Estados de excepción y elecciones: ¿Una oportuna casualidad? Ernesto Pazmiño Ch

Lo que preocupa de todo esto es la discrecionalidad, falta de coherencia e irresponsabilidad con la que se establecen estos estados de excepción.

Vivimos tiempos en los que se nos pide “disciplina” mientras nos jugamos la vida día a día tratando de acoplarnos a las decisiones del gobierno y del COE nacional en la llamada “nueva normalidad”, mientras retomamos las actividades para reactivar la producción, en medio de una economía devastada por políticas que han normalizado la precarización laboral y los ajustes para el pueblo, y por otro lado han institucionalizado las prebendas y remisiones para los aliados del gobierno, dueños de los monopolios y el poder económico. Vivimos en un país sin fuentes de trabajo, sin garantías de estabilidad laboral y sumido en la peor y mas vergonzosa crisis de corrupción de la historia.

Paralelamente tenemos a un presidente que gobierna por twitter y delega funciones, un vicepresidente puesto a dedo con un solo voto (el del presidente) que sigue en campaña electoral permanente, y que cree que hace patria entregando una placa de “reconocimiento” a una profesora en Manabí, que lo que necesita es estabilidad laboral, remuneraciones dignas y oportunas, un secretario de gabinete que confirma que la Fiscal General fue puesta por el propio presidente, y una ministra de gobierno a la que le toca esquivar a diario las “balas” de las acusaciones de corrupción, que la vinculan a ella directamente y a su círculo íntimo.

Mientras todo eso sucede, el gobierno a través del presidente en la noche del 15 de junio de 2020, dicta el tercer Decreto Ejecutivo de estado de excepción, que se suma al suscrito el 16 de marzo de 2020 (decreto No. 1017), mismo que fue ampliado por 30 días adicionales a partir del 15 de mayo y que tenía su fecha límite este 15 de junio de 2020.

Lo que preocupa de todo esto es la discrecionalidad, falta de coherencia e irresponsabilidad con la que se establecen estos estados de excepción. Más allá del análisis y el control formal y material  sobre el cumplimiento de los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y racionabilidad que le competen a la Corte Constitucional (que ha dejado mucho que desear), causa intriga entender las verdaderas motivaciones (político-electorales) del gobierno para mantenernos bajo un estado de sitio[1] prolongado, incumpliendo claramente, y en principio, el requisito de la temporalidad.

En ese sentido, vemos como el primer decreto fue suscrito para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID19 bajo la causal de calamidad pública[2], sin que a esa fecha se conociera a ciencia cierta los efectos sociales y económicos que provocaría el virus, mucho menos las implicaciones en la restricción de derechos fundamentales. Ahora, mas de 3 meses después, el decreto No. 1074 se lo suscribe bajo la misma motivación, es decir la de calamidad pública. Sin embargo, el Ministro de Salud (refiriéndose a Quito),  sin duda parecería ser mas optimista que propio decreto ejecutivo, (lo que llama la atención) ya que respecto a los brotes manifiesta que (…) acá en Quito hay brotes pequeños, no quiero minimizar el efecto de brotes, pero no son esa explosión, esa curva exponencial que se vio en Guayaquil (…), y en relación a las denuncias de saturación de los hospitales dice: (…) entiendo la preocupación del alcalde Yunda, eso es respetable, pero los contagios no se ven inmediatamente reflejados en la demanda de camas. (…), (…) No hay un colapso del sistema sanitario, tenemos el número adecuado de camas para atender. (…).

 Al escuchar al Ministro de Salud, realmente me pregunto: ¿Cuál es la verdadera motivación del nuevo estado de excepción?   

Las obligaciones de la administración pública y las pretensiones ocultas

Es principio fundamental y deber primordial del Estado conforme al numeral 1 del artículo 3 de la Constitución, es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derecho humanos. En concordancia, el numeral 9 del artículo 11 del mismo cuerpo normativo establece que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.

Nuestro ordenamiento jurídico establece con mucha claridad que tanto el presidente de la República del Ecuador, los Ministros de Estado y las diferentes autoridades de la función pública, están en la obligación constitucional de velar para que sus decisiones no vulneren de modo alguno el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador, particularmente, los derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos de participación, derecho al voto etc., evitando a toda costa la afectación y vulneración a los derechos constitucionales y convencionales de las y los ecuatorianos así como de las diferentes agrupaciones sociales y políticas que legítimamente puedan participar en la construcción democrática del Estado.

La duda razonable que me genera, respecto de la adopción del nuevo decreto de estado de emergencia, tiene sustento en la prohibición expresa que contempla el Art. 166 de la Constitución ecuatoriana pues establece con toda claridad que El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un período máximo de sesenta días, pudiendo renovarse solo por treinta días más si las causas que lo motivaron persisten, y como ya manifesté en líneas anteriores, existe una clara contradicción semántica entre los motivos del presidente y la posición oficial del Ministro de Salud respecto de la “calamidad pública”.

Aquí cabe una nueva interrogante, ¿Acaso lo que quieren en realidad es legitimar acciones excepcionales e inconstitucionales para aplazar las elecciones presidenciales? ¡Veamos!

Las declaraciones públicas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint, realizadas el lunes 22 de marzo de 2020, van encaminadas a aplazar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 2021, a decir de ella por la emergencia sanitaria que enfrenta el país debido a la propagación del coronavirus COVID19.

