Después de haber evidenciado cómo el gobierno de Moreno y sus aliados, en febrero del año 2018, manipularon a su antojo a la Función Electoral y a la Corte Constitucional para imponernos una Consulta Popular que instrumentó mediante el engaño, el discurso de un supuesto Estado de armonía y conciliación con la democracia, y que en su lugar institucionalizó la vulneración de derechos fundamentales, vemos cómo ahora pretenden nuevamente acorralar al Consejo Electoral, utilizando en esta ocasión a la Contraloría, Fiscalía y medios de comunicación, para ilegítimamente materializar su lógica de “democracia”, bajo la premisa y concepto de Dewey, esto es, sólo como un sistema de gobierno, lo que equivale a suponer que “una iglesia es un edificio con bancas, púlpito y columnas y un hogar es un arreglo geométrico de ladrillos y cemento”[1].
De esa concepción de democracia es que nacen todas las actuaciones del gobierno y las políticas públicas regeresivas que ha implementado, en su gran mayoría, de manera inconstitucional. La perorata repetitiva del vicepresidente de apellido impronunciable, aterriza en un cliché retórico que se deslegitima por si solo pues, asegurar que el gobierno no toma medidas populares sino correctas, es un total contrasentido, toda vez que el mismo segundo mandatario, ha sido el referente del populismo discursivo del gobierno central, que ha romantizado la precarización, la pobreza y el desempleo a un nivel de demagogia que asustaría a Solón y Demóstenes (Defensores de la democracia)[2], y daría la razón a Aristóteles cuando caracterizó a la demagogía como la noción de un gobierno tiránico de las clases inferiores, o, unos que gobiernan en nombre del pueblo,como la “forma corrupta o degenerada de la Democracia”[3].
Las prácticas y políticas del gobierno no solo que han sido anti democráticas sino que fundamentalmente han sido selectivas, todas coordinadas y dirigidas ha anular a su único contendor, el ex presidente Rafael Correa y cualquier movimiento, partido o iniciativa democrática que le permita a él o sus coidearios acceder al derecho constitucional a elegir y ser elegidos. En esos esfuerzos, a parte de todo el aparataje estatal, han reclutado adeptos (aliados) de las mas diversas faunas, trolls[4], juristas, académicos, periodistas políticos, empresarios, banqueros, sindicalistas, movimiento indígena, que comparten un mismo resentimiento y que han sido piezas claves y obedientes para imponer en el imaginario social la necesidad de erradicar ese “mal común” llamado correísmo.
No tuvieron el más mínimo empacho en iniciar la cruzada, de lo que yo llamo la purga correísta, adueñándose, primero, de manera desvergonzada e ilegal, del partido Alianza País, hasta ese entonces referente del progresismo, así como de la coherencia y ética política, ahora transformado en una nauseabunda bodega inservible llena de traición y vergüenza. Posteriormente negaron la inscripción del movimiento Revolución Ciudadana con los argumentos mas inverosímiles y risibles que se podía esperar: “ que Revolución Ciudadana era la consigna de Alianza País”; que “alfarismo es pensamiento liberal y no socialista”, para luego, persistiendo con la cruzada, mediante argucias jurídicas, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, impidieron la presentación de firmas (470.000) que fueron recogidas legítimamente para la inscripción del movimiento MANA; vale decir que ni siquiera hubo la oportunidad para que dicho movimiento acceda a un proceso de revisión e impugnación, como si pudieron hacerlo otros movimientos, y lo ordenaba el Código de la Democracia.
Finalmente, y a última hora, luego de haber optado por una alianza con el Movimiento Compromiso Social, terció en las elecciones de 2017-2019, y, en contra de todos los partidos y movimientos, el gobierno nacional, los medios de comunicación y sin recursos, se consolidó como la segunda fuerza electoral con más de tres millones de votos, y transformándose en una potencial alternativa para las elecciones próximas del 2021. En este escenario aparece la proscripción ordenada por el Contralor del Estado, pretendiendo vulnerar y bloquear nuevamente las legítimas aspiraciones de participación democrática de un movimiento, por el único “pecado” de contar entre sus filas con el ex presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado.
