Jamil Mahuad alega ante Corte Nacional que se violó el debido proceso y sus derechos constitucionales

Jamil Mahuad fue electo presidente en 1998 y cesado en sus funciones en 2000

La defensa del expresidente Jamil Mahuad, emitió un comunicado de prensa sobre el proceso penal en etapa de casación que se realiza en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.

Comunicado de prensa

El ex Presidente de la República, Dr. Jamil Mahuad, por intermedio de su abogado Dr. Mario Prado, compareció ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia para fundamentar oralmente el recurso de casación presentado en septiembre de 2017, dentro del juicio por presunto peculado que terminó con una condena a 8 años de prisión.

La sentencia sometida ahora a casación, por incorrecta aplicación de la ley e irrespeto al debido proceso, señala que el ex Presidente cometió “peculado”, al expedir el Decreto 685 de reprogramación de los depósitos bancarios el 11 de marzo de 1999, que se le conoce también como “congelamiento”. La defensa del ex Presidente señaló que el decreto fue una medida de Gobierno, similar a la que se aplicó en varios países de la región para enfrentar la crisis económica de fin de siglo.

La sentencia sometida a casación, agrega la defensa del ex Presidente, incurre en el craso error de calificar a la expedición del Decreto como constitutivo del delito de peculado y que se ha constatado la malversación de fondos públicos”. A lo largo de este voluminoso proceso no hay una sola prueba de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito o actos de corrupción. 

Adicionalmente, desde la perspectiva jurídica, la malversación fue derogada en el año 1978 como causa constitutiva de peculado, 21 años antes de que asumiera el Dr. Mahuad la Presidencia.

La defensa remarcó que la sentencia en contra de Mahuad trata al congelamiento de dineros privados como si fuera abuso de dineros públicos; lo cual no tiene sustento jurídico a no ser que se haya pretendido juzgar un acto de gobierno del año 1999 con una disposición legal aprobada 15 años después, dando efecto retroactivo a la reforma hecha al Art. 278 del Código Integral Penal el 12 de septiembre de 2014, que tipificó como peculado al congelamiento de depósitos bancarios.

El Dr. Prado dijo: “Es tan absurda la sentencia que los jueces afirman que el delito de peculado se probó con las declaraciones testimoniales de los denunciantes”.

El Dr. Mahuad había obtenido el sobreseimiento provisional en junio de 2006; sin embargo, durante la administración del presidente Rafael Correa, quien reorganizó cortes y juzgados, se reabrió el proceso.

El juicio llegó entonces a manos de la jueza Ximena Vintimilla Moscoso, quien condenó al expresidente a 12 años de prisión el 29 de mayo del 2014, por haber “constatado la malversación de fondos públicos” , cuando la pena máxima prevista para el peculado era de 8 años.

Mahuad apeló ante la Corte Nacional de la época, cuya Sala de lo Penal, el 17 de mayo de 2017, lo condenó esta vez a 8 años de prisión. En ambas instancias los referidos jueces ignoraron normas esenciales que debieron regular el proceso, lo cual sustenta el recurso de casación presentado.

La difusión pública de notas de prensa, videos, correos electrónicos dan cuenta de la intervención de la Función Ejecutiva en la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, demostrándose que el ex presidente Mahuad fue condenado por jueces “legalmente nombrados” que estaban al servicio del poder político.

En la audiencia de casación, la defensa del Dr. Mahuad señaló la actuación antijurídica y abusiva de la Jueza Vintimilla y de la Sala de Apelación, entre otras, por las siguientes razones:

  • El juicio no podía empezar sin el informe de Contraloría General del Estado. El mencionado organismo de control jamás señaló que hubiera indicios de responsabilidad penal en el decreto de reprogramación de depósitos. La jueza Vintimilla y el Tribunal de Apelación hicieron caso omiso a lo que disponía el Art. 212 de la Constitución de 1998, según el cual “La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal”.
  • En todos los casos que la Corte Suprema de Justicia conoció sobre el delito de peculado cometido durante la vigencia de la Constitución de 1998, se aplicó el mencionado requisito de procedibilidad del Art. 212.
  • La jueza Vintimilla y los jueces de la Sala de Apelación, al no haber aplicado los requisitos de procedibilidad, violaron flagrantemente el derecho a la igualdad formal y material consagrado constitucionalmente.  
  • En este juicio no se ha respetado el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos del ex presidente Mahuad: El proceso penal lleva ya 20 años, durante los cuales el ex presidente Mahuad no ha podido comparecer personalmente, debido a que la mayor parte del tiempo ha estado vigente la orden de prisión preventiva.
  • El juicio ha sido utilizado políticamente en 4 elecciones; los candidatos han manipulado el “feriado bancario” como tema central de sus campañas proselitistas.
  • El delito de peculado debe probarse identificando inequívocamente los recursos públicos (partida presupuestaria o bienes estatales) que fueron materia del abuso del funcionario público, determinando con exactitud el monto de los recursos abusados y precisando con detalle cómo se produjo ese traspaso del patrimonio público a favor del funcionario público (cuenta bancaria, dinero en efectivo o bienes).
  • La jueza Vintimilla y el Tribunal de Apelación consideran probada la existencia del delito de peculado, sin examinar los elementos arriba señalados, y sustentan la condena porque se ha “constatado la malversación de fondos públicos” a través de los testimonios de los propios denunciantes, violando las normas expresas de los Códigos de Procedimiento Civil y Penal, que establecen que los interesados en la causa (los denunciantes) no son testigos idóneos por falta de imparcialidad.
  • La jueza Vintimilla y la Sala de Apelación califican de peculado una medida de Gobierno que consistió en la reprogramación de retiros de los depósitos privados que se mantenían en los bancos, confundiéndola con el apoderamiento de bienes públicos, que es la esencia del delito de peculado.
  • El peculado nada tiene que ver con la expedición del Decreto 685 del 11 de marzo de 1999, más allá de que en términos de política económica las opiniones sobre la medida hayan tenido y tengan defensores y detractores.

Finalmente, jamás se ha identificado ninguna cuenta bancaria ni ha existido indicio de que el Dr. Jamil Mahuad viva por encima de los recursos que obtiene de su trabajo académico; tampoco ninguno de quienes fueron sus ministros o altos funcionarios ha sido enjuiciado por delitos contra el Estado, más bien gozan de la respetabilidad pública.

Confirmado.net / Defensa del Dr. Jamil Mahuad

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