“Caiga quien caiga”: Demagogia discursiva de un gobierno al que se le está cayendo todo” (Ernesto Pazmiño Ch)

Todo era cuestión de tiempo

Ahora, en medio de una pandemia, 3 años y muchos millones de dólares después, vemos como la Fiscalía General del Estado, en un despliegue casi maratónico, realiza un sin número de allanamientos a casas de asambleístas y asesores, alcaldías y prefecturas, como consecuencia de denuncias e investigaciones respecto de una presunta red que se dedicaría a la venta con sobreprecios de insumos médicos, así como al ya sonado “reparto de hospitales”. Cualquiera diría que la guerra contra la corrupción es un hecho y que el cuento de la “cirugía mayor” al fin se haría realidad. ¡Pero no!

“Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos que quieren hacerlo todo sólo con dinero.” Indira Gandhi

Los hechos vergonzosos (por decirlo menos) que hemos evidenciado en el país en estos últimos días, sin duda alguna nos retrotraen a un momento oscuro de nuestra realidad contemporánea, momento que no podemos olvidar jamás, pues fue el punto de partida de la cruzada gubernamental que provocaría la debacle institucional, el reparto como medida de “diálogo”, la pérdida de valores y en definitiva la podredumbre institucionalizada.

Me refiero al día en el que Lenin Moreno firmó el decreto ejecutivo No. 829, mediante el cual,  se violentó abiertamente la Constitución de la República, se desnaturalizó la consulta popular como el ejercicio de democracia directa por excelencia[1] y se sentaron las bases para destrozar el modelo de Estado paradigmático que nació en Montecristi, y que concebía políticas reales de control social, participación ciudadana , rendición de cuentas transparencia y lucha por la corrupción en los distintos niveles de gobierno; para inaugurar en su lugar, un Estado “pastel”, del que los “entusiastas” y “agenciosos” del 7 veces  sí, buscarían su pedazo.

Ahora, en medio de una pandemia, 3 años y muchos millones de dólares después, vemos como la Fiscalía General del Estado, en un despliegue casi maratónico, realiza un sin número de allanamientos a casas de asambleístas y asesores, alcaldías y prefecturas, como consecuencia de denuncias e investigaciones respecto de una presunta red que se dedicaría a la venta con sobreprecios de insumos médicos, así como al ya sonado “reparto de hospitales”. Cualquiera diría que la guerra contra la corrupción es un hecho y que el cuento de la “cirugía mayor” al fin se haría realidad. ¡Pero no!

Resulta impresionante ver como desde el 4 de mayo de 2019, el gobierno invirtió casi todos sus esfuerzos, tiempo y recursos para “adecuar” una acusación a la medida en contra del ex presidente Rafael Correa, acusación que requirió una estrategia sistemática de propaganda comunicacional, discursos estratégicamente implementados por ciertos actores políticos y un sistema judicial ejecutor que utilizó al derecho para perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos (Rusconi, M.) y así legitimar su retórica de la “década robada”.

Sin embargo, fueron suficientes menos de 2 semanas para destapar, casi por generación espontanea, una trama de corrupción que ha salpicado a autoridades de gobierno, autoridades seccionales, asambleístas, asesores y ciudadanos “emprendedores” a los que cierta prensa los denomina “jóvenes empresarios”.

Algo de contexto

La oportuna filtración de la llamada que realizó la ex presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas a la ministra Romo durante la sesión No. 580 de 7 de marzo de 2019, en la que le informa y pide intervención, frente a las intenciones de los socialcristianos de dar paso al pedido de cambio de orden del día solicitado por el Asambleísta Ronny Aleaga, para que el pleno de la Asamblea Nacional trate sobre las denuncias de corrupción que involucran al Presidente Lenin Moreno y su familia en el denominado caso INA PAPERS, sin duda fue el hecho que evidenciaría el nivel de poder que ejerce la ministra de gobierno, y  que a todas luces rebasa la legítima función del ministerio de gobierno de formular políticas de gobernabilidad y dirigir su implementación.        

Ahora, en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID19, se ha agudizado la duda razonable respecto de quienes habrían liderado los repartos de los sectores estratégicos del país. Empezando por el propio presidente y su política de “dialogo” con todos los sectores (léase grupos políticos de derecha, empresariales y la banca), hechos denunciados por el ex vicepresidente Jorge Glas y que darían paso al retiro de sus funciones, el enjuiciamiento político y el ilegítimo proceso penal persecutorio que todos conocemos y que hasta el día de hoy lo mantiene privado de su libertad.

En la misma línea, se evidencia con mucha incredulidad mas que con sorpresa, como la otrora relación de coincidencias, afectos políticos y casi hermandad, entre el gobierno y sus aliados, ha mutado en desafectos y acusaciones directas y públicas, que específicamente recaen en la ministra de gobierno María Paula Romo, frontalmente señalada y acusada por la asambleísta Cristina Reyes (PSC-MG), en el manejo de los hospitales, específicamente la acusa del reparto a cambio de votos en la asamblea (Twitter @CristinaReyesec).

