Administración de justicia en el Ecuador 2017-2010 (Carlos Soria)

Cuando por un lado tienes al Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado, suspendiendo y destituyendo a jueces y fiscales y por otro lado a la Corte Nacional armando shows mediáticos en lugar de juicios justos, (no todos, por supuesto) reconoces que la injerencia política ha llegado a infectar a la justicia, y es ahí cuando compruebas que el sistema y la institucionalidad es débil.

“El poder corrompe, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”.

Esa frase quedó grabada en mi mente desde aquel día en la Universidad. Nos la dijo un profesor, uno de esos grandes, de aquellos que dedicaba su vida a formar profesionales del derecho o “Caballeros de la Ley” como nos contaba que se llamaban a los letrados en hacer prevalecer a la justicia, en otrora tiempo. Distaba mucho de algunos que, ahora, hacen prevalecer la forma de encontrar un resquicio entre letra y letra para nutrir, a como de lugar, el bolsillo hambriento del tinterillo.

¿Pero, por qué esta referencia? Fácil, esta especie de aforismo del poder aplica a la administración de justicia en el Ecuador, siempre lo hizo, no es ninguna novedad. Pasamos, lamentablemente, a preocuparnos de quién esta sentado en el estrado administrando justicia y a quien sus sentencias responden, en lugar de preocuparnos de que la institución Justicia sea la que prime en sus decisiones.

Hemos podido darnos cuenta que influyen de manera degradante, por ejemplo, los pronunciamientos de un ente creado para dotar a dicha administración de justicia de “facilidades” a efectos de poder ejercer su rectoría en el ámbito judicial y no como debería ser de la realidad de los hechos que reposan en un expediente, un testimonio o una pericia.

La Función Judicial debe ser la función del estado que limite los abusos de poder de otras funciones, a ella deberíamos poder recurrir para frenar los intentos de menoscabar derechos o resarcir los daños causados por tales violaciones; con eso la institución de administrar justicia podría llevar a cabo su finalidad, esa más grande que cualquier apetito banal de conveniencia, a esa que llamamos verdad.

Sin embargo, no podemos evitar indignarnos al ver el resultado de la grave inestabilidad en esta columna de la sociedad, jueces impreparados, “ganadores” de concursos hecho a medida, temerosos de que una de sus sentencias incomode de alguna manera al sistema para el cual no debería trabajar. Y claro su consecuencia, sentencias y resoluciones para nada diáfanas, irreales, apegadas a intereses e inmotivadas que solo generan más duda y confusión y que debilitan, inexorablemente, a la confianza y respeto a la administración de justicia.

Cuando te das cuenta que la administración de justicia muta a ser una espora de reproducción de conveniencias y no busca la verdad para dar a cada quien lo que le corresponda, te sientes desprotegido, agobiado, descalzo y prefieres temerle antes que usarla para ejercer tus derechos. Eso precisamente ha pasado en los últimos tres años, y en algunos casos, que no son pocos, desde antes.

Obnubilados por denuncias y procesos que no tienen pies ni cabeza, que se sustentan más en la fuerza que en la razón, vemos como cada día existen nuevas personas procesadas, e incluso con prisión preventiva, muchas de ellas inocentes, que ni siquiera se han acercado al cometimiento de ningún injusto penal. El principio de mínima intervención penal ha sido descaradamente obviado y ahora pretendemos, como en efecto lo hacemos, en servirnos del derecho penal para justificar nuestras propias fallas y carencias. Buscamos a como de lugar descargar nuestra incompetencia en lo sucedido anteriormente y justificar nuestra inoperancia e ineficacia en lo que los otros hicieron.

Cuando por un lado tienes al Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado, suspendiendo y destituyendo a jueces y fiscales y por otro lado a la Corte Nacional armando shows mediáticos en lugar de juicios justos, (no todos, por supuesto) reconoces que la injerencia política ha llegado a infectar a la justicia, y es ahí cuando compruebas que el sistema y la institucionalidad es débil.

¿Qué hacer? Pues la respuesta no es tan difícil como pareciera. Hay que blindar al sistema de justicia, hay que prepararlo para el servicio a la verdad y no a los intereses políticos que lo acechan; además hay que dotarlo de una verdadera autonomía jurisdiccional. Se tiene que entender que el principio de inmovilidad de los jueces de sus cargos es un derecho y una garantía que coadyuva al fortalecimiento del sistema y procura que los mismos no se sientan amenazados o tentados a proceder de forma ilegítima.

Como usuarios del sistema, que a diario vemos como la confianza en la justicia decae, es nuestra responsabilidad poner la voz de alerta, esa voz que en el algún momento nos ayudó a librarnos de la tiranía externa y nos hizo volar como el cóndor en nuestro escudo, por encima del Chimborazo.

Abogado Carlos Alberto Soria Avila

Cuando tienes la responsabilidad u oportunidad de hacer lo correcto y no lo haces, entonces eres cómplice de lo incorrecto.

 


Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Confirmado.net