminan siendo letra muerta frente a las obligaciones que tiene el Estado con sus ciudadanos, mucho mas con las personas en situación de vulnerabilidad.
Las personas con discapacidad son aquellas que padecen de algún tipo o nivel de impedimento físico, intelectual o sensorial, producto de alguna condición médica o por enfermedad mental, dichas condiciones pueden ser por naturaleza, temporales o permanentes. Sin embargo, tales diferencias no deberían ser la excusa para que una sociedad encasille a quienes las padecen, como ciudadanos de segunda o tercera o cuarta clase, como lastimosamente ha sucedido en nuestro país, como consecuencia de la degradación de valores, la indiferencia social del mercado y por una democracia sectaria llena de falsedades.[4]
No es mi intensión individualizar a los personajes que han sido identificados en estos hechos de indignación y vergüenza pública, la historia y espero que las autoridades judiciales sean quienes cumplan con su trabajo y determinen las responsabilidades que correspondan, yo solo quiero propiciar una reflexión profunda como personas y como sociedad, sobre los niveles de degradación moral que hemos alcanzado como consecuencia de la construcción permanente de antivalores, que han sido solapados y legitimados desde el propio gobierno central, mismo que ha sumido al país en un estado permanente de corrupción que hoy en día vemos ha alcanzado los niveles mas repugnantes de bajeza.
Quizá no debería hacerlo, pero me siento en la obligación de terminar este doloroso artículo, recordando que tengo en mi propia familia un caso en el que la persona con discapacidad, hace varios años perdió la visión de uno de sus ojos como consecuencia de su diabetes degenerativa, conseguir el carné de discapacidad para ella fue una misión casi faraónica, al punto que hasta el día de hoy ha sido imposible actualizar su condición.
Ella jamás, jamás nos ha pedido ni ha sentido la necesidad de adquirir un vehículo, mucho menos de alta gama, ella como todas las personas con discapacidad necesitan inclusión, atención y sobre todo que se respeten sus derechos.
Por mi tía y por el resto de personas con discapacidad, ahora insultadas por estos hechos miserables, seguiré luchando y levantando mi voz.
Para Pamelita, este artículo…
[1] Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
[2] Información proporcionada por el Ministro de Salud Juan Carlos Cevallos en conversatorio virtual llevado acabo el jueves 2 de julio de 2020.
[3] Ver: Constitución de la República del Ecuador, artículo 23, numeral 3, La igualdad ante la Ley”, 2008.
[4] Paz y Miño, OSWALDO. “Derechos y Libertades en Términos Iguales”, Los derechos de los discapacitados. DerechoEcuador.com
Culminando último año de derecho. Asesor y consultor independiente. Conocimientos en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Prácticas probatorias en derecho procesal penal (Medellín Colombia) Prácticas en criminología forense (Medellín Colombia)
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