“Día del Trabajo” con desafíos a los derechos laborales (O) Juan J. Paz y Miño

En El Capital (1867), Karl Marx trata el capitalismo de la primera revolución industrial (máquina de vapor), con jornada laboral que en ese momento era de 10 horas diarias. Examina los orígenes del movimiento obrero (ludismo, societarismo, cartismo) y la lucha de clases que libraba por conseguir la reducción de la jornada, mejores salarios y buenas condiciones de trabajo. No había legislación protectora ni derechos laborales.

Mientras esos procesos ocurrían en Europa, en América Latina predominaban regímenes “precapitalistas” (sin industrias ni trabajo asalariado), cuyo eje estuvo en la propiedad agraria y la explotación de fuerza de trabajo campesina (México, Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador con enorme población indígena) sujeta a diversas formas serviles como el concertaje

Marx murió en 1883. Tres años después, el movimiento anarquista convocó a realizar, el 1 de mayo de 1886, la huelga general en los EEUU, que concluyó con represiones, la prisión de los dirigentes y al año siguiente, el “crimen de Chicago”, con el ahorcamiento de varios líderes (Spies, Parsons, Fisher y Engel; Lingg hizo explotar una bomba; Neebe fue condenado a 15 años de trabajos forzados; Schwab y Fielden a prisión perpetua). De modo que la II Internacional (Francia, 1899), fue la primera en reivindicar el 1 de mayo, la jornada de 8 horas y una legislación protectora para los trabajadores, que los patronos consideraron como declaratoria de guerra. En esa Internacional quedaron diferenciados los marxistas frente a los socialdemócratas y laboristas.

La II Internacional también marcó una nueva fase del movimiento obrero, al extenderse en Europa la celebración del 1 de mayo como Día del Trabajo, así como la conquista de los principales derechos laborales, un proceso que, paradójicamente, acompañó al ascenso del imperialismo en el siglo XX, como nueva fase del capitalismo, según lo caracterizó V. I. Lenin (1870-1924).

En América Latina, las reivindicaciones obreras aisladas aparecen a fines del siglo XIX y sobre todo en el XX, pero no en todos los países. Argentina es la primera en celebrar tempranamente el 1 de Mayo como Día del Trabajo en 1890, por iniciativa de varios núcleos de inmigrantes. También en Cuba (1890), Brasil (1891) y México (1891) se festejó el “Día del Trabajo”, que se extendió en otros países: Chile (1898), Perú (1905), Bolivia (1906), Costa Rica (1913), Colombia (1916), Nicaragua (1920), Venezuela (1924). En Ecuador, el I Congreso Obrero se realizó en 1909 con motivo del centenario del 10 de agosto, Día del Primer Grito de Independencia del país; pero recién en 1911 se conmemoró el 1 de mayo, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil, ciudad que tenía un desarrollo comercial, bancario y manufacturero, que contrastaba con el resto del país. Oficialmente, fue el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez el que consagró (decreto del 23 de abril de 1915) “el Primero de Mayo de cada año, día feriado para los obreros del Ecuador”. Al año siguiente (1916) se decretó la jornada de 8 horas, que sistemáticamente fue burlada.

En todo caso, la Constitución de México de 1917 marcó la consagración del principio pro-operario y de los derechos fundamentales de los trabajadores: contratos, jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, sindicalización, huelga, indemnizaciones, seguridad social. Su influencia fue inmediata en América Latina. Y el triunfo de la Revolución Rusa (1917) igualmente permitió el fortalecimiento de los partidos comunistas y socialistas que aparecieron en la región a partir de la década de 1920 (en Argentina el Partido Comunista se fundó en 1918, como escisión del Partido Socialista fundado en 1896, gracias a la presencia de inmigrantes europeos y particularmente italianos). En Ecuador, los gobiernos julianos (1925-1931) reconocieron los derechos laborales en la Constitución de 1929 e inauguraron el espacio político de la izquierda, bajo el cual se fundaron el Partido Socialista (PSE, 1926) y el Partido Comunista (PCE, 1931). Ambos (sobre todo el PCE) jugaron un papel fundamental en la organización de los incipientes sectores de trabajadores asalariados, disputando espacios a núcleos de intelectuales y activistas conservadores que, aliados con jerarquías eclesiásticas, también reivindicaron derechos laborales, bajo inspiración de la doctrina social católica, y hasta constituyeron la primera central nacional con el nombre de “Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC)” en 1938, año en el que también se dictó el Código del Trabajo.

Aquellos inicios de los “tiempos heroicos” del movimiento obrero parecen destinados al pasado. Constituyeron una época rica de luchas y movilizaciones para que se afirmaran, en todo el mundo, una serie de derechos que a partir de la segunda mitad del siglo XX se reconocieron como elementos constitutivos de toda democracia contemporánea.