¿Quién es este Contralor General del Estado?
No es mi intensión realizar una descripción bibliográfica de un personaje tan nefasto, sino mas bien poner en contexto cómo este llega, está y se mantiene en el cargo de Contralor General del Estado.
Recordemos que luego de la turbulenta salida del ex Contralor Carlos Pólit, hoy procesado y prófugo, como consecuencia de las denuncias que lo vincularon en el delito de peculado dentro del caso Odebretch; Pablo Celi de la Torre lo subrogó en el cargo. Sin embargo, Pólit, que en aquel momento aún ostentaba el cargo de Contralor General, pues no había sido destituido, emitió una Acción de Personal con el cese de funciones en contra de Pablo Celi, notificación que le fue entregada por los funcionarios de Contraloría y que éste rompiera negándose a recibirla, mucho menos a firmarla. Aquel acto completamente bochornoso, fue grabado y sería el inicio de la subrogación más prolongada y dañosa para el país, así como para personas y familias que se verían afectadas con el accionar de este personaje.
Celi, es la única autoridad que se ha mantenido en calidad de subrogante desde junio del año 2017, sin que haya pasado por la evaluación que en su momento realizaría el mamotreto llamado Consejo de Participación y Control Social Transitorio, ni tampoco haber sido posesionado por la Asamblea Nacional, como corresponde constitucionalmente (Art. 120.11 Constitución de la República).
Este señor, juez de cuentas del Estado, es el que se ha encargado de convertir a la Contraloría General en un mercado de pulgas de exámenes de control y auditorías, alejando a la institución del rol privativo que le confiere su Ley Orgánica, que es el de dirigir el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado y regular su funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y evaluar la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. En su lugar ha generado un híbrido institucional que materializa acciones persecutorias de carácter político, limitando el accionar de opositores (correistas), mediante la amenaza de sanciones pecuniarias, civiles, administrativas o penales, excediendo sus atribuciones y desnaturalizando su función.
Ahora, el gobierno a través de su ejecutor- contralor, despliega un nuevo intento para anular la participación política de la Revolución Ciudadana, ordenando al organismo electoral que deje sin efecto la inscripción del movimiento Fuerza Compromiso Social, en esta ocasión, claro esta, para impedir la participación de esta agrupación en las elecciones del 2021. Esto mediante el despropósito jurídico de arrogarse ilegítimamente competencias sobre el registro o extinción de organizaciones políticas (privativo de la Función Electoral) con lo que se materializa una vez mas la persecución y la vulneración al principio de independencia y división de poderes, más aún, en momentos que el Consejo Nacional Electoral es autoridad máxima, desde el 12 de marzo, fecha que se aprobó el calendario electoral y se dio inicio al período y proceso electoral.
Como consecuencia, y por la presión pública para que el Consejo Nacional Electoral actúe de conformidad con sus atribuciones frente a los intentos de intromisión de la Contraloría, su presidenta Diana Atamaint, en declaraciones públicas, informa que el organismo ha cumplido la recomendación de vigilar la situación jurídica de los movimientos políticos, refiriéndose al informe del Examen Especial a los sistemas informáticos, e infraestructura tecnológica, utilizados en la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas (…)(Informe DNA1-0053-2019, 15/08/2019), producto del cual el CNE dispuso mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de las Organizaciones Políticas, del Movimiento Nacional “Fuerza Compromiso Social” Lista 5, toda vez que, los actos administrativos con los que se le otorgó la personería jurídica han causado estado y se encuentran en firme (R. PLE-CNE-6-2-1-2020, 02/01/2020).
