La “Justicia” selectiva: Sentencia del caso “Sobornos”, una fisura absolutista en el estado constitucional de derecho

“La función más obvia de los jueces penales y del derecho penal, es la contención del poder punitivo. Sin la contención jurídica, el poder punitivo quedaría librado al puro impulso de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería el estado de derecho y la República misma.” Eugenio Raúl Zaffaroni

Sin pruebas y con indicios forjados. Solo les queda el linchamiento. Acudiré a instancias nacionales e internacionales para defenderme”; fueron las declaraciones del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel el 2 de octubre de 2017 a través de su cuenta de Twitter, luego de haber sido despojado de sus funciones, como consecuencia de acusaciones que lo vinculaban en la trama de sobornos con la empresa brasilera Odebrecht, acusaciones que con el paso del tiempo destaparían una estrategia sistemática y articulada por el estado, ciertos sectores políticos y medios de comunicación, para anular política y judicialmente al vicepresidente y que allanarían el camino para ir tras su objetivo primordial, Rafael Correa Delgado.

La persecución política y la justicia selectiva se evidencian en hechos claros de aplicación de la punitividad a ciertos actores generalmente políticos que al igual que otros, comparten la calidad de procesados pero gozan de una justicia diferente, alejada de la teoría política del estado de derecho y que por su parte admiten y legitiman el concepto de enemigo (Jakobs, G. 1985) suceptible de sanción de la conducta aunque no se haya probado la afectación del bien jurídico protegido, aquello en contradicción permanente con los principios constitucionales e internacionales de un estado constitucional de derechos, más bien ajustados a la teoría del estado absoluto.[1]

Los ahora famosos piso 8 y Mezanine, salas de audiencia, y los jueces Camacho y Saquicela, todos de la Corte Nacional de Justicia, que se supone es el máximo organismo de justicia del país, desde el juzgamiento a Jorge Glass y el caso sobornos 2012-2016, forman parte de una vergonzosa institucionalidad utilizada para la puesta en escena de los procesos, argumentaciones y sentencias más inverosímiles de la justicia nacional, sin duda el espacio “idóneo” para lo que sería la implementación del LawFare en el Ecuador.

Peculiaridades de la sentencia

El domingo 26 de abril de 2020 a las 22:38 fueron notificadas 413 de las 613 páginas que serían parte de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 (SATJE), sin embargo hasta la presente fecha no se han notificado los “anexos” faltantes, provocando malestar generalizado en los abogados defensores, que sumado a la falta de claridad respecto de los plazos y términos para la presentación de recuros horizontales y verticales ocasionados por la crisis sanitaria del Covid-19, implican situaciones que podrían adecuarse a la vulneraciónes a los derechos procesales.

El Dr. Alfonzo Zambrano Pasquel calificó a la sentencia como un “galimatías” (Difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas), pues manifestó que la autoría mediata por instigación es un contrasentido y debería ser o lo uno o lo otro. En los mismos términos estableció que el único acierto del tribunal en la sentencia es haber corregido a la Fiscalía en el delito, lo cual procuraré exclarecer a continuación:

Luego de una campaña de difusión mediática intensa, la Fiscalía General del Estado pretendió posicionar en el imaginario social a la “Autoría Mediata por dominio de Organización” como la Teoría madre de su acusación. Sin embargo el Tribunal, el día de la lectura de la sentencia, no solo corrige a la Fiscalía sino que desecha su Teoría del Caso y establece que los hechos se ajustan a la “Teoría de la lnfracción del Deber” (Roxin, C. 2006) y que el grado de participación es el de instigadores con autoría mediata[2]; es decir, dan la vuelta a la teoría que motivó todo el proceso penal y sin justificación ni motivación jurídicamente convincente, le dan el mismo peso al instigar el hecho que al dominio del hecho, y a infringir el deber.

Para comprender lo señalado en el párrafo anterior existe una premisa fundamental que establece con capital claridad la diferencia entre el autor mediato y el instigador, y eso radica en lo que se conoce como el dominio del hecho, mismo que recae en el autor mediato y no en el instigador (Zambrano, P.).  Es decir que si el Tribunal desechó la Teoría de Fiscalía respecto de autoría mediata por dominio de organización y la sustituyó por la de “instigadores con autoría mediata” por delito de infracción del deber, lo que hicieron fue manipular la teoría jurídica y le otorgaron equivocadamente al instigador el dominio del hecho.