Sin embargo, en América Latina esos mismos derechos han sufrido retrocesos, y limitaciones de diverso género. En sus orígenes fueron vistos como parte del “comunismo” internacional, y después de la Revolución Cubana (1959) la guerra fría instaurada en la región por dictaduras y gobiernos “americanistas”, los recortaron, al mismo tiempo que persiguieron a los sindicatos y sus líderes, en lo que destacaron luego los regímenes militares terroristas del Cono Sur, iniciados por Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), con sus propósitos de aniquilar a toda izquierda. A partir de la década de 1980, los derechos laborales volvieron a ser cuestionados por las consignas neoliberales de precarización y flexibilización del trabajo. Y han vuelto a ser atacados en el presente por las elites empresariales que han recobrado su influencia en el poder una vez que la mayoría de gobiernos del ciclo progresista fue superada por la instauración de nuevos gobiernos conservadores.

Pero la extensión de la pandemia del coronavirus en América Latina, que ha obligado a una larga cuarentena, con cierre de empresas y alteración en las relaciones de trabajo generales, ha tenido un impacto semejante y aún mayor que las crisis provocadas por la I Guerra Mundial (1914-1918), la “gripe española” (1918-1919), la crisis de los años 30 o la que estalló en 2008. Por primera vez en la historia contemporánea no se celebró el 1 de Mayo, Día del Trabajo, con las manifestaciones y desfiles acostumbrados, y los trabajadores debieron acudir a pronunciamientos, manifiestos y mensajes para celebrarlo, a los que sumaron acciones colectivas como los “cacerolazos” para expresar el descontento y el repudio a las políticas de Estado en diversos países.

Es innegable que las inéditas circunstancias históricas generadas por la crisis-coronavirus, ha obligado a revisar los alcances de los derechos laborales históricamente conquistados, así como a la búsqueda de acuerdos entre empresarios y trabajadores, especialmente en el sector de pequeñas y medianas empresas, golpeadas como nunca antes. Mientras en el extremo derechista se advierte el riesgo del autoritarismo de los Estados empresariales, que pueden arrasar con los derechos de los trabajadores, también aparece la oportunidad para avanzar en otro tipo de conquistas, para las que el viejo régimen sindical y los tradicionales liderazgos del movimiento de los trabajadores, no parece que estaban preparados.

El teletrabajo, el trabajo por horas, los ajustes de las jornadas en días y horarios distintos a los habituales, el trabajo tercerizado o el que se ejecuta por obra y a destajo, el reparto a domicilio de bienes o servicios, la asistencia directa por medios electrónicos, los trámites por internet, las conferencias colectivas, la posibilidad de incrementar el trabajo en casa y reducir el tiempo dedicado a las oficinas, la selectividad de turnos en las fábricas, etc. son modalidades que surgieron por necesidad en medio de la cuarentena. Con mayor razón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insiste en que se proteja el trabajo y se garanticen los derechos de los trabajadores.

Aunque ha quedado superada la ideología neoliberal, no ha terminado su práctica. Se volvió urgente el intervencionismo estatal y la necesidad de retomar el fortalecimiento de las capacidades, inversiones y recursos públicos. Una institución tan innovadora como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) realiza planteamientos que incluso resultan inéditos para la región: no solo proteger a los trabajadores, sino especialmente a las mujeres; crear una renta básica universal de sostenimiento emergente o permanente (en Europa se discute lo mismo y ha comenzado a aplicarse); paralizar la deuda para todos los países (el FMI y el BM coinciden en revisar las deudas de los países menos desarrollados); una multilateralidad distinta, que supere la globalización concentradora y autoritaria; “creación de redes de producción, la diversificación de los proveedores en términos de países y empresas, privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados de consumo, y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos en la región” (https://bit.ly/3aVCkFx). Además, se ha insistido en que el fortalecimiento de los Estados requiere de un sistema redistributivo de la riqueza basado en altos impuestos, que apuntan a los patrimonios, herencias y ganancias.

Estos son temas y planteamientos que deben orientar a las organizaciones y líderes de los trabajadores, para ajustar sus demandas y reivindicaciones a las nuevas realidades que surgen bajo otras condiciones históricas. Plantean el desafío de repensar las relaciones del trabajo (e incluso las condiciones de las empresas) y pasar de la simple resistencia y defensa de los derechos adquiridos, a la ofensiva para la conquista de nuevos derechos que protejan el trabajo, promuevan el bienestar de los trabajadores, garanticen el sostenimiento de los empleos, así como la atención a las poblaciones desempleadas y subempleadas (en tanto se produzcan los cambios estructurales que se requieren), y generen una economía social, basada en la democratización tanto de la propiedad como del poder político.

Artículo de Juan Paz y Miño

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela; Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales (PUCE).

 


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