La “cirugía mayor” en tiempos de pandemia, el cuento perfecto para instrumentar el odio a lo público (Ernesto Damián Pazmiño Ch)

“El Estado llama Ley a su propia violencia y crimen a la del individuo” (Max Stirner)

He decidido citar al filósofo Alemán Max Stirner, ya que estamos siendo testigos de decisiones del gobierno que guardan una penosa similitud con la Filosofía del Egoismo y sobre todo con el Anarquismo Individualista de Stirner, que tiende a preferir la propiedad privada de los medios de producción, una dinámica condicionada y cercana con la economía de libre mercado, y que no se oponen a la desigual distribución de la riqueza, al cosiderarla como una consecuencia de la “libre competencia”. (Anderson, Carlotta R. 1998)

Desde que Boltaire Moreno asumió el poder y vergonsózamente acogió la traición y la derecha como su modo de gobierno, hemos sido testigos de una serie de hechos y actos del poder público, encaminados por una parte, a desinstitucionalizar el Estado constitucional de derechos y justicia (a partir de la Consulta popular inconstitucional y el nefasto trujillato), y por otra parte, a implementar políticas económicas que priorizan la precarización laboral, la inequidad en la distribución de la riqueza y sobre todo la acumulación del capital.

Todo esto, acompañado de un plan de comunicación política, hay que decirlo, muy bien orquestado y sistemático, instrumentalizado en complicidad casi religiosa por los medios de comunicación mercantilistas y actores políticos y económicos con interéses en común, que han sido los pilares fundamentales para sostener la narrativa oprobiosa del presidente en los últimos 3 años.

Sin duda, la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sería la motivación que le faltaba al régimen en sus objetivos de posicionar en el imaginario social, el discurso  de odio y estigma generalizado hacia lo público, hacia el Estado, basando su diatriba oficial en la existencia de un “Estado obeso” como su única forma para justificar su ineficiencia en la gobernabilidad y en definitiva allanar la vía para imponer su modelo económico a través de las aberrantes leyes de “Apoyo Humanitario” y para el “Ordenamiento de las Finanzas Públicas”, que en lo que se refiere al servicio público, implica la estocada final para los servidores públicos y sus familias.

Nuestra Constitución de la República, dentro de los Elementos Constitutivos del Estado, establece como sus deberes primordiales, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos en ella establecidos y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, así como erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza.

Contrario a lo que establece nuestra carta magna, las políticas del gobierno de Moreno, de la banca, de los medios de comunicación y de todos aquellos sectores y actores que apoyaron el “7 veces SÍ”, se encuentran alejadas escandalosamente de los enunciados constitucionales y convencionales; por su parte y con méritos propios, se acercan más a la noción del liberalismo económico y la neutralidad moral que caracteriza al libre mercado (Sandel, M. 1982), que dicho en otras palabras, se traduce en políticas de reducción de salarios para los servidores públicos (25%) y una especie de “purga” de la masa laboral (150.000 trbajadores despedidos), al tiempo que tratan de justificar las decisiones como necesarias que “permiten sostener las fuentes y plazas de trabajo, la consolidación fiscal y estabilidad monetaria”, cuando todo esto se traduce en: FLEXIBILIZACIÓN LABORAL y REGRESIVIDAD DE DERECHOS.

El gobierno y sus aliados sin lugar a dudas, nunca tuvieron la intensión de enrumbar su gestión a nada cercano a un Estado que sea un auténtico contrapeso del mercado, su objetivo siempre fue liberar el capital, implementar impuestos indiscriminados y reducir al máximo la masa salarial, todo eso como el eje de sus políticas neoliberales, y para que todo eso sea posible, justificable y realizable, como dice el sociólogo y científico político brasileño Emir Sader: “fue necesario incentivar, en todo momento, el odio al Estado.”

Los innumerables actos de corrupción destapados en los últimos días y las acciónes tibias y slectivas de un aparato judicial maniatado, son las claras muestras de que la bendita “cirugía mayor” realmente aterrizó en erradicar la estabilidad laboral, la estabilidad salarial, la empresa pública y la inversión pública; que nadie nos engañe, lo que hace el gobierno de Lenin Boltaire Moreno Garcés y sus aliados, no tiene nada de humanitario, por el contrario se adecua a una conducta establecida en la jurisprudencia internacional y sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como delito internacional.

Ernesto Damián Pazmiño Ch.

Culminando último año de derecho. Asesor y consultor independiente. Conocimientos en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano de  Derechos Humanos. Prácticas probatorias en derecho procesal penal (Medellín Colombia) Prácticas en criminología forense (Medellín Colombia)

 


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