Demoracia y DDHH en Ecuador. Saldo negativo a tres años del gobierno de Lenin Moreno. (Ramiro Rivadeneira)

Durante los tres años de gobierno, el Lcdo. Lenin Moreno se ha caracterizado por ser antidemocrático, con poco o nulo respeto a la Constitución y a la institucionalidad del Estado. El ejemplo más visible de lo mencionado, pero no el único, fue llevar adelante una consulta popular, sin que se le haya permitido a la Corte Constitucional emitir el dictamen al que obliga la Constitución, con el fin de apoderarse de las instituciones de control, repartirlas entre sus aliados políticos, evitar el control de las poderes económicos y mediáticos, asegurarse no ser observado ni siquiera en los actos de corrupción de los que ha sido acusado, y perseguir con las mismas instituciones a sus adversarios políticos.

El 24 de mayo de 2017 se posesionó el Lcdo. Lenin Moreno como Presidente de Ecuador. Lo que se creía que sería una continuación del modelo de desarrollo social y económico impulsado por el gobierno del Ec. Rafael Correa se convirtió en todo lo contrario, pues las leyes y política promovidas durante estos tres años se identifican con el neoliberalismo de los años 90.

Para valorar la situación de la democracia y los derechos humanos en el Ecuador actual los analizaremos en acápites separados, aunque sin duda se encuentran interrelacionados, por lo que lo que se pueda decir de uno de ellos tiene correspondencia con el otro.

  1. La democracia en Ecuador hasta la Constitución de Montecristi

La democracia tradicional en occidente se diseñó bajo el modelo de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; y su fundamento principal radica en la separación de funciones y en la independencia de cada uno de ellos con respecto a los otros.

En Ecuador, este diseño de democracia se vio reflejado en todas las Constituciones, incluida la Constitución de 1998. Sin embargo, sus fundamentos teóricos se vieron aplastados por la realidad: la repartición político partidista de las instituciones estatales. Este hecho fáctico diseñó una fachada de democracia que solo aparecía en el papel, y estableció una dinámica de la que resaltamos dos características: 1) La legislatura, lejos de actuar bajo sus supuestos de existencia, es decir, crear leyes y realizar control político, sirvió como herramienta de repartición y legitimación de los micropoderes que se enraizaron en los órganos públicos; 2) La población estuvo ausente en la toma de decisiones que impactaban en su vida cotidiana.

Respecto a la primera, se popularizó una palabra que representaba a la actuación permanente del legislativo, entonces llamado Congreso Nacional: la troncha. Esta consistía en la repartición del poder político, aún en órganos que por su naturaleza debían ser manejados técnicamente. Ponemos algunos ejemplos de las instituciones que fueron tomadas de la manera señalada: la función judicial tanto en el Consejo de la Judicatura como órgano de control administrativo de ella, cuanto en la designación de jueces y magistrados en sus distintos niveles; la Fiscalía General del Estado; el Tribunal Supremo Electoral; el Tribunal Constitucional; la Contraloría General del Estado; la Defensoría del Pueblo; la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, entre otros.

En relación con el segundo punto, la ciudadanía estaba ausente de la participación democrática. Solamente era receptora de las decisiones políticas. Los méritos profesionales no contaban al momento de nombrar a los titulares de los organismos públicos. Lo importante era que aquellos cargos se ocupen por peones funcionales al poder.

Puede entenderse que en ese modelo de democracia primaban los intereses partidistas y el Estado era un botín político y económico. La repartición del poder anulaba el control político de los aliados coyunturales, aunque podía ensañarse con aquellos que pasaban a ser considerados enemigos políticos. A esto hay que sumar la influencia de los poderes fácticos para aprovecharse de los recursos del Estado y evitar cualquier tipo de control sobre sus actuaciones. Por ejemplo, el empresariado y los bancos manejaban a las superintendencias de bancos y de compañías, y, el poder mediático estaba constituido por monopolios y dominado por el capital financiero, sin control real del Estado.

La Constitución de Montecristi de 2008 diseña un nuevo modelo de democracia en la que entra en juego, en varios espacios, la participación ciudadana. Sin embargo, el punto de quiebre para la partidocracia fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, que tiene competencias para el control de la corrupción y la conformación de comisiones ciudadanas de selección, conformadas entre representantes del Estado y de la sociedad, que luego del correspondiente concurso de méritos y oposición, concluye con la designación por parte del CPCCS del mejor puntuado, así, de las superintendencias, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.

Este nuevo modelo de designación de autoridades para el manejo técnico del Estado, si bien no estuvo exento de presiones políticas porque los intereses partidistas para apoderarse de las instituciones públicas no desaparecen de la noche a la mañana, es muy superior al de la troncha por varios motivos, entre los que destacamos: 1) No depende únicamente de la decisión de los partidos y movimientos políticos, que se tomaban entre gallos y medianoche; 2) Son más transparentes puesto que los procesos son públicos en todas las instancias; 3) Puede valorarse los conocimientos técnicos y méritos de la autoridad a ser designada; 4) Se garantiza participación ciudadana, puesto que no es el CPCCS quien selecciona, sino que únicamente designa al mejor puntuado.

