Indígenas Waorani dicen que justicia acepta parcialmente demanda contra Estado ecuatoriano

Pueblo Waorani corre riesgo por la propagación de la Covid-19 (Imagen SALSA)

Una jueza ecuatoriana aceptó parcialmente una demanda interpuesta contra el Estado ecuatoriano por la comunidad waorani por la falta de acción en sus territorios ante el covid-19

“Hoy día, la justicia ecuatoriana nos da la razón en nuestra petición de medidas cautelares frente al grave incumplimiento y la ausencia del Estado ecuatoriano durante la pandemia. El pueblo Waorani y nuestros hermanos y hermanas Tagaeri y Taromenane se enfrentan a graves riesgos por la expansión del virus en la Amazonía”, dijo Gilberto Nenquimo, presidente de la Organización Waorani de Pastaza en un comunicado difundido el jueves.

Según Nenquino, el miércoles una jueza de la Corte de Justicia de Quito (norte) resolvió aceptar parcialmente la demanda interpuesta por la nacionalidad Waorani, que alegó, en la demanda, la ausencia de una respuesta inmediata y atención prioritaria frente al peligro por la propagación del covid-19 en los territorios de esa etnia.

La resolución judicial llega 27 días después de haber interpuesto la demanda por medidas cautelares.

Entre otras medidas, el fallo otorga al Ministerio de Salud Pública un plazo de ocho días para ubicar a las personas con sintomatología relacionada al covid-19 y diagnosticar la presencia del virus en las comunidades waorani de Toñanpare, Meñepare, Obepare, Nemompare, Bataboro, Gareno, Conipare, Miwaguno, Yawerpare, Guiyero, Dicaro.

En el mismo plazo, las autoridades deberán identificar las necesidades de salud y subsistencia básica de las comunidades y asignar personal médico, equipos e insumos suficientes a los centros y subcentros de salud.

Los gobernadores de las Provincias Napo, Pastaza y Orellana, localizadas al este de Ecuador, también tendrán ocho días para coordinar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y los dirigentes Waorani el abastecimiento de alimentos suficientes y propios de las comunidades waoranis.

En un lapso similar, la Secretaría de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua están obligados a informar sobre las acciones de vigilancia y control realizadas al personal que labora en las empresas, en especial las petroleras nacionales y extranjeras, que se movilizan en territorio waorani.

Además, esos ministerios deberán informar si se cumplen protocolos de salud necesarios para evitar contagios entre la población.

La Defensoría del Pueblo deberá dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas cautelares.

La sentencia no dio paso a la moratoria o suspensión de las actividades extractivas (petroleras y madereras), planteada en la demanda.

Sin embargo, para la nacionalidad Waorani la decisión de la jueza es significativa porque hace hincapié en la obligación de coordinar cada una de las acciones con las autoridades de esa etnia, con lo que a su juicio “se reafirma la importancia de la autodeterminación y los sistemas de gobernanza propios de los waoranis”.

No obstante, Nenquino dijo que la justicia actuó en forma tardía, en un contexto donde el riesgo se ha exacerbado, los contagios han aumentado y las muertes no han cesado.

Con información de Agencia Sputnik

Confirmado.net

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