Los informes de Contraloría con indicios penales, podrían ser cuestionados en instancias judiciales. (Alejandra Vivanco)

La crisis actual que vive el país, respecto de la corrupción enquistada en las entidades del sector público, exige que las instituciones encargadas del control, en el marco de sus atribuciones cumplan su papel fiscalizador, previniendo el cumplimiento de procedimientos ya establecidos para su efecto.

Las funciones de la Contraloría General del Estado, se contemplan en la Constitución de la República del Ecuador “Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos” y “Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”.

Por su parte la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone Art. 39.- Determinación de responsabilidades y seguimiento.- A base de los resultados de la auditoría gubernamental, contenidos en actas o informes, la Contraloría General del Estado, tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Previamente a la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas que se desprendan de los informes elaborados por las auditorías internas, la Contraloría General del Estado examinará el cumplimiento de los preceptos legales y de las normas de auditoría y procederá a determinarlas con la debida motivación, sustentándose en los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. De existir indicios de responsabilidad penal, se procederá de acuerdo a lo previsto en los artículos 65, 66 y 67 de esta Ley. En todos los casos, la evidencia que sustente la determinación de responsabilidades, a más de suficiente, competente y pertinente, reunirá los requisitos formales para fundamentar la defensa en juicio. La Contraloría General del Estado efectuará el seguimiento de la emisión y cobro de los títulos de crédito originados en resoluciones ejecutoriadas”.

Así, la normativa expedida por la propia Contraloría, en el caso en particular contenida en REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA LA ELABORACIÓN, TRAMIE Y APROBACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SU NOTIFICACIÓN, expedido mediante Acuerdo 020-CG-2019 Vigente desde su suscripción el 12/agosto/2019, regula el actuar del ente de control y dispone,Art. 14.- Aprobación y trámite de los informes con indicios de responsabilidad penal.- Para la aprobación y trámite de los informes con indicios de responsabilidad penal, se observará el siguiente procedimiento: 1) Cuando-por actas o informes y, en general, por los resultados de la auditoría gubernamental, el equipo de auditoría (de la matriz, direcciones provinciales, o unidades de auditoría interna) que ejecutó la acción de control establezca la existencia de indicios de responsabilidad penal, de conformidad con lo dispuesto en tos artículos 65, 66 o 67 (según corresponda) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, elaborará el informe correspondiente (Formato 19), que será suscrito por el servidor/a a cargo de la unidad administrativa de control que lo emite…”.

Los sujetos de control, deben conocer, ¿Qué es la Auditoría Gubernamental?, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, cita “Articulo 18…La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos….”; acorde  el Art. 31.- Funciones y atribuciones.- La Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, tendrá las siguientes:… 37. Observar los derechos constitucionales individuales y las garantías del debido proceso en los informes que emita;…”.

El ente fiscalizador y asesor,  de los recursos del Estado Ecuatoriano y las entidades que lo conforman se encuentra supeditado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, Reglamentos y sus normas; sin embargo parecería que, se ha creado una suerte de control, el cual nada tiene que ver con un sistema integrado de asistencia, asesoría y prevención de riesgos; trastocando el fin esencial del ente fiscalizador que,  por supuesto tiene entre otras atribuciones el establecimiento de responsabilidades,  como consecuencia de la ejecución de la auditoría gubernamental, la cual comprende una serie de procedimientos (notificación de inicio, requerimientos de información, comunicación de resultados y lectura de borrador) que garantizan el debido proceso para los auditados y la legitimidad, suficiencia y pertinencia en el caso de indicios con responsabilidad penal, para que,  la Fiscalía General del Estado obtenga de estos informes técnicos, criterios e insumos que constituyan prueba en juicio de ser el caso. 

La aprobación y el envió a la Fiscalía General del Estado de los Informes con Indicios de Responsabilidad presuponen que la auditoría gubernamental se ejecutó en todas sus fases (culminación del informe general) y no antes; pues resultaría infructuoso  para quien es el titular de la acción penal, considerar como  elemento de convicción un informe que se encuentre viciado. Es indispensable que, el ente controlador cumpla el rol que le atribuye la Constitución y la Ley.

Artículo firmado por Alejandra Vivanco CarriónGestión Jurídica

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