  1. La democracia en el gobierno de Lenin Moreno

Al poco tiempo de asumir la presidencia, el Lcdo. Lenin Moreno convocó a una consulta popular que tuvo lugar el 4 de febrero de 2018. Para entonces ya el direccionamiento de su política estaba claramente identificado, se podía ver que se aliaba con los medios de comunicación tradicionales para garantizar su silencio y posterior persecución a sus adversarios políticos, lo que ha sido una constante durante su gobierno, y por lo tanto se ha vulnerado permanentemente el derecho de la ciudadanía a ser informada de manera oportuna y veraz, con información verificada, contextualizada, plural y sin censura previa.

También el Lcdo. Moreno se abrazó con el empresariado, entregándoles las instituciones de la función ejecutiva que podían favorecer sus intereses, por ejemplo, Ministerios de Turismo, Industrias, Comercio Exterior, a los propios sectores con intereses en la materia, y en un segundo momento inclusive el Ministerio de Finanzas al representante de las cámaras de la producción, que han sido personajes funcionales al capital financiero y han dictado política de corte neoliberal que ha tenido un impacto en los derechos económicos de la ciudadanía, especialmente en los grupos más vulnerables, lo que se ha visto reflejado en el aumento de la pobreza y en los índices de inequidad.

La consulta popular era fundamental para facilitar los fines del gobierno, puesto que sabía que sin la toma de los órganos de control no podía llevar adelante su política entreguista del Estado a los grandes poderes. Por ello, no dudó en acometer en contra de la Constitución cuando supo que el dictamen de la Corte Constitucional no le sería favorable, disponiendo que se la realice sin el dictamen.

Las consecuencias de la consulta popular han sido nefastas para el país. Se conformó un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, CPCCST, que desconociendo las normas más elementales de la democracia destituyó a 29 autoridades y ubicó en ellas, primero de manera transitoria y luego de manera definitiva, a los aliados políticos del gobierno, en procesos diferentes a los dispuestos por la Constitución, pues la participación ciudadana estuvo ausente de la selección de las autoridades dejando la decisión en el propio CPCCST.

En este camino hemos visto situaciones que resultan insultantes a toda lógica democrática, por ejemplo, que el CPCCST cesó en sus cargos a los jueces de la Corte Constitucional sin tener ninguna facultad para ello, puesto que ni la inconstitucional consulta lo preveía; se entregó las superintendencias de control a los grupos de poder, con lo cual se ha evitado su control real; se santificó a un Contralor General del Estado que ocupó el cargo sin tener nombramiento y que lo ocupa hasta la actualidad con la figura de encargado, pero que en la práctica se ha constituido en una herramienta de persecución a los opositores políticos del gobierno; se designó, aún a pesar de sus bajas calificaciones en el proceso de selección, a una Fiscal General del Estado cercana al gobierno, que al igual que el Contralor ha sido funcional a la persecución política, en este caso mediante procesos penales, pero que ha guardado silencio cómplice en las acusaciones de corrupción al presidente Moreno; la Corte Constitucional mediante fallo ratificó lo realizado por el CPCCST, incluso ratificó en el cargo al Contralor General del Estado (0002-19-IC, 2019); y, quizás uno de los temas antidemocráticos de mayor envergadura fue la destitución realizada por asambleístas gobiernistas y sus aliados, de cuatro consejeros del nuevo CPCCS que habían sido designados por votación popular, considerados afines al anterior gobierno.

Actualmente se tramita en la Asamblea Nacional una reforma constitucional, con el beneplácito de la Corte Constitucional para quien, admirablemente, desaparecer al CPCCS no significa alterar la estructura fundamental del Estado, sino que puede hacérselo mediante una reforma parcial a la Constitución (0004-19-RC, 2019), lo cual demuestra un desprecio a la participación ciudadana en el modelo democrático de la Constitución de Montecristi, y viabiliza el retorno a la tan ansiada repartición de los organismos públicos mediante la troncha de la partidocracia.

  1. Los derechos humanos en el gobierno de Lenin Moreno

Si bien la teoría pretende que los derechos humanos tengan un tratamiento neutro, esto es que puedan ser exigidos de la misma manera en gobiernos con distintas ideologías de izquierda o de derecha, o bajo cualquier modelo democrático, en la práctica vemos que los gobiernos que privilegian el capitalismo liberalizado, que se sostiene a través del consumismo desmesurado, incorporan a los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, al libre mercado, así, el trabajo, la educación, la salud, entre otros, se los comprende y se les da el tratamiento de prestaciones y no de derechos.