Sin embargo, respecto a las pretensiones actuales del Contralor, encaminadas a eliminar organizaciones políticas del registro electoral, Atamaint aclaró que aquello es competencia privativa de la Función Electoral, por ende, excede los alcances de las recomendaciones del examen especial que ya fueron cumplidos por el organismo que representa y, cualquier acto en contrario es una intromisión a la independencia de funciones. Dichas declaraciones brindaron algo de esperanza, pues todo indicaba que el CNE haría respetar su calidad de autoridad máxima. Sin embargo, como en el morenato la realidad siempre supera la ficción, aún nos tenían preparado un nuevo episodio vergonzoso, y sobre todo peligroso que, desde mi punto de vista, aclararía lo turbio de esta situación.
Me refiero a la preocupante denuncia realizada por el ing. Paúl Carrasco en la que (bajo su responsabilidad) hace pública una conversación que habría mantenido con el concejero Luis Verdesoto del CNE, en la que manifestó, y cito: “hay que alargar el plazo tanto de la inscripción, como de la primera y la segunda vuelta, porque precisamente la justicia no iba a alcanzar a sentenciar al señor Correa y el podía ser candidato, me dijo que a presidente y vicepresidente no, pero si a asambleísta”.
Esto sin duda es el corolario en este nuevo capítulo de intentonas gubernamentales sistemáticas y claramente articuladas que, por sus personajes y como han sido ejecutadas, podrían calificar como presuntos actos colusorios, encaminados a bloquear, principalmente, una eventual participación de Rafael Correa en las próximas elecciones, y que, mas allá de eso, procuran anular las legitimas pretensiones de un movimiento político y miles sino millones de ciudadanos que quieren y deben participar en la contienda electoral y ejercer así sus derechos políticos de participación para poder elegir y ser elegidos.
Creo que aquí no solo está en juego la legítima participación del ex presidente Correa y del partido Fuerza Compromiso Social (entre otros), en el proceso electoral que se avecina, aquí está en juego la democracia en su conjunto, el derecho que tenemos todas las personas a participar en la vida política y construcción democrática y jurídica de nuestro país, pues, ¿qué garantía de democracia nos puede brindar un Estado a los ciudadanos, cuando tiene como práctica sistemática utilizar todo el aparataje gubernamental en actos de proscripción política selectivos para bloquear a sus opositores?.
La proscripción electoral, la pretendida anulación del otro, del diferente, del opositor, del que piensa distinto, sin duda es la versión electoral, pero igual de enfermiza, desesperada y dañina del LawFare que implementa el gobierno nacional, donde convergen intereses anti democráticos que son convenientemente ejecutados por autoridades (como el Contralor o los vocales Pita y Verdesoto); judiciales (como Fiscalía, juezas y jueces); aliados (partidos y movimientos que piden aplazar calendario electoral) y, medios de comunicación que son los encargados de romantizar, naturalizar, cuando no banalizar los despropósitos.
Es nuestra obligación estar atentos, muy atentos y activados, porque nos pueden quitar todo, pero jamás nuestros derechos…
[1] Dewey, John, «The ethics of democracy», cit. por Guerrero Gutiérrez, «La democracia y la nueva trinidad: libertad, igualdad, civilidad», en varios autores, Valores de la democracia, México, Instituto Federal Electoral, 1998, p. 118.
[2] «Demagogia». En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/demagogia/ Consultado: 26 de junio de 2020.
[3] Castelazo, Alberto, “¿Qué es la demagogia?, “La Política vista de otra forma”, Política Gurú versión digital, GRUPO VALBO, mayo 2018.
[4] (Identidades falsas que se utilizan en redes sociales que provocan de manera intencionada y dirigida la difusión de contenidos específicos; pueden ser personas individuales o centros de control digital que prestan ese servicio conocidos como “Troll Center”.)
Culminando último año de derecho. Asesor y consultor independiente. Conocimientos en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Prácticas probatorias en derecho procesal penal (Medellín Colombia) Prácticas en criminología forense (Medellín Colombia)
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