Sin embargo, la ministra sale al paso de las acusaciones, con una retórica bastante conocida y evasiva, calificando la denuncia como una “obsesión” y “afán de protagonismo” por parte de la asambleísta @mariapaularomo

Recordemos que actúo de la misma manera frente al bochorno del audio filtrado entre Elizabeth Cabezas y ella, en el que manifestó “creo que es un capítulo más de ese intento de desestabilización y de caos en el que pretenden tenernos”, sin responder a las acusaciones y sin que, hasta el día de hoy, existan resultados respecto de la “investigación” que se abrió como consecuencia de dicho episodio.      

A todo lo descrito, se suman el ex presidente del Consejo Directivo del IESS Paúl Granda y la ex secretaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos Alexandra Ocles, ambos involucrados en escandalosos actos de corrupción en el contexto de la pandemia del Covid-19. Granda por su lado, inmerso en las denuncias que lo responsabilizan como primera autoridad del IESS, por los sobreprecios en la compra de mascarillas[2], mismas que en su momento fueron desestimadas por la Secretaria Anticorrupción (adscrita a la presidencia), y un contrato por 1.5 millones de dólares para promoción institucional (Dávalos, C. 2020); y por su parte Ocles, acusada (hoy procesada) por haber firmado la compra de 7000 kits alimenticios con sobreprecio, proceso que en un primer momento fue “justificado” pues, a decir de la ex secretaria, el costo por embalaje, estibaje y transporte, eran adicionales.

Sin embargo, cuando fue llamada a comparecer ante la Asamblea Nacional, todo se redujo a una “campaña de desprestigio” y a que nunca habrían recibido los kits.

Estas dos ex autoridades, tuvieron que dejar sus respectivos cargos, no por cuenta propia obviamente sino por la presión social, presión que generó un cambio de guion por parte del propio presidente quien, en principio defendió a capa y espada a sus colaboradores pero que debió recular para intentar imponer el discurso, ahora desbaratado del “caiga quien caiga”.  La salida de los dos funcionarios, en la forma como ocurrió, solo nos confirmó que la dichosa lucha contra la corrupción del gobierno no es mas que una entelequia y que definitivamente tiene sus “predilectos”.   

Todo era cuestión de tiempo

La denuncia pública, casi premonitoria del ex vicepresidente Jorge Glas[3] hecha el 02 de agosto de 2017, paradójica y trágicamente toma capital relevancia, a partir del accidente aéreo ocurrido en el vecino país de Perú la mañana del 08 de junio de 2020, en el que entre otras personas, se encontraba el (ahora famoso) D. Salcedo, investigado también por la trama de corrupción en los hospitales del IESS, quien habría sido identificado como parte del círculo íntimo del grupo familiar que fuera oportunamente denunciado por Jorge Glas, como beneficiarios del reparto para la administración del sector eléctrico.

Todo indica que el vicepresidente Glas no se habría equivocado y que todo era cuestión de tiempo; su denuncia que no tuvo eco en los medios de comunicación mercantilistas y que le costó la vicepresidencia y la libertad, ahora es tendencia gracias a las redes sociales, que sin duda han jugado un papel fundamental en la identificación de los hechos y actores de la trama de negociados y repartos.

Sin embargo, mi coherencia democrática y jurídica no me permite dejar pasar por alto que, pese a las graves acusaciones, los evidentes indicios y la relación de los hechos denunciados, los involucrados en esta trama de corrupción campante, tienen el derecho constitucional a la presunción de inocencia y a las garantías judiciales, derechos que hemos visto cumplidos inclusive en la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva para varios de los involucrados, derechos que deberían gozar todos los procesados en investigaciones penales.

Cosa que lamentablemente no vimos nunca en los procesos instaurados en contra de las y los ciudadanos identificadas con la Revolución Ciudadana/ correismo.

En definitiva, y como decían los propios voceros del mismo gobierno, entre ellos el señor Otto Sonnenholzner, “la peor pandemia es la corrupción”. Efectivamente así es, y así nos lo ha demostrado el propio gobierno desde la práctica. Es por eso que quisiera finalizar, parafraseando al respetado doctor Alejandro Vanegas cuando dice: “Es imposible esconder la degradación moral del Ecuador, en apenas 3 años nos hemos sumergido en la peor hediondez ética que recuerde la nación desde 1830. Haber repartido hospitales públicos como cuota política además de delito, debe ser algún tipo de pecado.”   Ernesto Damián Pazmiño Ch.


[1] Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2014. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. En este caso emblemático, la Corte  estableció que un ejercicio de democracia directa por más que haya sido ratificado por la “mayoría” no implica por sí solo, legitimidad democrática puesto que tiene límites que le imponen las normas y obligaciones internacionales de protección de DDHH.

[2] Radio la Calle. “Caso Mascarillas: Paúl Granda se va del IESS, su “mayor logro” son 2.500 ciudadanos despedidos”. Abril, 22, 2020.

[3] Enlace del twitt del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel

Ernesto Damián Pazmiño Ch.

Culminando último año de derecho. Asesor y consultor independiente. Conocimientos en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de  Derechos Humanos. Prácticas probatorias en derecho procesal penal (Medellín Colombia) Prácticas en criminología forense (Medellín Colombia)


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