Inclusive la educación y la salud, tan elementales para el desarrollo de las personas y de los pueblos, lejos de ser reconocidos como derechos, permanentemente se ha pretendido separarlos del control del Estado y dejarlos al libre mercado. Esto no ha sido solo un problema en Ecuador sino en general en los países de América que se han alineado a las políticas capitalistas para incorporar en ellas aún a los derechos humanos.  Que el Sistema Americano de Derechos Humanos aún no permita que derechos tales como el trabajo, seguridad social, salud, alimentación, entre otros, sean llevados a conocimiento de los órganos del sistema mediante peticiones individuales, dice mucho en nuestro continente de este retraso conceptual.

En Ecuador, hasta la Constitución de 1998, a consecuencia del modelo social y económico imperante, se daba un lugar secundario a los DESC, los cuales, aunque constaban en la letra de la Constitución, en la práctica no eran reconocidos como derechos sino como simples prestaciones, pero sobre los que el Estado no se sentía obligado, puesto que tampoco existían herramientas para exigirlos.

Esta situación negativa se replicaba en Ecuador hasta la vigencia de la Constitución de Montecristi, la cual cambió radicalmente el tratamiento de los derechos, visibilizándolos y dándoles un tratamiento integral, así, por ejemplo, de conformidad con la Constitución todos los derechos son exigibles y justiciables.

La política neoliberal que ha implementado el gobierno de Lenin Moreno ha dado al traste con la evolución que desde la vigencia de la Constitución de 2008 han tenido los DESC en Ecuador. Una de las razones poderosas para que esto haya ocurrido tiene que ver con la ausencia de planificación. Dentro de los estándares reconocidos a nivel internacional para el cumplimiento de los DESC es que estos se encuentren normados a nivel constitucional y que su cumplimiento se realice de manera planificada. Puede entenderse que un sistema que pretende dejar los derechos al libre mercado deja de planificar sobre ellos. No es casualidad, en consecuencia, que el gobierno de Moreno haya reducido a la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, a una Secretaría Técnica de Planificación adscrita a la Presidencia de la República (Decreto Ejecutivo 732, 2019).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Comité DESC, aprobó las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador el 14 de noviembre de 2019. Entre los aspectos positivos señala: “El Comité observa con beneplácito el elevado índice de desarrollo humano del Ecuador en el año 2018 y el incremento progresivo del gasto público en las áreas de educación y salud en los últimos diez años, hasta el 2018”. Sin embargo, a continuación, entre los principales motivos de preocupación, añade:

El Comité es consciente de los desequilibrios macroeconómicos, en particular el déficit fiscal y el endeudamiento, del Estado parte. No obstante, al Comité le preocupa el impacto de las medidas de austeridad del Plan de Prosperidad 2018-2021 y del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2, párr. 1).

Las condiciones que el Fondo Monetario Internacional impone a los países que asumen deuda suelen tener fuerte impacto negativo en los DESC y el caso del Ecuador no ha sido la excepción. Por ello, la participación ciudadana organizada debía ser fundamental para realizar procesos de control de las actuaciones del gobierno que puedan impactar los derechos. Lamentablemente, si alguna vez lo hubo, el diálogo del gobierno de Ecuador con la ciudadanía se perdió hace mucho tiempo, y esa fue una de las causas de la protesta social en octubre de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, lo señala en su informe de enero de 2020:

La CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), observaron que las medidas económicas adoptadas por el Decreto N.º 883 carecieron antes de su adopción de un proceso de consulta ciudadana ni evaluación de impacto en términos de progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que pudieran verse afectados, tomando en cuenta los compromisos y estándares internacionales vigentes para Ecuador, en el marco de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos.

Las protestas develaron a un gobierno represor, y las consecuencias fueron nefastas. La propia CIDH señaló en su informe que hubo agresiones y ataques a la prensa, violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación, afectaciones a la integridad personal, estigmatización de manifestantes, detenciones, criminalización y afectaciones a la vida (2020). La Defensoría del Pueblo del Ecuador, hasta su último informe de 13 de octubre de 2019, registró 1192 personas privadas de la libertad, 1340 personas heridas y 8 personas fallecidas. Tanto la CIDH como la Defensoría del Pueblo determinaron que el gobierno de Ecuador se excedió en el uso de la fuerza.

Para las protestas de octubre de 2019, el problema real no fue únicamente el decreto sobre los combustibles, sino una política gubernamental neoliberal que ha minimizado los derechos de los ciudadanos los ha puesto en segundo plano detrás de los intereses de las élites económicas y políticas, y en el ámbito del trabajo ha convertido al propio ser humano en una mercancía.