Dentro de la teoría general del proceso, el no resolver sobre lo solicitado y probado por las partes procesales, se adecúa a la vulneración del principio de congruencia por parte del Tribunal (Bovino, 2006), principio que en materia procesal penal no es otra cosa que la existencia de una correlación entre el hecho imputado en la acusación o Teoría del Caso y lo descrito en la sentencia, cosa que evidentemente no se cumple en el caso Sobornos.

Resulta imperioso señalar que al respecto existe jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Fermín Ramírez vs. Guatemala por vulneración al derecho a la defensa (Art. 8. f y Art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en el sentido en el que “el Tribunal de sentencia no se limitó a cambiar la calificación jurídica de los hechos imputados previamente, sino modificó la base fáctica de la imputación, inobservando el principio de congruencia”, lo que causó la nulidad del proceso y reconoció el derecho a un nuevo juicio.

Adicionalmente el Tribunal resuelve suspender los derechos políticos de los procesados, decisión que a todas luces adolece de vicios de inconstitucionalidad y por ende de nulidad, toda vez que acoge una norma incertada en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2018, cuando todo el proceso, las teorías del caso (tanto la desechada como la reformulada por el Tribunal), basaron su análisis jurisprudencial y doctrinario en el periodo de 2012-2016. Para cualquier estudiante de primer año de Derecho eso se llama vulnerar el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el Art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al respecto la Corte Interamericana en el caso María Teresa de la Cruz Flores vs. Perú establece que “En un Estado de derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.

Sin duda un hecho que no se puede pasar por alto es lo que dijo el Tribunal respecto del testimonio de la perito Mantilla, mismo que al final fuera desestimado pero que sin embargo, provocó en su momento una gran conmoción por la conclusión a la que llegó. La perito,  quien tuvo a su cargo el examen de supuestos patrones de conducta criminal en los procesados, afirmó primero que su pericia es indiciaria, no probatoria y sin embargo, contradictoriamente concluyó que existe la conformación de una estructura criminal. La conclusión de los jueces fue que el informe de la perito resultó ajeno a los parámetros científicos y técnicos exigidos por el artículo 547 del COIP, esto quiere decir que no se cumplió con el principio de legalidad ni autenticidad ni la debida cadena de custodia.

Resulta complejo abordar todos los temas relativos a la sentencia y al proceso del caso Sobornos en un artículo de opinión, sin embargo he procurado dejar claro que algunos actores del sistema judicial estatal han tergiversado su rol garantista y ha elegido la vía punitivista y selectiva en la que la identificación de autores reales, matriales, directos o inmediatos se basa en meros indicios y lo que es peor, en agendas de anulación política y judicial de adversarios políticos, para lo cual vemos que el estado no escatima ni recursos ni ejecutores.

Finalmente creo que la mayoría coincidimos en que las evidencias de amedrentamiento y persecusión política las vivimos en el país a semana seguida, atravesamos sin duda momentos en los que el pensamiento crítico es una amenaza para el poder constituído y como nos acaba de demostrar la ministra del gobierno Romo, incluso el ejercicio de los derechos fundamentales les resulta una amenaza, me refiero a su reciente pronunciamiento contrario al ejercicio legítimo de una acción constitucional por parte de la defensa del ex viepresidente Jorge Glas que procura su pre libertad al haberse cumplido todos los requisitos.

Para ellos la noción de “justicia” y de “cero impunidad” es la de un estado fallido. (O) Ernesto Damián Pazmiño Ch.

[1] EL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL. ZAFFARONI, R.  Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, abril de 2006.

[2] SENTENCIA CASO SOBORNOS 2012-2016. Corte Nacional de Justicia. Quito, 2020.

Ernesto Damián Pazmiño Ch.

Culminando último año de derecho. Asesor y consultor independiente. Conocimientos en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de  Derechos Humanos. Prácticas probatorias en derecho procesal penal (Medellín Colombia) Prácticas en criminología forense (Medellín Colombia)


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