El Sistema judicial como “engranaje”: La narrativa que anula principios, garantías y derechos. (Ernesto Pazmiño Ch)

“Sin garantías no existe la garantía del estado de inocencia. Las garantías procesales son garantías no solamente contra el arbitrio judicial, son también garantías de verdad. Sin garantías tenemos un poder absoluto.”

Luigi Ferrajoli

Con mucha indignación, pero sin ninguna sorpresa, hemos visto como las autoridades gubernamentales no escatiman esfuerzos para “deleitarnos” semanalmente con declaraciones que generan más preocupaciones que calma. Recientemente fuimos testigos del pronunciamiento de la ministra de gobierno Romo en la que satanizaba la labor profesional de un reconocido jurista quiteño por el hecho de llevar la defensa de un correista (el ex vicepresidente Jorge Glas Espinel) y la de un ciudadano identificado como miembro de una banda delincuencial.  Ahora, la señora Fiscal General Diana Salazar, en un coordinado despliegue comunicacional, como está acostumbrada, expresa su “profunda preocupación” al referirse a la decisión de un juez de dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva de dos procesados, pues para ella “el sistema judicial es un engranaje” y “el juez debía dictar la prisión preventiva porque para la corrupción no debe haber medidas alternativas o sustitutivas”.

Había dicho que no me causó sorpresa lo sucedido, ya que las actuaciones y declaraciones de las autoridades de gobierno durante los últimos 3 años han sido coherentes con su estilo de gobierno, caracterizado por políticas alejadas del estado constitucional y democrático de derechos, más aún si recordamos que la actual Fiscal General en su prueba oral para el concurso de Fiscal, ya nos advirtió a todos sobre cuál iba a ser su lógica respecto a la “igualdad de armas”[1], al manifestar que “la prisión preventiva es la regla” en casos de delitos comunes.

Sin lugar a dudas, cuando la fiscalía en su “engranaje” ha tenido jueces que no le han fallado, ha logrado su cometido, especialmente en los casos donde hayan procesado a un correista (Jorge Glas, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Christian González, Joffre Poma) o en casos de cualquiera que identifiquen como “amenaza” (Ola Bini, taxistas venezolanos, jóvenes en caso Contraloría en Octubre, etc.), sin embargo cuando se encuentra con un juez que no se ajusta a dicho “engranaje”, al parecer la justicia ya no le funciona.

Vamos a ver si logro encontrar alguna noción de “engranaje” como definición del sistema judicial; nuestra Constitución de la República reconoce al Ecuador como un estado constitucional de derechos y justicia, a partir del nuevo diseño de la administración de justicia que convierte a los jueces en creadores de derecho y garantes de los derechos (ÁVILA, L.). En su Art. 167 se incorporó el sistema de justicia como la estructuración de los diferentes organismos estatales que tienen un rol determinado respecto de la justicia, a través de competencias de subordinación, coordinación y autonomía”, entiéndase las competencias de coordinación con sujeción a la ley, no como ningún tipo de engranaje entre autoridades o instituciones.  

Por su parte en la doctrina tenemos que el grado de democracia de una nación, se mide en gran parte por la expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad, es decir, para poder concebir un Estado Social y Democrático de Derecho, se requiere de la existencia de un sistema de justicia eficiente y eficaz que brinde la garantía de la tutela judicial efectiva de los derechos, optimización de los resultados en relación con los recursos disponibles y el logro de objetivos, metas y estándares que conlleven a la satisfacción de expectativas de usuarios del sistema judicial[2].

Hasta ahora no veo que el sistema judicial sea un “engranaje”, término utilizado seguramente de manera coloquial por la Fiscal, que sin duda se aleja de la naturaleza y los fines de la justicia en un Estado de Derecho.

La articulación forzosa que debe existir entre las diferentes instituciones que forman parte del sistema de justicia, es un mandato constitucional que de la manera como lo desarrolla nuestra constitución, dista mucho de la narrativa de un “engranaje”, que ha decir de la Fiscal Salazar, si llega a fallar, conlleva a la impunidad, claramente un concepto subjetivo pues lo que si requiere una institucionalidad que se precie de ser medianamente democrática, es una correcta comprensión y precisa identificación de las competencias de cada uno de sus componentes (en este caso jurisdiccionales), con las delimitaciones desarrolladas tanto en la Constitución como en las diferentes leyes ordinarias; caso contrario nos encontramos frente a una institucionalidad judicial que vulnera la independencia de funciones y que necesariamente incurre en violaciones a derechos y garantías fundamentales como la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.  

Ahora, desde la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el hecho de que la primera autoridad del ministerio público considere que “la prisión preventiva es la regla para delitos comunes”, preocupa aún más, toda vez que dicha institución es considerada a partir de la injerencia que supone en la libertad personal de un individuo que constitucionalmente se presume inocente y la relación que debe existir entre dicha presunción y la proporcionalidad (RODRÍGUEZ, J. 2009), para comprender mejor, veamos lo que dice el Sistema Interamericano dentro de su jurisprudencia vinculante.

Dentro del caso Tibi vs Ecuador, la Corte Interamericana estableció con contundente claridad que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, concepto que se desarrolla en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que para efectos de este artículo me resulta lapidario pues dispone que “la prisión preventiva de los procesados no debe constituir la regla general” pues se incurriría en una violación a la Convención Americana al privar de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, lo que equivaldría a anticipar la pena.[3] Caso por el cual el Estado ecuatoriano fue condenado por la violación a los derechos a la libertad personal, protección judicial, garantías judiciales e integridad personal del señor Daniel Tibi.  

No es alejado de la verdad entonces, afirmar que la teoría del sistema judicial como un “engranaje” de la Fiscal Salazar no existe ni en la teoría del derecho, ni en la norma, ni en la doctrina mucho menos en la jurisprudencia, no es más que una tesis subjetiva sacada desde su propia concepción del derecho y del sistema judicial.

Puede llegar a ser justificado por unos y repudiado por muchos otros sin embargo lo que está en juego aquí, no es solamente el discurso de una Fiscal, lo que está en juego es la protección judicial (Art. 25 Convención Americana), las garantías y derechos fundamentales de toda persona que deba afrontar un proceso judicial, y es en ese sentido en el que el estado tiene la obligación de garantizar que todas las actuaciones del poder público (sobre todo el judicial) se ajusten a los Estándares Internacionales de Derechos Humanos dentro del principio pro-homine, caso contrario la afectación no es solamente a los individuos sino al estado de derecho en su estructura y definitivamente debilita la democracia.


[1] Principio que implica el equilibrio en las posiciones de las partes procesales, equivalencia de oportunidades (…) Respecto a la permanencia en libertad del imputado, la doctrina de Ferrajoli la justifica “para mantener la igualdad de armas con la acusación, para que la acusación no esté en condiciones de determinar el juego, construyendo acusaciones y urdiendo pruebas a sus espaldas” (FERRAJOLI, L. Diritto e Ragione, 1989. p.570).

[2] ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Decálogo Interamericano. Para una justicia de calidad.

[3] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 07 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 180.

Ernesto Damián Pazmiño Ch.

Culminando último año de derecho. Asesor y consultor independiente. Conocimientos en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de  Derechos Humanos. Prácticas probatorias en derecho procesal penal (Medellín Colombia) Prácticas en criminología forense (Medellín Colombia)


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