La señora presidenta del CNE manifestó que es de preocupación que las fechas sufran algún cambio, esto debido a la prolongación de la emergencia sanitaria. En ese marco también informó que plantearía una consulta ante la Corte Constitucional del Ecuador sobre dicha propuesta y sobre la forma de votación, cosa que excede las competencias de la Corte Constitucional pues el método de votación (aunque modificado a la medida) ya se encuentra regulado en el Código de la Democracia[3].

A su vez, el vocal Luis Verdezoto (vergonzosamente recordado por proponer la multiplicación por 7 de votos positivos y nulos), siguiendo la línea discursiva de Atamaint, afirma que el Ecuador vive un escenario de fuerza mayor y el Código de la Democracia, en varios de sus artículos, permite cambiar las normas ante estas situaciones (Cuenta de Twitter @cnegobec 16.06.20). Por lo tanto, sugiere también que el calendario de las elecciones de 2021 debería ser susceptible de cambio.

En la misma línea y paralelamente, se suman ciertos representantes de organizaciones políticas, todos ellos identificados con la línea gobiernista de Moreno, entre los que se identifican a Gustavo Larrea (Cuenta Twitter @cnegobec 16.06.20) y Enrique Ayala Mora, quienes no perdieron el tiempo y anunciaron un supuesto consenso entre organizaciones políticas (19) para la postergación de la fecha de elecciones con el fin de: “proteger la salud de los electores y la transparencia”(Cuenta Twitter @EAyalaMora 12/06/20).

De lo antes mencionado me resulta imperante establecer que la doctrina concibe a los derechos políticos o derechos del ciudadano, como “aquellos derechos que la Constitución reconoce a todos los individuos para posibilitarles la participación en la expresión de la soberanía nacional” (Amaya, 2006. p. 46), y los derechos civiles que reconocen al individuo en su calidad de hombre y como miembro del aparato social, los cuales “están adscritos a todas las personas humanas capaces de obrar” (Ferrajoli, 2020. p. 40), diferenciándose únicamente en la posibilidad de construir una relación entre ciudadano y Estado (derechos civiles) y entre gobernantes y gobernados (derechos políticos), convirtiéndose los dos tipos, en los instrumentos democráticos y constitucionales que poseen los ciudadanos para ejercer la participación, configurar y decidir en la vida política de un país.

Vamos viendo entonces. El presidente suscribe un nuevo decreto de estado de emergencia por supuestamente mantenerse la situación de calamidad pública, el Ministro de Salud romantiza las cifras, la curva de contagios así como la realidad hospitalaria en un discurso por demás “esperanzador”, y a renglón seguido el Consejo Nacional Electoral y ciertos sectores de organizaciones políticas aliadas del gobierno, inician una campaña para posicionar la necesidad de aplazar las elecciones para supuestamente “proteger la salud de los electores y la transparencia”. Mas claro, no canta un gallo.

Después de tres años de Morenato he aprendido que cada decisión tomada, que se dice ser a favor del pueblo o de los derechos, siempre lleva consigo la certeza de vulneraciones constitucionales, muchas cortinas de humo y un sin numero de actores políticos y de los medios de comunicación mercantilistas que se encargan de vender las políticas regresivas, casi como necesidades humanas naturales, como efectivamente vuelve a suceder en este caso.

Todo indica que la única motivación, así como sucedió en la campaña del 7 veces sí (hoy desenmascarada por el despilfarro de fondos públicos), que convoca nuevamente a sectores políticos de derecha y al gobierno nacional, es la necesidad imperiosa que comparten de evitar a toda costa una eventual participación de Rafael Correa Delgado en las elecciones presidenciales de 2021.

Al parecer todo se reduce a eso, y en ese afán sabemos que volverán a invertir todos los recursos que tengan a su alcance para conseguir su cometido. Sin embargo, ahora viven momentos distintos a los que gozaban cuando impusieron la Consulta Popular, hoy se encuentran bajo la lupa y el escrutinio nacional e internacional como un gobierno corrupto y corruptor.  

En definitiva, no solo sus actos de corrupción tienen ocupado al gobierno, todo indica que el reparto del pastel aún no termina y seguramente seremos testigos de muchos capítulos mas de una falsa legitimidad institucional que sobrevive mediante acciones disfrazadas de políticas públicas “necesarias”.

Son tiempos difíciles y nada esperanzadores, sin embargo, no me cansaré de insistir que solo el pueblo, salva al pueblo. 


[1] En el estado de sitio se tiene que hacer mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende, mientras que en el estado de emergencia se especifica qué derechos pueden restringirse o suspenderse.

[2] Constitución de la República del Ecuador, 2008. SECCIÓN CUARTA. Estados de excepción. Art. 164.

[3] MÉTODO DE WEBSTER. Método aprobado en las reformas al Código de la Democracia de 3 de diciembre de 2019. Se utiliza para distribuir las curules de los asambleístas nacionales y se extiende para los escaños de asambleístas provinciales.

Ernesto Damián Pazmiño Ch.

Culminando último año de derecho. Asesor y consultor independiente. Conocimientos en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de  Derechos Humanos. Prácticas probatorias en derecho procesal penal (Medellín Colombia) Prácticas en criminología forense (Medellín Colombia)


Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net

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