Posiblemente las estadísticas que muestran con más dramatismo la situación actual del Ecuador es el incremento en los últimos años de la pobreza. En diciembre de 2007 la pobreza por ingresos a nivel nacional alcanzaba el 36,7% y la pobreza extrema el 16,5%. A diciembre de 2017 estos indicadores se redujeron considerablemente pues la pobreza llegó a 23,1% y la pobreza extrema a 7,9%. En términos numéricos significa que en diez años más de 1.3 millones de personas salieron de la pobreza y aproximadamente un millón de personas salieron de la pobreza extrema. Para diciembre de 2019 la pobreza subió al 25% y la pobreza extrema al 8.9%. Es decir que, en apenas dos años del gobierno de Lenin Moreno, alrededor de 500.000 personas retornaron a la pobreza y aproximadamente 200.000 personas a la pobreza extrema (INEC, 2019).

Estas cifras desalentadoras pueden recrudecerse para el año 2020 si observamos la situación del empleo en el país. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 aproximadamente 115.000 personas habían perdido un empleo adecuado, y un poco más de 83.000 personas pasaron al subempleo (INEC, 2019). Si a esto sumamos la crítica situación del país por el covid19 por el cual el propio presidente Moreno reconoce hasta ahora la pérdida de 150.000 empleos, esto sin contar con el número incierto de servidores públicos que serán cesados de sus puestos, pero que por las medidas adoptadas creemos que también se contarán por miles, estamos en condiciones de señalar que los DESC en el Ecuador están, por decirlo menos, hipotecados.

Breves conclusiones

Durante los tres años de gobierno, el Lcdo. Lenin Moreno se ha caracterizado por ser antidemocrático, con poco o nulo respeto a la Constitución y a la institucionalidad del Estado. El ejemplo más visible de lo mencionado, pero no el único, fue llevar adelante una consulta popular, sin que se le haya permitido a la Corte Constitucional emitir el dictamen al que obliga la Constitución, con el fin de apoderarse de las instituciones de control, repartirlas entre sus aliados políticos, evitar el control de las poderes económicos y mediáticos, asegurarse no ser observado ni siquiera en los actos de corrupción de los que ha sido acusado, y perseguir con las mismas instituciones a sus adversarios políticos.

En cuanto a los derechos civiles y políticos, si bien lo pasamos por alto en el texto de este artículo no lo vamos a hacer en las conclusiones, entregó a Julián Assange a las autoridades inglesas, violando los principios del derecho internacional del asilo, que protege a las personas cuya vida podría estar en riesgo. Además, el gobierno de Moreno se ha caracterizado por la persecución administrativa y judicial al grupo político identificado con el correísmo, para lo cual Contralor, Fiscal y jueces de Corte Nacional le han sido sumisos y cómplices. Al momento existen personajes públicos que, por la persecución sufrida, tuvieron que buscar asilo político, y que les fue concedido por México en un acto sin precedentes al menos en los últimos 30 años en ese país. En cuanto a las protestas de octubre, el gobierno mostró su peor rostro represivo mediante el uso excesivo de la fuerza, que llevó inclusive a la muerte de varios ciudadanos.

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, el gobierno de Moreno los ha puesto en segundo plano, se ha caracterizado por sus políticas económicas neoliberales, ha primado el pacto con las élites financieras y ha asumido compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Lo cual ha tenido impacto negativo directo en derechos de los trabajadores, salud, educación y ha incidido directamente en la elevación de los índices de pobreza y desigualdad.

Bibliografía:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020). CIDH presenta observaciones de su visita a Ecuador. Boletín de Prensa, de 14 de enero de 2020. Recuperado el 25 de mayo de 2020, del: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2019). Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador, de 14 de noviembre de 2019.

Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Dictamen de Interpretación de Normas Constitucionales No. 0002-19-IC, de 21 de marzo de 2019.

Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Dictamen de Reforma Constitucional No. 0004-19-RC, de 21 de agosto de 2019.

Defensoría del Pueblo del Ecuador, (2019). Séptimo Informe Ejecutivo, de 14 de octubre de 2019. Recuperado el 25 de mayo de 2020, del: https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-presenta-septimo-informe-con-resultados-de-la-vulneracion-de-derechos-durante-el-estado-de-excepcion/

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. (2019). Indicadores de pobreza y desigualdad. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, diciembre de 2019. Recuperado el 24 de mayo de 2020, del: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/201912_PobrezayDesigualdad.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. (2019). Indicadores laborales. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, diciembre de 2019. Recuperado el 24 de mayo de 2020, del: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2019/Diciembre/201912_Mercado_Laboral.pdf

Presidencia de la República del Ecuador. (2019). Decreto Ejecutivo No. 732. Registro Oficial Suplemento No. 496 de 28 de mayo de 2019.

Artículo escrito por Ramiro Rivadeneira Silva

Presidente de Corporación Enfoque

Ex – Defensor del Pueblo del Ecuador

 


 

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